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Cómo jueces y fiscales fabrican casos de corrupción en la región

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Escrito por Debate Plural

Bruno Sgarzini (Misió Verdad, 11-8-19)

 

«¿Quieres llevar adelante los acuerdos con Camargo Correa aunque Moro no esté de acuerdo? Es peligroso para nuestra relación seguir sin hablar con él, lo que no significa que no seguiremos», escribió en 2015 el jefe del equipo de fiscales, Deltan Dallagnol, a Carlos Santos Lima, a cargo de la negociación con dos ejecutivos de la constructora brasileña para que confesaran hechos de corrupción de la misma, a cambio de beneficios procesales como reducción de las penas de prisión.

De nuevo, las conversaciones filtradas por The Intercept y Folha Do Sao Pablo demuestran cómo el ex juez Moro logró forzar a que Santos Lima negociara que los ejecutivos se acogieran a la figura de la delación premiada, bajo la pena de un año de prisión, como él mismo pedía.

La intromisión de Moro en esta negociación viola la ley de organizaciones criminales de Brasil, que impide que el juez del caso intervenga en acuerdos de delación premiada como el que se negociaba con los ejecutivos de Camargo Correa.

En ese momento, la manzana de la discordia fue que Santos Lima se negaba a imponer un año de prisión a cambio de las confesiones, como pedía Moro, debido a que era «contrario a la buena fe que debe tener un negociador». Según sus observaciones a Dallagnol, esto ponía en riesgo los buenos resultados de una negociación que fuera «importante para atraer nuevos delatores».

Finalmente, el ex juez Moro se salió con la suya y los ejecutivos accedieron a confesar sus crímenes, bajo sus términos. A ellos luego les siguieron en los años siguientes, los jerarcas de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutiérrez, entre otras empresas.

«Delaciones a la carta», las llamó el ex abogado de la primera empresa, Tacla Duran, quien llegó a contratar a Carlos Zucolotto, padrino de matrimonio del juez Sergio Moro, para negociar un acuerdo de delación premiada.

Según su testimonio, Zucolotto le ofreció una reducción de la multa que debía pagar de 15 a 5 millones de dólares, a cambio de que otros 5 fueran destinados por fuera en concepto de «honorarios».

Durante la negociación, lo que Tacla Duran debía hacer era incriminar a políticos y empresarios para cerrar por completo el acuerdo. «La negociación para delatar formaba parte de una estrategia de defensa contra una eventual solicitud de prisión preventiva abusiva», sentenció el ex abogado en su declaración a una Comisión Mixta de Investigación Parlamentaria sobre las delaciones premiadas.

En la misma línea, Carlos Armando Paschoal, ex superintendente de Odebrecht, confesó luego de las conversaciones filtradas por The Intercept que construyó una «historia» para la segunda condena a Lula a 13 años de prisión por supuestamente haber recibido, en calidad de soborno, unas refacciones de un inmueble por parte de la constructora. «Casi me coaccionaron para que diera cuenta de lo que había sucedido», afirmó Paschoal, quien a cambio de la confesión recibió solo dos años de cárcel con régimen abierto.

PRISIÓN PREVENTIVA, EXTORSIÓN Y CONDENA MEDIÁTICA

En Argentina, el juez Alejo Ramos Padilla descubrió una red integrada por agentes de inteligencia, periodistas y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo del Lava Jato argentino conocida como la Causa de los Cuadernos, dedicada a extorsionar empresarios y políticos para que dieran testimonios a la carta. El hallazgo ocurrió gracias a que el empresario Pedro Etchebest grabó las conversaciones con el supuesto agente de la DEA Marcelo D’Alessio, y el encuentro con el fiscal Stornelli.

Para salir ileso del caso, Etchebest solo debía entregar una suma importante de dinero, y luego dar un testimonio a la carta para acogerse a la figura del «arrepentido». El abogado Mariano Cuneo Libarona, representantes de otros empresarios en el caso, sostuvo: «la Causa Cuadernos solo funciona con cárcel. Entonces a los empresarios detenidos solo les queda señalar a alguien porque no toleran la cárcel, o esperar a salir en libertad».

Entre los hallazgos en la investigación judicial de Ramos Padilla, además, se encontraron siete mails donde supuestos miembros de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina dictaban textualmente el testimonio que el financista Leonardo Fariña debía dar en 2016 para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de la «ruta del dinero K», como fue denominada por los medios en una maniobra publicitaria. El hallazgo también envuelve a la figura de la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, y el de Justicia, Germán Garavano.

En los últimos días de julio, la periodista Carla Pelliza de El Destape reveló documentos oficiales y entrevistas con «testigos protegidos», donde se ve en toda su dimensión cómo el gobierno de Mauricio Macri utiliza el Programa de Protección de Testigos e Implicados para que brinden testimonios en contra de ex funcionarios de la era kirchnerista, a cambio de obtener beneficios procesales o mejoras en el trato.

En ese sentido, el testimonio «guionado» de Fariña le valió recibir una casa y dinero por encima de lo que comúnmente se le otorga a los testigos protegidos por el Estado argentino.

En el otro extremo, Ibar Pérez Corradi, detenido por tráfico de efredina, se encuentra en huelga de hambre en el penal de Marcos Paz por reclamar mejoras en su condición de reclusión luego de negarse a involucrar a Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández, en un crimen relacionado a un caso de narcotráfico.

Según el presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires, Eduardo de Lázzari, en el último tiempo en Argentina se registra un «abuso del proceso judicial penal», que consiste en causas armadas artificialmente, donde se abusa de testigos de identidad reservada y arrepentidos en función de que factores de poder, amparados en ciertos medios de prensa, fogoneen «condenas mediáticas».

En este entramado participan influyentes de todo tipo como «espías, traficantes de escuchas telefónicas y personas que cuentan con la complicidad de jueces y fiscales», de acuerdo al presidente de la Corte Suprema de Buenos Aires.

En este contexto, el paquete de leyes anticorrupción, como la figura del arrepentido o la delación premiada, se utilizan arbitrariamente de hecho o como una amenaza contra acusados y testigos.

De esta forma, las garantías procesales y el principio de inocencia es pasado por encima por la filtración de testimonios en la prensa, o la directa extorsión por parte de representantes de jueces y fiscales, convertidos en verdaderos jefes de mafia que piden para sí cuantiosas sumas de dinero para beneficiarse de la «lucha contra la corrupción».

LA EXPORTACIÓN DE MODELOS: DE HARVARD AL LAVA JATO Y LA CAUSA DE LOS CUADERNOS

Una de las formas de exportar el modelo de lucha contra la corrupción por parte de Estados Unidos es la circulación internacional de juristas, alrededor de instituciones globales y estadounidenses dirigidas a exportar leyes y prácticas en función de institucionalizar la moral global anticorrupción, promovida desde Washington como un paradigma.

En esta lógica, el juez Sergio Moro, como el jefe de fiscales del Lava Jato Deltan Dallagnol, se formaron en la Escuela de Leyes de Harvard bajo este modelo, incluso en el caso de Moro con cursos del Departamento de Estado.

Con esta formación, el fiscal Dallagnol argumentó, por ejemplo, que importó de Estados Unidos una teoría de la evidencia «nueva y moderna» que, sin embargo, debilita el derecho a la defensa y posiblemente sería inadmisible en los propios Estados Unidos.

Sobre esto, el profesor de Fabio de Sá e Silva de la Universidad de Oklahoma afirma que: «aunque estos procesos sugieren cierto nivel de ‘imperialismo legal’ por parte de los agentes norteamericanos, la realidad es más compleja. Los modelos extranjeros a menudo se apropian de agentes que buscan legitimar sus objetivos locales. Las élites del norte buscan socios que puedan ayudarlos a difundir sus modelos; los del sur buscan nuevas formas de capital simbólico para movilizar sus luchas de poder».

Eso explica por caso que en la importación de prácticas y leyes, los jueces y fiscales privilegien sus objetivos locales contra partidos políticos rivales, en algunos casos como el de Argentina amparados por el gobierno, a la vez que desarrollan una deliberada estrategia de extorsión para sacarle dinero a los implicados envueltos en las causas judiciales investigadas.

Bajo esta lógica es que también se entiende que el juez Moro haya utilizado su carrera judicial para posicionarse en la escena política local como Ministro de Justicia.

En esa línea queda volando en el aire si la extorsión, en forma de prisión preventiva y delaciones premiadas,  en realidad también es una forma de acceder a cuantiosas sumas de dinero para desarrollar importantes campañas políticas en función de ascender uno a uno los escalones del poder local.

Después de todo, la capacidad de jueces y fiscales de instrumentalizar testimonios a la «carta», como acceder a secretos de rivales políticos, es una importante fuente de poder para mover una agenta tan personal, como impregnada de intereses extranjeros ocultos detrás de una moral anticorrupción que los plantea como verdaderos superhéroes a los que todo se les permite.

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