Roberto García Hernández (Prensa Latina, 8-8-19)
El canciller Jorge Arreaza expresó el más profundo rechazo a la nueva agresión de Washington, y dijo que se trata en total de una ley y varios decretos ejecutivos destinados a apoderarse de los activos del Estado venezolano en el exterior, particularmente en Estados Unidos.
Trump decidió además arreciar las medidas punitivas contra los países que intenten realizar transacciones comerciales y financieras con el Gobierno bolivariano, acciones que se suman a las que durante varios años la Casa Blanca ha adoptado contra Venezuela y que afectan en primer orden al pueblo de la nación sudamericana.
En medio de este ambiente hostil, en las últimas semanas creció la retórica antivenezolana por parte de políticos de la extrema derecha estadounidense, entre ellos algunos legisladores y en primer orden, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Se sumó a este discurso agresivo el jefe del Comando Sur (CS), almirante Craig S. Faller, quien se refirió en varias ocasiones a que contra la nación sudamericana ‘todas las opciones están sobre la mesa’, haciéndose eco del discurso de sus superiores en la administración Trump.
De acuerdo con Faller, el CS está listo para cualquier escenario en Venezuela, una idea que viene repitiendo desde finales de febrero, tanto desde la sede de ese mando en Miami, Florida, como durante sus más recientes visitas a países de la región.
Los constantes viajes del almirante Faller y otros altos jefes castrenses norteamericanos a Colombia, Brasil y otras naciones del área en las que estos personeros han discutido con las autoridades locales sobre la situación en Venezuela, se suman a este conjunto de acciones hostiles contra Caracas.
Una de las declaraciones más duras en este sentido estuvo en boca de John Bolton quien subió el tono de su habitual verborrea antivenezolana en la capital peruana recientemente, en el marco de la conferencia internacional ‘por la democracia en Venezuela’, convocada por el Grupo de Lima,.
Por otro lado, en las últimas semanas se intensificaron las actividades de exploración de todo tipo contra el territorio venezolano por parte de las fuerzas armadas norteamericanas, de acuerdo con denuncias de las autoridades de la nación sudamericana.
En ese sentido, se destacan las numerosas violaciones del espacio aéreo por aviones de exploración, como es el caso de una aeronave EP-3E de espionaje electrónico y de interceptación de telecomunicaciones, detectada el pasado 19 de julio por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Expertos en el tema señalan que esas y otras actividades de espionaje, que incluyen acciones subversivas internas por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos con el apoyo de sectores de la ultraderecha opositora, tienen como fin crear condiciones para una eventual operación bélica contra Venezuela.
La puntualización de los datos sobre los sistemas defensivos venezolanos, en particular de las defensas antiaéreas y de los buques que custodian las fronteras marítimas, pudieran revelar las intenciones del mando norteamericano para implantar un posible bloqueo militar contra el país sudamericano.
Una operación de este tipo, considerada por especialistas como una verdadera declaración de guerra, involucraría a decenas de buques y aviones militares, el cierre de las principales rutas marítimas de acceso a la nación sudamericana, así como una reducción sustancial del tráfico aéreo comercial.
Aunque para algunos la idea resulta descabellada, lo cierto es que detrás de un plan de ese tipo parecen estar los principales asesores de Trump, los políticos en el Capitolio como el senador Marco Rubio y otros personeros allegados a la administración republicana.
Por otra parte, los especialistas coinciden en señalar que el mando militar norteamericano, en particular el Comando Sur, debe tener listas las fuerzas y medios para una eventual medida de fuerza contra Venezuela, en caso de que se tome la decisión de llevarla adelante.
Hasta la fecha, han fracasado todas las variantes probadas por Estados Unidos para derrocar al Gobierno constitucional de Nicolás Maduro, incluyendo el intento de magnicidio realizado en agosto de 2018 y que pudo haber ocasionado la muerte no solo al mandatario sino también a varios altos funcionarios y líderes bolivarianos, e incluso a la población civil.
En este contexto, la desenfrenada serie de provocaciones contra el Gobierno de Caracas, los intentos de Washington de privar al pueblo de los medios indispensables para la supervivencia, unidos a una creciente actividad militar en los principales accesos marítimos y aéreos a Venezuela, conforman una peligrosa situación.
Esta coyuntura pudiera desembocar en incidentes fuera de control que conlleven a enfrentamientos militares entre ambas partes o con fuerzas terrestres o unidades navales o aviación de países vecinos sometidos al dictado de Estados Unidos.
Lo cierto es que a ninguno de los factores involucrados le conviene que empeore la situación y que la Casa Blanca le dé luz verde a la implementación de un bloqueo naval contra Venezuela -una amenaza reiterada por Estados Unidos- pues esto en definitiva sería un acto de guerra con consecuencias imprevisibles.
Quizás en medio de todas estas medidas peligrosas y provocadoras de Washington contra Venezuela, se impongan los criterios de los sectores más realistas dentro del mecanismo de toma de decisiones de la administración Trump.
Puede que algunos de los participantes en la planificación de las acciones se percaten además del costo político y humano de tal iniciativa, teniendo en cuenta la determinación reiterada por las autoridades de Caracas de rechazar a toda costa cualquier aventura militar contra ese país.
De lo contrario, si se mantiene esta tendencia incendiaria contra Venezuela por parte de la Casa Blanca y la adopción de medidas desesperadas para derrocar a toda costa al presidente Nicolás Maduro, se cierne sobre la nación bolivariana y los países del área el espectro de una agresión militar, quizás precedido por un incidente provocador.
Los especialistas coinciden en que la comunidad internacional debe hacer un esfuerzo superior para evitar una acción de este tipo, sobre la base de que Washington no posee ningún mandato para violar -como lo está haciendo- las leyes internacionales y el derecho de los venezolanos a trazarse su propio destino.
