Sin Permiso (23-10-19)
La ambigüedad ha sido el signo político del gobierno de Lenín Moreno desde que asumió el mando, enfrentando él mismo el desconocimiento, la protesta y el fallido intento de desestabilización de los partidos y sectores oligárquicos (medios, finanzas) que lo desconocieron cuando fue electo y asumió el mando, ahora son la base política que lo sostiene.
Lo mismo puede decirse de los que «por izquierda» y en el ámbito del complejo industrial de las ONG o los movimientos identitarios que en su momento también se situaban en la oposición política a la Revolución Ciudadana, bajo la dirección del presidente Correa. Y que luego del breve pero intenso (¿primer?) ciclo de protestas ahora se distribuye efectivamente en lo que también resultó ser el proceso de oficialización de una oposición controlada.
Un cuadro cerrado donde el «relato» se autogestiona, aspirando a que surta efecto la disonancia que produjo negociar con una parte de la oposición mientras se proscribe de forma exprés a la otra.
El asunto es que el evidente proceso de desmantelamiento nacional por el que hoy pasa Ecuador, que comenzó una vez Lenín Moreno fue nombrado presidente y Rafael Correa, el cuadro de mayor liderazgo de la Revolución Ciudadana y de su partido, Alianza País, abandona el país mientras se rompen las relaciones políticas.
Este último, el partido, el primer foco indispensable de división para que la administración Moreno iniciara su aparente política de la ambigüedad, que en esencia malamente tapa el sonido del estallido que produce la demolición controlada en la que, en el fondo, el país entra en la entropía sociopolítica.
Igualmente, en la dimensión de los grandes poderes, Ecuador agarró la autopista de la realineación a los Estados Unidos, tal vez a una velocidad que ni el propio Moreno sospechaba que iba a alcanzar.
Sin embargo, de cara al cierre de ciclo que por ejemplo representan las próximas elecciones en Argentina, la velocidad destructiva, vista en conjunto (Ecuador, Brasil), es un patrón común de la carrera por revertir la mayor cantidad de conquistas sociales o señales de independencia política en la región. Vistos como grupo son una clara y delimitada tarea histórica.
Macri, Moreno y Bolsonaro son presidentes parachoques. Son los gobernantes del interregno descrito en clave gramsciana: el punto geográfico exacto entre lo que muere y lo que nace, el ínterin de los síntomas malsanos, despojado de la poesía idiota con la que se intentó sublimar la frase de Gramsci en el pasado.
El colapso de los modelos en Perú y Chile, así se enrumben hacia la misma dirección (y todos los caminos del deseo oligárquico conducen al FMI) también forman parte del evidente momento de crisis del consenso neoliberal. Y dado lo que parecen ser los modelos de gestión de esa conflictividad, no sólo #LosPueblosDespiertan sino que también lo han hecho #LasOligarquías.
El caso ecuatoriano, por la zona en disputa donde se encuentra, constituye uno ejemplar de juegos de manipulación de percepción, así como en los días de la violencia, del 2 al 13 de octubre, la administración del conflicto constituyó también, al parecer, el desbloqueo de un renovado nivel de reacción, un modelo de contrainsurgencia inteligente por la manera visible en que combinó recursos soft con la violencia pura y dura.
POLÍTICA DE CAL Y ARENA
Algunos hitos de la gestión Moreno parecieran arrojar una pista de un patrón en el proceso de reversión que hoy en día desembocó en el FMI. El 18 de octubre, el Fondo dejó claro que espera el nuevo decreto para seguir avanzando.
Ecuador ha sido tan ejemplar en el austericidio que en el centro de la discusión sujeta al decreto está el desembolsamiento de un segundo tramo del préstamo, puesto que para el FMI ya se alcanzaron las condiciones para continuar con las reformas.
El asunto es que la táctica de «perception management» del gobierno marchaba maravillosamente mientras no tocara en lo inmediato y en forma directa a la gente, tal como lo hizo el Decreto 833 y todo lo que implica.
Hasta ese momento, la administración Moreno, ambigüedad mediante, había sido capaz de pilotear parte del impacto en la «opinión pública» matizando entre los extremos, lanzando una reforma hardcore junto a una medida «incluyente» con gran apoyo del eufemismo que llaman «la comunidad internacional».
Una forma, tal vez, de producir distancia e indolencia para la fabricación de consenso. Moreno no tiene el problema que tenía Correa con los medios corporativos ecuatorianos. Así, las medidas de shock gozan del beneficio del relato acolchado.
El proceso judicial contra Jorge Glas y contra Julian Assange, la migración venezolana (y el chavismo, en un solo lote indiferenciado) como chivo expiatorio o los pasos agigantados de subordinación de Ecuador al Comando Sur y su proceso de reapertura del imperio de las bases sobre el territorio, no impactan con la misma velocidad que el bolsillo en la calle.
Algunas medidas pueden silenciarse o abstraerse, en particular si se trata de algo en el ámbito de la política exterior o la «lucha contra la corrupción»; puede que la agenda comunicacional esté coordinada mitigando algunos efectos con el beneficio de la distancia, pero se demuestra una vez más que existen límites claros una vez que hace contacto con lo concreto.
En este punto, para controlar la situación, hace falta combinar esos recursos blandos con métodos duros.
El primer hito de la política de la ambigüedad lo podemos encontrar en el exitoso referendo de 2018. La composición del referéndum (más «consulta popular»): cinco preguntas con criterio de francotirador de forma no manifiesta (pero explícita) atacaba directamente al gobierno anterior, toda vez que «corregía» presuntos aspectos en materia fiscal.
«Lucha contra la corrupción», contra la «reelección indefinida», renovación del Consejo de Participación Ciudadana (un órgano contralor) se combinaban con «protección a la niñez» y una enmienda «para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos», además de dos preguntas no-refrendarias sino de «consulta popular»: la Ley de Plusvalía y la expansión territorial del proyecto Yasuní.
Una barroca combinación de preguntas en la que se absuelve de responsabilidad fiscal a quienes tienen mayores ingresos (Ley de Plusvalía), se institucionaliza/formaliza la proscripción del gobierno anterior (corrupción, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana compuesto principalmente por funcionarios del ancién regime) más temas de fácil solución y justificación moral inmediata (la niñez, la ecología).
Así, una consulta de alto calibre político con un peso determinante se volvió un festival rosa de encumbramiento moral. Pero el objetivo principal se cumplió (organizar el campo de batalla entre «los buenos y los malos»), mientras que el secundario (las temas universal y liberalmente correctos) volvió a la irrelevancia frente al poder.
Producto de la «situación humanitaria» en Venezuela, pero también por la búsqueda de «independencia» política, Ecuador abandona el Alba en agosto de 2018 y al mes siguiente se incorpora al Grupo de Lima.
El país se desplaza hacia un año después al cartel político/grupo de presión creado por la cancillería canadiense una vez que la nueva situación interna llegó a consolidarse. Tal ha sido el afán de independencia de Moreno que para julio de este año la Alianza para el Pacífico (el contrapeso al Alba levantado por los Estados Unidos) le abre las puertas.
2019 es el año en el que las «sutilezas» oximorónicas alcanzan dimensiones monumentales. Un breve acopio puede darnos una medida de lo que parece un patrón más que una coincidencia en el tiempo.
La velocidad con la que a lo largo de este año ha avanzado la administración Moreno se puede entender a partir de dos importantes datos de contexto: el pobre desempeño en las elecciones seccionales, y el cierre del cerco legal producto del escándalo de los INA Papers, donde muchos de los «Leninfuncionarios» comenzaban a ser citados para lo que eventualmente debiera desembocar en un juicio por corrupción al propio Moreno. Elementos que sin lugar a dudas pesaron en la decisión de acelerar los pasos (que de todos modos ya venían dándose).
Mientras el 24 de febrero sale a la luz pública la primera denuncia, casi un mes después, el 30 de marzo, el caso ya se encontraba en manos de una jueza que había citado a declarar a 153 funcionarios. Este puede tomarse como nuestro punto de partida. El punto de llegada se desarrollará a detalle más adelante.
En paralelo a esta situación, las negociaciones entre el gobierno y el FMI ya habían acordado un rescate financiero pocos días antes de que reventara los INA Papers, y, entre ambas fechas, el gobierno anuncia la salida de Ecuador de Unasur.
- El 11 de abril se concreta la amenaza de expulsar a Julian Assange, director y fundador de WikiLeaks, de la embajada donde se refugiaba en Londres.
- El 11 de junio, Oswaldo Jarrín declara en rueda de prensa que la fuerza aérea de los Estados Unidos podrá usar la pista de aterrizaje del aeropuerto de la Isla de San Cristóbal en Galápagos. Matizaba el ministro que solo será empleada por aviones con tareas de espionaje, y su enfoque estará centrado en «la lucha contra el narcotráfico». Ya el año anterior el gobierno había accedido a la creación de una Oficina para la Investigación de Crímenes Transnacionales, y unos meses después, en el contexto Galápagos, una Oficina de Cooperación en Seguridad con el Comando Sur.
- Pero al mes siguiente, el 9 de julio, luego de un par de sentencias de la Corte Constitucional (próximo a la órbita del actual presidente), se aprueba el matrimonio igualitario.
- El 17 de septiembre, la Asamblea Nacional ratifica el retiro efectivo del país de Unasur, propinando un golpe mortal a la organización regional, cuya sede se encontraba, precisamente, en la Mitad del Mundo (donde la línea ecuatorial marca cero grados) en las afueras de Quito. La retirada de las instalaciones no escatimó en agresiones simbólicas, al trascender fotografías de la estatua de Néstor Kirchner en el suelo.
- Al día siguiente sale la noticia de que la misma Asamblea despenaliza el uso y producción de marihuana medicinal.
- El 1º de octubre el gobierno informa sobre su disposición de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1º de enero de 2020.
- El 2 de octubre se anuncia el paquetazo de reformas que continúa el camino hacia la ortodoxia y el austericidio (la salida de la OPEP armoniza con la «responsabilidad fiscal» del FMI), firmando el Decreto Ejecutivo 833, que dentro del combo de reformas, se incluyó un aumento dramático del precio del combustible, con las consecuencias en la calle conocidas por todos.
- Ya cinco días replegado en Guayaquil (los poderes que sostienen al gobierno aprendieron la lección histórica, sabiendo que tal como iban las cosas, si permanecía en Quito, caía), el 12 de octubre, al mismo tiempo convoca a un diálogo y decreta un toque de queda, militarizando la capital. Reconoce a una oposición mientras a la otra, al mismo tiempo, la suprime.
Como se puede ver en esta incompleta enumeración, la toma de decisiones geopolíticas o de reversión social de alto octanaje se alternan o atenúan con una que otra pequeña concesión políticamente correcta: la instrumentalización oportunista de las reivindicaciones en materia de derechos identitarios, en teoría socialmente «avanzadas».
El matiz narcótico que mitigue el verdadero talante y los propósitos de la administración, por lo que de cualquier otra manera, de excluirse medidas de esta naturaleza, lo que se ofrecía a los medios como relato sería un vulgar gobierno neoliberal, represivo, autoritario y desnacionalizador. Gestión de la percepción. Una operación informativa. Una suerte de disonancia cognitiva concentrada y masiva.
Pero, como se dijo más arriba, lo que puede que funcione en una dimensión más distante del día a día no es efectivo con acciones políticas que se traducirán en ese mismo ámbito de cotidianidad de la sociedad, lejos de los ires y venires de lo que se juega en los pasillos del poder.
Ese cambio de repertorio obligó a una aproximación más contundente que favoreciera la gestión del conflicto. Uno que demostró, sobre todo en la primera etapa del 2 al 7 de octubre, poner en jaque (y cerca del mate) a la administración Moreno.
¿Qué hizo que en Ecuador, donde la tendencia era al final predecible, del derrocamiento en la calle se recondujera hacia otro puerto, más seguro para el gobierno que ya demostró ser nada más que un vehículo del FMI y el capital concentrado?
La diferencia esencial entre un movimiento y otro la encontraremos en el desplazamiento de quienes acompañaron sin aspereza el desarrollo de esta táctica hasta el día de las protestas, donde antiguos aliados, al menos por un tiempo, sobre todo en la primera etapa de las manifestaciones, se situaron en el campo antagónico, oponiéndose al decreto.
Estas claves tal vez podamos desentrañarlas reconstruyendo aproximadamente una secuencia de los acontecimientos, enfocados más que en el comportamiento mediático, analizado acá.
CRONOLOGÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y EL «WORK-IN-PROGRESS»
1) Primeras reacciones de las partes en conflicto
El estallido revienta por el eslabón más débil de la cadena: el subsidio a la gasolina, factor de cohesión social esencial que bajo la administración de Rafael Correa se mantuvo durante diez años.
Sabiendo esto, el Estado ecuatoriano tuvo que al menos prever la respuesta del sector transportista y de algunos sectores políticos del país. Sin embargo, en vista de las decisiones extremas que tomó en función de garantizar el control, podemos inferir que no imaginó la expansión que tendría en todos los niveles sociales.
El sector de transporte fue el primer grupo identificable que se organizó en contra del Decreto 833, por los evidentes efectos de la eliminación del subsidio en el gremio. Rápidamente fue desarticulado combinando el uso de la fuerza policial y judicial.
A horas de lanzarse el decreto, los transportistas anunciaron un paro indefinido que iniciaba en sincronía con la aplicación de la ley, siendo su derogación condición para levantarse de la huelga.
En dos días, los transportistas son neutralizados y puestos de nuevo bajo el carril. Varios de los cabecillas de las huelgas son detenidos bajo procesos cuestionables.
Es el caso de Jorge Calderón, presidente de Fedotaxi en Quito; de Mesías Vicuña, secretario general del sindicato de choferes en Azuay; y de Manolo Solís, presidente de la cámara de transporte de Cuenca, todos bajo la acusación de haber «paralizado el servicio de transporte».
Página 12 de Argentina escribió una nota a propósito de las irregularidades que se cometieron en la detención de Calderón. Su sobrino, Alejandro Calderón, dijo al medio que la causa no procedía pues «la medida adoptada por el gremio del taxismo trataba de suspender las actividades, no paralizarlas. Se trata de una medida amparada por el derecho constitucional».
El efectivo control de la agitación transportista contrasta con las crecientes movilizaciones de los ecuatorianos que van apoderándose de la ciudad capital.
Sus motivaciones no se detienen en una medida específica, son la expresión generalizada de una población que arrastra una crisis sistémica que abarca lo económico, político y social, tal y como lo resume Francisco Herrera Arauz, director general del portal Ecuador Inmediato, en una entrevista para Sputnik.
Por esta razón, Moreno avanzó con el decreto de estado de excepción, reconociendo la fuerza y la amenaza, no solo del grupo de transportistas que bloqueaban vías en algunas zonas del país, sino de los ecuatorianos en general que iban haciendo presencia en las calles.
Así, la figura del estado de excepción se invoca para criminalizar las protestas. Contrasta con Venezuela, donde en varios ciclos las cotas de violencia de las manifestaciones fueron extremas, pero con la diferencia cardinal de que en Caracas y otras ciudades no se decretó, en ningún momento, el estado de excepción.
La ministra de gobierno, María Paula Romo (feminista y oposición por izquierda al gobierno anterior), manifiesta que se toma la decisión para garantizar la «movilidad de todos los ciudadanos», manejando el relato de resguardar el orden público.
La ministra tomará protagonismo en las cámaras los días siguientes por dos motivos: blanqueará las medidas represivas que se irán ejecutando, e impulsará la teoría conspirativa del «golpe de Estado» coordinado por Rafael Correa y el gobierno venezolano. La demostración «dura» de esta acusación será la detención de los 17 venezolanos taxistas, a quienes terminaron liberando por falta de pruebas.
El 4 de octubre aparece el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, junto con Romo, haciendo un primer balance de los dos días de estado de excepción: «Se está logrando el propósito fundamental de restablecer el orden y la paz social».
Jarrín consta en el informe de la Comisión por la Verdad que recopila las violaciones de los derechos humanos cometidas en los gobiernos anteriores al de Rafael Correa. Bajo su mando, se coordinarán las FFAA y Policía Nacional para «bajar la intensidad de agresiones y violencia». Es el canal directo con los Estados Unidos.
350 personas son detenidas, de las cuales 90 son procesadas por la Fiscalía, con la causa de vandalismo.
Llama la atención que esta institución deja en libertad a Marlon Santi, uno de los dirigentes indígenas que más adelante se sentará a dialogar. Cuestión que no va con la persecución de políticos vinculados a la Revolución Ciudadana.
En todo caso la huelga de transportistas finaliza oficialmente ese día: el 4 de octubre. Pero los movimientos indígenas llegan a hacerle relevo, asumiendo el mando la Conaie, el movimiento mejor estructurado (presupuesto, cuadros operativos) y con alcance nacional.
Mientras tanto, los excesos policiales se van volviendo tendencia dentro y fuera del país a través de las redes sociales, toda vez que los medios privados y estatales proyectan al manifestante como saqueador y terrorista.
2) El sistema inmunológico de las instituciones responde
Pero esta fuga al cerco mediático obliga de algún modo a que las instituciones fijen posición.
La fiscalía lanza un primer comunicado por excesos de la fuerza pública, que se queda sólo en la advertencia de que el Código Penal sanciona estas extralimitaciones de los agentes de seguridad pero no se activan investigaciones en contra de sus miembros.
La Defensoría del Pueblo también se hace eco del saldo de la violencia. El 6 de octubre emite el siguiente reporte: «485 personas fueron detenidas a escala nacional. De esta cifra el 80% de las personas han sido liberadas, lo cual evidencia el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas».
De ahí en adelante van a confluir dos realidades paralelas. Por un lado, la del gobierno «dialoguista» que ofrece establecer un puente con los grupos indígenas en protesta dentro de la capital, bajo un consenso armado con la ONU, la Iglesia católica y algunas universidades.
De la otra acera, la que va a conducir las fuerzas de seguridad en la calles, una vez que Moreno abandona Carondelet y se protege en la ciudad de Guayaquil.
Con el apoyo de la OEA y resguardado en Guayaquil, el gobierno de Moreno señala a Nicolás Maduro de ser responsable de estas movilizaciones: «El sátrapa de Maduro activó junto con Correa su plan de desestabilización». Da fuerza a la presunción del golpe de Estado y en consecuencia a las medidas de seguridad del caso.
Policía y Fuerzas Armadas van abultando los desmanes y atropellos a civiles, generalizándose el resto de los 11 días de la jornada insurreccional. Imponen a fuego y sangre el paquetazo del FMI a expensas de la criminalización de las protestas populares y evitan que estas tengan una conducción política de los grupos políticos vinculados a Correa.
Ahora el paso es a las instituciones estatales que comienzan a negociar con las nacionalidades y pueblos, apoyándose en la iniciativa de la ONU que se ofrece como mediadora para concretar el diálogo.
Los líderes de los movimientos indígenas, segundo sector que pasa a conducir las manifestaciones, son aislados de las «ideas extremistas», entre esas la de exigir la dimisión de Moreno, que ronda entre facciones de sus grupos.
¿Cómo incide el gobierno en la dirigencia de la Conaie y otros movimientos sociales? Estaba siendo asesorado al menos por un intermediario que conocía muy bien la estructura y comportamiento de los movimientos indígenas, como se supo luego al filtrarse el audio del ex rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora, mandamás del Partido Socialista de Ecuador y connotado terrateniente de la provincia de Imbabura.
Aparte, ocurren varias actividades que desarrolla la Secretaría de los DDHH en relación a los afectados por la violencia, siguiendo acaso los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos para cumplir con el perfil de «buena voluntad»: se reúne con los rectores de las universidades que acogen a los indígenas y hace acompañamiento de algunas de las mujeres detenidas, evaluando que se garanticen sus derechos en los centros de detención.
De este modo, la narrativa pasa a reducir la crisis política generalizada a un conflicto gremial de los indígenas.
Las universidades asociadas a la Iglesia Católica juegan un papel fundamental: su intervención impide que los ataques de las fuerzas armadas dejen mayores bajas en los manifestantes indígenas, la oposición visibilizada por el gobierno de Quito.
Justamente, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE) y la Universidad Politécnica Salesiana albergan a los grupos indígenas, mujeres, niños heridos, sobre todo, que llegan del interior del país a la capital ecuatoriana. Declaran las instalaciones de su campus como «zona de paz».
Cuando éstas son atacadas con bombas lacrimógenas por la Policía Nacional, de inmediato el rector de la PUCE, Fernando Ponce León, intercede bajando la tensión de la violencia y destacando la «correcta reacción de la ministra Romo».
María Romo incluso emite una disculpa pública de este suceso y ordena investigar a los policías involucrados. De allí que entendamos a los académicos religiosos como los articuladores para que la violencia sea cesada en los focos necesarios y las mediaciones puedan darse. Comienza a armonizarse la distribución controlada de roles «entre las partes».
El gobierno puede fácilmente refugiarse en estas instituciones «autónomas» y sin afiliación política para mostrar su disposición al entendimiento con la contraparte en conflicto.
También sirven para filtrar las demandas. Las que entren no van a incluir el rechazo al espectro completo del modelo neoliberal o la destitución del presidente ecuatoriano, aun cuando estos son exigencia central de la gente en las calles.
Se trata simplemente de discutir las propuestas que dosifiquen el golpe de la privatización del combustible, a lo que las universidades proponen una «reorientación del subsidio» que pase a cubrir inversiones para el desarrollo agrícola de los indígenas.
Otros actores que planteen salidas blandas al problema del Decreto 883 tendrán turno de hablar.
c) Tercer acto: el interlocutor «intermedio»
La Conaie calzó como la oposición legítima: ¿qué puede ser más antagónico, al menos en principio y en abstracto, a las corporaciones y los intereses financieros que los pueblos originarios? Era con ellos y no con el empresariado que Lenín estaba creando canales para el consenso.
Sin embargo, ninguna de las múltiples exigencias del gremio se constituyeron en un bloque contundente de rechazo al modelo neoliberal. La resolución final no se extralimitó de los márgenes que impuso el gobierno. Apenas asomaban las ideas de renuncia de Moreno, de otros altos cargos militares y de Jarrín y Romo de sus respectivas carteras, o la reversión total del paquetazo, eran etiquetados de «correístas», trazando el lugar de la periferia «radical», descontrolada, violenta y tutelada por el binomio Correa-Maduro.
El tiempo que dedicaron a desvincularse de esta fuerza política para no ser desplazados por ella en la conducción del estallido, ni perder la atención principal que les otorgó el gobierno, fue aprovechado por el equipo de Moreno que detectó dentro de sus filas a los voceros complacientes.
Salvador Quishpe es el encargado de entregar una carta en nombre de los movimientos indígenas a los delegados de la ONU en Ecuador.
Al revisar el perfil de Quishpe se entiende que el gobierno lo prefiera en detrimento de otros voceros: flexibiliza la condición de derogatoria a «al menos revisión» del documento, y en su cuenta de Twitter lanza opiniones que lavan de culpas a Moreno, señalando que la represión militar es por presiones de sectores de la derecha que no lo dejan «conciliar con el movimiento indígena».
Al principio la Conaie desmiente que hayan accedido a negociar, para más tarde terminar aceptando el diálogo luego de que las universidades involucradas confirmarán la reunión con las Naciones Unidas y le dieran validez a la carta.
De este modo, la Conaie, para los medios representada como «los indígenas», acude a un proceso de consenso en donde las reglas son puestas por el Estado. Participan solo en la derogación de un decreto (que se va a reformular) y no hay cabida para la consulta sobre lo que vendrá a sustituir esa medida.
Quishpe, desde el otro lado de la calle, colocaba su grano de arena al denunciar que el «correísmo» se había apropiado de las manifestaciones impidiéndoles negociar. Y el papel de la Conaie, en el mejor de los casos, oh coincidencia, ha sido ambiguo.
Opositor temprano a los gobiernos de Correa, la Conaie no tuvo ningún problema en ponerse del lado del golpe cuando la asonada de 2010. En 2013 apoyó la expulsión de la Usaid de Ecuador, pero aquí también se manifiesta una relación al menos públicamente contradictoria, ya que tampoco se puede decir que le han cerrado las puertas a la agencia estadounidense en el pasado.
Sin embargo, ante el punto de choque de ellos (el subsidio de la gasolina) hay una rectificación del gobierno (que ya controla los márgenes volátiles), validando la narrativa del triunfo de las protestas.
Igualmente, estar a la cabeza de las demandas durante esos días le permitió además ganar un punto como opción política. El anuncio de querer fundar un partido y presentarse en las presidenciales de 2021 lo confirma. Una solución clientelar revestido de discurso virtuoso.
Amarrado el sector blando de la oposición, el gobierno de Moreno entrega el mando al ejército para que se encargue de barrer a la gente que queda en las calles, toque de queda mediante, e intensificar el asedio contra los dirigentes vinculados al «correísmo» que se desarrollaba en paralelo.
El aumento de la represión fue proporcional a la amplitud de la sublevación contra el gobierno. El toque de queda decretado en Quito el 8 de octubre se dio paralelo a la intermediación de la ONU, la Iglesia católica y las universidades.
El 9 de octubre se oficializa el paro nacional por iniciativa de la Conaie, vendido en los medios de todo signo como «los indígenas» y no como un grupo político con intereses claros, siendo acogido por los manifestantes en Quito. El Comando Conjunto de las FFAA, a cambio, dobla la apuesta eximiéndose de responsabilidades por las acciones que tomarían y adjudicando las consecuencias de los próximos días a los «actores que generan la convulsión social».
Las fuerzas represivas arremetieron contra el país que buscaba en el estallido un cambio radical a la fondomonetarización del gobierno y el país.
4) Surfeando la ambigüedad: fabrica un enemigo a tu medida
En este punto habría que detenerse para añadir un dato de contexto: el uso progresivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad entró en debate en enero de este año, cuando una mujer embarazada fue asesinada por un venezolano estando rodeado de policías. Entonces, María Romo declaró que la muerte de la mujer «debió ser evitada con el uso de la fuerza policial».
El impacto causado en la población, con una cobertura que propaló los tonos más salvajes de amarillo que pudiera tener el sensacionalismo, no solo sirvió en ese momento para profundizar la xenofobia contra el gentilicio venezolano, sino que en este caso es un recurso madurado al cual acudir para justificar los excesos policiales, más aún al forzar la idea de los «venezolanos infiltrados» en las protestas. El todos contra todos en Ibarra a mediados de enero, en retrospectiva, fue un globo de ensayo.
5) La «buena causa» detrás de la violencia
La violencia extendida por más de una semana no pasó desapercibida ante la mirada internacional. Según la Defensoría, los 11 días de manifestaciones dejó un saldo de 7 muertos, mil 340 heridos y mil 152 detenidos.
Medida que fue tomada en caliente por Moreno para maniobrar su permanencia en el poder. Cuando baja la tensión social y el diálogo encuentra un cauce, destituye al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, y al comandante del Ejército, Javier Pérez, pero su ministra de Seguridad y su ministro de Defensa permanecen en su sitio (su dimisión era parte de las reivindicaciones de las protestas).
Esta «sutileza» aparente pudiera decirnos más sobre el estado de ánimo dentro del estamento militar. Kintto Lucas asegura que el resquebrajamiento no es solo social sino que «las fuerzas armadas ya no le dan apoyo total» al gobierno de Lenín Moreno.
¿Cuánto será el impacto real del socavamiento de la soberanía, los nuevos acuerdos de seguridad con Estados Unidos y el tratamiento semioficial (reforzado por la renovación del mando) de responsables de la violencia en los cuarteles y las oficinas de mando?
Tanto Jarrín (en 1969) como los dos nuevos generales designados, Luis Lara y Luis Altamirano, realizaron cursos en la Escuela de las Américas siendo cadetes (en 1982 y 1983, respectivamente).
A María Paula Romo le cuestionan la ola de violencia marcada por el despliegue de los agentes de seguridad en las calles. Igualmente, la Asociación de Venezolanos en Ecuador está haciendo campaña para que se retracte por las falsas acusaciones a los venezolanos y su detención arbitraria.
Por su parte, el ministro de Defensa desató polémica en uno de los puntos álgidos de las protestas al viralizarse un video donde amenaza con el uso de armamento letal para proteger «instalaciones estratégicas» de los ciudadanos ecuatorianos a los que califica como terroristas.
«No se olviden que tenemos experiencia de guerra», advirtió, haciendo clara alusión a los llamados Conflicto del Falso Paquisha (1981) y a la Guerra del Cenepa (1995), dos guerras fronterizas con Perú en zonas remotas y poco pobladas, donde Jarrín fue jefe de operaciones de la segunda. Hubo armamento letal, contra civiles (y en última instancia en defensa de una entidad internacional), y difícilmente pudiera considerarse equivalente a una guerra entre ejércitos profesionales en un Teatro de Operaciones de avanzada.
6) Balances gatopardianos
Es muy difícil de imaginar que el gobierno no considerara dentro de sus cálculos la dimensión que podía tener la respuesta en la calle a las medidas contempladas en el Decreto 833; pudiera concederse que no se esperaba una reacción capaz de evacuar la sede del gobierno, lo mismo en la verdadera composición demográfica de las movilizaciones y protestas, muchísimo más amplia y menos delimitada que el resultado final, a todas luces capitalizado por la Conaie, concediendo que el liderazgo de base mucho tuvo que ver en lo que por su lado estimó el mando institucionalizado de la organización.
Fue un alzamiento popular con todas sus letras, con su carga difusa en la conducción (no hubo dirección política, sino gremial) donde el gobierno pudo anticiparse en los aspectos esenciales, si consideramos que en el tratamiento de la información, actores mediáticos llegaron a adelantarse a los acontecimientos delineando el hilo narrativo confirmadamente predeterminado desembocando en el diálogo, la división de la protesta, el avance sobre la detención/supresión de altos mandos de la Revolución Ciudadana todavía en el país, derogando el famoso Decreto (por ahora), manteniendo al actual gobierno en el poder y pacificando el país.
En términos, digamos, de guerra híbrida, el gobierno fue capaz de quebrar el bucle OODA (Observar, Organizar, Decidir, Actuar) o principio de Floyd de la movilización.
Esto fue calculado como un contragolpe, porque un golpe de fuerza se esperaba. Y el grado de éxito (así sea de corta duración) lo vemos en que, retrocediendo con la medida, avanzó en otros sentidos: neutralizando oponentes, esterilizando el contenido político y las responsabilidades directas de las medidas, en el sistema de prebendas en el que la Conaie salió como el principal ganador (con flamante partido) mientras que se vendía con toda la efectividad la idea de que «los indígenas» (una media verdad) voltearon el tablero. Una situación seguida muy de cerca (¿supervisada?) por los Estados Unidos.
Pero para llegar a este punto, en resumen,
- tuvieron tiempo de contener por meses la evidencia del proceso de entrega del país;
- fueron formulando un nuevo enemigo interno híbrido, combinación de migración venezolana y «correísmo» (tuvieron oportunidad de ponerlo a prueba, meses antes);
- dieron pasos agigantados en la reforma estructural de la economía, a tal punto de ser elogiados por el propio FMI;
- pudieron poner a prueba la capacidad de respuesta, fuerza, organización y logística de la población para posibles próximos escenarios;
- se constituyeron en epicentro de una maniobra diplomática que ahora intentan extender al resto de la región, sentando las bases de una nueva idea de seguridad regional emergente;
- la experiencia reciente constituye un modelo de exportación, capaz de moverse en aguas gatopardianas, «cambiando todo para que todo siga igual»;
- mientras el retorno de la convulsión está garantizado, así Moreno salga debilitado pero a la luz de los medios «renovado» en su posición de poder, y el FMI, como siempre, intacto.
¿UN MODELO DE DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL RENOVADO PARA LA ERA DE LA IRA?
«Ante esta amenaza inminente sin duda las FFAA seguirán preparándose para destruir la intención de imponer, mediante la subversión urbana y el terrorismo, sus intereses delincuenciales»
Fidel Araujo, Mayor del ejército procesado por la asonada del 30 de septiembre de 2010
El 22 de octubre el diario Expreso publica una nota titulada «Defensa se alista para afrontar la insurgencia» con el taquigráfico antetítulo «Cambios en la cúpula [militar] apuntan a ese objetivo. El último paro evidenció grupos violentos».
«En el país existen grupos insurgentes, es la nueva realidad del Ecuador. Lo reflejaron las violentas acciones que cumplieron grupos delincuenciales en la protesta indígena que paralizó el país por casi 12 días y dejó seis fallecidos, más de 1.300 heridos y un número similar de detenidos», abre la nota.
En una parada militar donde se presentó al nuevo mando del ejército y el estado mayor, el ministro Jarrín declaró que el «objetivo concreto» es «afrontar la insurgencia del país», toda vez que, según dice la noticia, es una preocupación el manejo de la crisis, habida cuenta de que el ministro ha encabezado visitas a Estados Unidos y el Reino Unido para conocer los modelos de salas de crisis que ofrecen en esos países.
«Además, para conocer cómo actuar en actos de terrorismo una comisión fue a España e Israel a conocer cómo se elaboran planes y se manejan en situaciones antiterroristas. Se busca prevenir y anticiparse a las situaciones como las que se presentaron en el paro», apunta la nota de Expreso.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró en el marco de las protestas sociales que su gobierno (que pudiera leerse como una extensión de la oligarquía neoliberal que lo controla) está en guerra «contra un enemigo poderoso, que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite» agregando que «estamos muy conscientes de que tienen un grado de organización, de logística, propia de una organización criminal».
De un tiempo para acá, de Colombia hasta Argentina, se le ha otorgado al Foro de Sao Paulo un papel regidor, que según esa lógica conspirativa actualmente operaría en una instancia paralela, el Grupo de Puebla, para «socavar los cimientos» del Grupo de Lima. Esta especie la pergeña y promueve el circuito de políticos, combatientes mediáticos y soldados de la Guerra Fría remojados, como el propio Jarrín, cuyos respectivos establishment políticos se sienten amenazados.
Porque pareciera ser una condición sine qua non que, así como a nivel de gobierno, casos como el ecuatoriano que en el actual realineamiento político se juega la vida, también ocurre lo mismo a nivel individual de los presidentes para abajo, algo que se convierte en una batalla también existencial, donde probablemente las órdenes que se emitan desde La Embajada tienen que cumplirse a cabalidad.
Macri, Moreno, Bolsonaro (más Cunha y Temer), Duque (y el uribismo), el fujimorismo y el gobierno Vizcarra, Mario Abdo Terán, Juan Orlando Hernández y por lo visto ahora Juan Guaidó, todos penden de un hilo judicial con sendos expedientes pesando mucho, al punto de que, al no seguir la línea, en un instante caen en la cárcel si los gringos quieren.
Así, una combinación extrema de necropolítica, capitalismo zombie y lumpencracia de cuello blanco encabezan gobiernos que ahora tocan los límites del metabolismo neoliberal. El caso ecuatoriano es descriptivo puesto que, a diferencia de Chile, se encuentra en franca situación del tránsito entre el paradigma del cambio de época por el de la restauración neoliberal. Y Chile es la cuna del experimento neoliberal.
A contrapelo de cualquier realidad, se fabrica el enemigo necesario a partir del sistema de señales habitual del anticomunismo con nuevos componentes suministrados en la realidad y de forma idónea, una amenaza extranjera (los ahora omniscientes venezolanos), cada vez mejor definidos como un objetivo «insurgente» regional a enfrentar y vencer.
Detrás del ruido y la cosmética política con lo que se suaviza la mano pesada, ya emerge el mecanismo de control que pareciera hacerse marca regional ampliada. Un enemigo transnacional, según esa lógica, demandaría una estrategia conjunta. Una Operación Cóndor postmoderna.
Pero también, como por ejemplo Chile, queda claro que las únicas novedades se presentan en el plano de las comunicaciones: el consenso periodístico local, regional y global, las redes sociales, las tecnologías 2.0, el afán ansioso del registro digitalizado de todo (lo que ofrece un archivo informal audiovisual profuso y caótico). En el otro lado, en el hardware de los métodos de representación y su justificación doctrinaria, nada ha cambiado.
Esta situación convive con una Bolivia que, a diferencia de los gobiernos que están obligados a defender el consenso neoliberal, está sujeto a los mecanismos correspondientes de un país claramente ubicado en el otro campo geopolítico, en el que el Estado es atacado y no defendido.
Si alguna lección queda de todo esto es que frente al colapso del consenso neoliberal en la región, la clase dominante desnacionalizada y sus manipuladores transatlánticos en las corporaciones, entidades y agencias federales, sí están preparados para el cambio de paradigma.
Tal vez la mejor forma de entenderlo se orienta hacia que, a pesar de su altísima tecnificación actual, los recursos y los objetivos serán los mismos al igual que el contenido político, por lo que no exime a la deriva imperial de seguir padeciendo su sostenida incapacidad de reinvención, a pesar del volumen de carga destructiva.
