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Guaidó y un gabinete para delinquir

Escrito por Debate Plural

Pablo Nariño (Rebelion, 21-9-19)

 

La entrada ilegal de Juan Guaidó a territorio colombiano por la frontera colombo – venezolana, confirma que el Estado ha cedido grandes espacios de la frontera a los grupos paramilitares, al igual que en otras regiones del país, facilitando su reestructuración, el aumento de su control social territorial, y favoreciendo la relación entre organismos de seguridad, políticos y estructuras paramilitares y mafiosas.

Ha sido evidente para el mundo, la articulación entre el operativo paramilitar que incluyó un toque de queda de 24 horas, un anillo de seguridad de decenas de paramilitares, el posterior acompañamiento por miembros de seguridad del Estado colombiano, la fase de recogida en helicóptero por funcionarios de la alcaldía de Cúcuta, y el ulterior recibimiento con honores presidenciales en el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) junto con el canciller colombiano Carlos Holmes, el 24 de febrero para asistir a la fracasada reunión del Grupo de Lima.

Todo lo anterior con conocimiento por parte del gobierno colombiano, de la prohibición judicial que pesa sobre Guaidó de salir del territorio venezolano, en razón a las múltiples investigaciones que los tribunales de ese país le siguen por su participación en varios delitos.

Es innegable que el gobierno Duque, Guaidó, sus asesores, y los medios masivos del país, propenden por eludir la gravedad del asunto reduciéndolo a unas “polémicas” e “incomodas” fotos, o como en el caso del canciller Carlos Holmes Trujillo, señalando los hechos como algo “más bien anecdótico”; cuando al parecer estamos en realidad ante un operativo de seguridad coordinado conjuntamente por los organismos del Estado colombiano y los paramilitares.

Los indicios de la relación entre Guaidó, y su círculo opositor más cercano, con los paramilitares, no se limita a los hechos develados recientemente, en relación con su paso por la frontera el 22 febrero. En el mes de marzo había sido detenido en Valencia, uno de los líderes de Los Rastrojos; Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, cuya captura según la fiscalía de Venezuela, fue posible gracias a pruebas aportadas por Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, detenido también, y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo de divisas extranjeras. Marrero estaba siendo investigado por la presunta contratación de «mercenarios colombianos y centroamericanos» para atentar contra la vida de «líderes políticos, funcionarios del gobierno y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos del país», según el ente investigador.

Pero Guaidó cuenta con plena libertad de acción en Colombia. El 28 de agosto por instrucción de los EE. UU, anunció la creación de un “centro de Gobierno” y su “gabinete”, el cual funcionará desde Colombia, con apoyo total del presidente Duque. Simultáneamente a este anuncio, EE. UU informaba sobre el establecimiento de la Unidad de Asuntos de Venezuela, bajo el liderazgo del encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, James Story. Dicha oficina desde donde funcionará el llamado Centro de Gobierno de Guaidó, atenderá en la embajada de Estados Unidos en Bogotá y su propósito es presionar la “salida del poder” del presidente Nicolás Maduro.

Pero ese “gobierno” paralelo y ese “gabinete” dejan muchas dudas:

Juan Guaidó, que, e n el año 2005, viajó a Belgrado Serbia, a entrenarse en acciones de cambio de regímenes, en estados que resisten la dominación de Washington, lo hizo por cortesía de CANVAS, grupo que se financia en gran parte a través de National Endowment for Democracy, conocida por ser una especie de fachada legal de la CIA. De hecho, se sabe que su consejo de administración es un vínculo con el Consejo de Seguridad Nacional de los EE.UU. La NED recibe recursos de la USAID, e indirectamente dinero de la CIA, previamente blanqueado por intermediarios privados como la Smith Richardson Foundation y la John M. Olin Foundation.

Actualmente la Fiscalía de Venezuela acaba de anunciar el inicio de una investigación penal contra Guaidó por presuntos vínculos con el paramilitarismo, también se encuentra investigado por usurpación de funciones públicas, organización de acciones desestabilizadoras en la frontera el 23 de febrero de este año y su relación con el desfalco del dinero destinado a la «ayuda humanitaria».

Un caso emblemático del modus operandi de Guaidó, fueron los 800 millones de dólares pertenecientes a la empresa Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA, que están siendo desplazados a cuentas de personas de su confianza. Algo similar parece haber sucedido con el destino de los fondos recaudados en el concierto Venezuela Aid Live, de febrero en Cúcuta, que ascienden a 2 millones 351.812 dólares, y que deberían ser utilizados para «alivianar las necesidades más urgentes» de los venezolanos, desatadas por las medidas económicas de los EE.UU.

Además, la Fiscalía General de Venezuela investiga a Guaidó, por la supuesta intención de abandonar el reclamo territorial de Venezuela por la región de Esequibo en Guyana (rica en petróleo), para entregársela a «la Exxon Mobil y otras empresas trasnacionales» con el fin de obtener un mayor apoyo del Reino Unido.

Los demás miembros del “gabinete” de Guaidó, van por la misma línea: Humberto Prado comisionado para los derechos humanos: director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que, según uno de los cables de Wikileaks, es financiado por la ONG estadounidense Freedom House, adscrita al Departamento de Estado de los EE.UU. También es asesor de Lilian Tintori, involucrada en el robo del dinero que le envía la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Leopoldo López, designado Coordinador del «Centro de Gobierno», dirigió el golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Fue preso desde el 2014 luego de encabezar la operación “La Salida” y la intentona de golpe del 30 de abril de este año junto a Guaidó. Actualmente pesa una orden de captura, por haber violado flagrantemente su arresto domiciliario. En septiembre de 2015, López fue declarado culpable por el delito de asociación para delinquir, luego de alentar hechos de violencia en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos.

Julio Borges, Designado por Guaidó, Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, tiene orden de captura en su contra, por «homicidio intencional calificado en grado de frustración» en contra del presidente Nicolás Maduro, en relación al intento de magnicidio ejecutado el 04 de agosto del 2018. Hoy es prófugo, se encuentra en Colombia, y ha pedido públicamente una intervención militar y un bloqueo económico y financiero contra su propio pueblo.

Alejandro Plaz, Designado Comisionado Presidencial para el Desarrollo Económico está imputado por conspiración por recibir a través de la ONG Súmate, creada por él y la derechista María Corina Machado, una donación de 31.000 dólares Con el fin de apoyar actividades desestabilizadoras en Venezuela, los dineros provenían también de la NED, Fundación Nacional para la Democracia.

Este es parte del “gabinete” del autoproclamado presidente interino por los EE. UU Juan Guaidó, y que el gobierno colombiano alberga, protege, apoya y promociona.

Hace unos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró (en el contexto de los más que justificados ejercicios defensivos del país vecino en la frontera) que el gobierno colombiano, no caería en provocaciones y que Colombia está activando «todos los instrumentos internacionales que permitan garantizar la paz en la región», se refería a una nueva provocación contra Venezuela; la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que contempla la intervención militar.

Los riesgos que al parecer está dispuesta a correr la élite colombiana, en su involucramiento directo y militar en una guerra ajena, que obedece a los intereses de los EE. UU, lleva a preguntarse: ¿Esperan los sectores de la oligarquía colombiana, alguna tajada por sus servicios y cuál será?

Lo cierto es que sin duda el escenario continuará caldeándose, ya que la constreñida política exterior del actual gobierno Duque; gira dócilmente en torno al ejercicio del traspaso total de la soberanía política y militar de Colombia a los EE. UU, y estos últimos parecen decididos a escalar la guerra.

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