Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
A principios del año 2017 y meses siguientes se generaron protestas multitudinarias con repercusiones internacionales en muchos países del mundo en repudio y contra las prácticas reiterativas de corrupción e impunidad en el aparato gubernamental de República Dominicana.
Los resultados de estos movimientos sociales y de muchas organizaciones cívicas produjeron un éxito rotundo del pueblo dominicano y de muchas organizaciones civiles que se movilizaron durante las marchas celebradas a partir del fin de semana de enero 22 del año 2017.
Medios de comunicación de América Latina y El Caribe se hicieron eco y divulgaron las imágenes masivas multitudinarias que se reunieron en las principales avenidas de Santo Domingo, y después de un largo recorrido por distintas calles y avenidas, terminaron desembocando en Ciudad Colonial.
Las referidas protestas dieron lugar a enorme concentración de personas provenientes de todas las barriadas y miles de participantes de provincias del interior que proclamaron el inicio de un conjunto de protestas contra la corrupción y la impunidad vinculadas con el caso Odebrecht en República Dominicana, caso en el cual se destapa la existencia de una licitación falsa y manipulada que rindió 1,040 millones de dólares en la obra termoeléctrica que se construye en Punta Catalina.
En las protestas se leyó un documento que en uno de sus párrafos expresaba lo siguiente: “nosotros y nosotras, guiados por el ejemplo de grandes hombres y mujeres de nuestra historia, juramos mantener una lucha cívica, ejemplar y permanente hasta que se aplique justicia a todos los corruptos en República Dominicana, y frente al Altar de la Patria, proclamamos que el caso Odebrecht será el fin de la impunidad en nuestro país”.
Comprobadamente el caso Odebrecht ha venido a ser es uno de los más emblemáticos procesos de corrupción en República Dominicana, cuya responsabilidad fue admitida por esa empresa en el Distrito Este del Departamento de Justicia de Manhattan, New York, donde en forma escrita dicha entidad admitió que realizó prácticas de corrupción en doce países, tales como Ecuador, Argentina, Brasil, República Dominicana, Panamá, México, Perú, Mozambique, Angola, Colombia y otros; y en cientos de obras de infraestructuras.
La admisión de responsabilidad por parte de Odebrecht pone al desnudo la existencia de las mismas prácticas de soborno en todos esos países, relacionadas con contrataciones espúreas de obras públicas.
En República Dominicana, Odebrecht ha admitido haber entregado millones de dólares para sobornos de funcionarios del gobierno dominicano, de los cuales no se conoce del nombre de ninguno de ellos hasta la fecha de hoy; tampoco se han tomado medidas represivas convincentes para esos funcionarios de alto nivel en el Estado que se enriquecieron con las sobrevaluaciones de Punta Catalina y las demás obras realizadas en nuestro país. Obviamente el gobierno dominicano tapa y protege a dichos funcionarios.
Sistema de corrupción
En todo esto existe un sistema de corrupción fundado en los crímenes de soborno, estafa, tráfico de influencia y dolo contra los bienes y el patrimonio del Estado.
Un sistema corrupto que tiene carácter nacional e internacional y que ha llevado al pueblo dominicano a descubrir y a comprender las interioridades y estructuras ocultas y viciosas que permiten el enriquecimiento ilícito y el saqueo del patrimonio público, en una componenda brutal, una troika multinacional; y ha decidido iniciar sistemáticamente protestas contra ese estado nefando de cosas.
La empresa Odebrecht, en componenda con funcionarios del gobierno dominicano, introdujo al señor Joao Santana en el Palacio Nacional para labores de “asesoría electoral” y diligencias de intermediario para realizar sobornos a favor de dicha compañía brasileña en todos los procesos de licitación de obras públicas y en la asignación de todas ellas a dicha entidad monopólica extranjera.
El señor Santana, fue un rufián que fundó cinco compañías en República Dominicana para sus actividades de asesoría electoral del presidente de la República, para contactos y negociaciones con medios de comunicación, periodistas, dueños de canales de radio y TV, trabajadores de los medios, publicidad, relaciones públicas, propaganda, maniobras y sobornos.
Se trata de una troika Odebrecht-funcionarios mediadores tendente a la asignación de obras mediante mecanismos fraudulentos, criminales, sobornos, licitaciones viciosas y amañadas, con la bendición de la Dirección de Contrataciones Públicas, organismo que rechazó las impugnaciones y cuestionamientos de varios de los oferentes licitadores, en el caso de las dos termoeléctricas a construirse en Punta Catalina, mediante pírricas justificaciones.
Se trata de la articulación de una política pública asentada sobre asociación criminal cuyos montos en sobornos y sobrevaluación de obras multimillonarias ascienden a cientos de miles de millones de dólares en perjuicio del patrimonio público y en beneficio de la empresa brasileña y de funcionarios gubernamentales.
La internacionalización del caso se realizó a través de la publicación, en el quincenario Revista Época, de la carta dirigida por la compañía dominicana IMPE, SRL, a la presidenta de Brasil señora Dilma Rousseff, denunciándole el sistema de corrupción implantado por Odebrecht en el territorio nacional.
Dicha carta desató la revelación de un sistema de corrupción y prevaricación desarrollado en República Dominicana y otros países del continente, incluyendo Brasil, país donde también se destapó el caso “Lava Jato”, es decir, levantándose el velo corporativo que encubría dicho sistema llamado Lava Jato que significa (lavar algo con un caño de agua dulce), en julio 2016.
Pero debido a que en República Dominicana la justicia se encuentra en estado de crisis permanente, dentro de un sistema supuestamente democrático, pero corrupto y manipulado por élites políticas corporativas, no se puede esperar mucho de las investigaciones oficiales que realiza la designada por decreto “Comisión Investigadora” y la Procuraduría General de la República. Una justicia subyugada corporativamente no puede defender los intereses nacionales.
El sistema de justicia manipulado y puesto al servicio de la impunidad por los gobiernos corporativos que ejercen el poder en el contexto de una democracia supuestamente constitucional en República Dominicana, no tiene capacidad para romper la coraza de la impunidad, ya que fue preparada para el vicio, la manipulación, la tolerancia y protección de las prácticas estatales de corrupción a todos los niveles del aparato administrativo de los gobiernos.
Con la manifestación arriba aludida, el pueblo dominicano ha dicho la primera palabra contra un sistema de corrupción que amarga la vida de los dominicanos, de las comunidades urbanas y rurales, la educación, la salud, el desempleo, la pobreza; contra las prácticas de las élites corporativas en el Palacio Nacional que convierten en más pobres a los pobres y saquean y explotan las riquezas de la nación, convirtiéndose en verdaderos potentados mundiales, aliados del poder global, cuando en el pasado eran todos casi pordioseros.
Debemos todos los dominicanos mantenernos despiertos contra la manipulación del caso Odebrecht, en el cual actualmente se perciben “arreglos” tendentes a olvidar a los funcionarios responsables que se han enriquecido con la obra de Punta Catalina, por ende, a tratar de desvanecer y poner de lado el elemento justiciero más importante que es la sobrevaluación de dicha obra en 1,040 millones de dólares, y que costará al pueblo dominicano a la larga más de 4,000 millones de dólares, sin contar las comisiones e intereses de los préstamos que se han venido haciendo para dicha EPC.
