Temprano hoy Carolina Lebbos atendió a una petición de la Policía Federal para que Lula, quien se encuentra detenido en una sala de la superintendencia regional del órgano, sea transferido para Sao Paulo.

La Policía Federal está bajo el ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El sillón de ministro es ocupado por Sergio Moro, premiado por el ultraderechista presidente Jair Bolsonado con el cargo. Al fin y al cabo, Bolsonaro fue electo porque Lula, favorito absoluto en todas las encuestas electorales del año pasado, no pudo disputar.

Material que la publicación digital The Intercept, del periodista Glenn Greenwald, viene goteando desde principios de junio deja más que claro que el juicio que condenó a Lula fue totalmente manipulado por el entonces juez Moro y la fiscalía. Concretamente, el juzgador coordinó todos los pasos de la acusación, violando las reglas más elementales del derecho.

Su conducta, así como la del supuesto coordinador de la acusación, Deltan Dallagnol, ha sido como mínimo indecente. Y absolutamente ilegal.

En abril pasado el ahora ministro cambió el superintendente de la Policía Federal en Curitiba. El nuevo superintendente, Luciano Flores, fue quien pidió el traslado de Lula a Sao Paulo.

Lebbos, que reemplazó a Moro en el tribunal, acató y rechazó el pedido de la defensa para que, una vez transferido para San Pablo, Lula fuese conducido a instalaciones similares a las que ocupa en Curitiba. Dijo que el tema estaría a cargo de la justicia de San Pablo.

El juez encargado, Paulo de Almeida Sorci, hace meses fue nombrado por el ministro Moro para un consejo nacional de justicia.

Su decisión fue radical: determinó que Lula sea conducido a la cárcel de Tremembé, ciudad en el interior de la provincia de San Pablo, famosa por abrigar algunos de los criminales de peor fama en el país. La muchacha que mató a los padres, la pareja que tiró una nena de cuatro años por la ventana de su departamento, el ginecólogo que violó un sin número de pacientes, un ex seminarista que asesinó al padre, esa clase de gente.

Como ex mandatario, Lula tiene derecho a prisión especial. Pero tanto la jueza de Curitiba como su par de Sao Paulo decidieron que no.

Al fin y al cabo, normas son normas, pero Lula es Lula. Y Moro le tiene encono.

Es decir: por donde quiere que se mire el absurdo de la decisión, todo gira alrededor del actual ministro de Justicia, que ya comprobó claramente que desconoce los más mínimos principios de ética. Inescrupulosa es un adjetivo demasiado suave para describir su conducta.

Resulta evidente que ni el superintendente de la Policía Federal en Curitiba, ni la jueza encargada del caso, adoptarían semejante decisión –brutal e injustificable bajo cualquier punto de vista– sin al menos informar previamente a Moro. Y que Moro no dejaría de informar al ultraderechista totalmente desequilibrado que preside este pobre país.

Lo más probable, sin embargo, es que todo haya sido al revés: que haya partido de Jair Bolsonaro, en su psicopatía cada vez más evidente, la determinación de que Moro y sus secuaces trasladasen a Lula a una cárcel donde su vida estaría en riesgo permanente.

Al final de la tarde de hoy el Supremo Tribunal Federal vetó, por diez votos contra uno, la transferencia de Lula da Silva en las condiciones determinadas por Moro o, vaya a saber, Bolsonaro.

Luego de meses y meses de silencio omiso y poltrón, la Corte Suprema decidió frenar los absurdos de toda esa historia alrededor de Lula.

Pero, atención: la saña de Bolsonaro, Moro y otros esperpentos contra el ex presidente no tiene límites. Y no hay señal de que alguna vez tendrá fin.

O esa misma Corte Suprema anula de una vez el juicio plagado de vicios y determina que se abra otra acción contra el ex presidente, o la indecencia no cesará.