Sin Permiso (31-7-19)
En días recientes trascendió en medios financieros estadounidenses un conjunto de nuevas acciones inherentes al control ilegal de CITGO Petroleum a cargo de Washington y el equipo asociado al golpe de Estado en Venezuela, con la intención por parte de la junta ad hoc de PDVSA, nombrada por el «interinato» de Guaidó, de refinanciar la deuda de la filial venezolana en los Estados Unidos.
Los actores que conforman el gobierno virtual de cara al extranjero, con el siempre necesario auspicio estadounidense, tienen como plan refinanciar una deuda de 1 mil 900 millones de dólares con vencimiento el próximo año. Así fue anunciado por vocerías que controlan CITGO de facto.
CITGO Holding planea canjear y reembolsar 1 mil 87 millones de dólares de capital e intereses con vencimiento el próximo año a través de una refinanciación que incluye 1 mil 370 millones de dólares de pagarés garantizados con vencimiento en 2024, y otro préstamo a cuatro años por 500 millones.
Las garantías ofrecidas yacen en la posibilidad de una «apertura» de CITGO al mercado accionario estadounidense, y además de ello, el otorgamiento de acciones a sus acreedores.
La operación, ahora por vías de supuesta «legalidad» y «legitimidad» otorgada por el «gobierno» de Juan Guaidó, es idéntica a las operaciones que en 2017 desencadenaron el encarcelamiento en Venezuela de la entonces plana directiva de CITGO, mediante el desmantelamiento de una operación de supuesto refinanciamiento de deuda que colocaban activos de la filial en entredicho y alto riesgo.
En aquella oportunidad, la firma capital buitre Apollo Global Management estaba siendo contratada por CITGO para refinanciar parte de una deuda de 4 mil millones de dólares a cambio de ofrecer la operaria de combustibles en garantía, en un trato considerado como perjudicial para la República y realizado a espaldas de PDVSA, como trascendió en su momento con las investigaciones del Ministerio Público venezolano.
Esta operación, por la que fueron detenidos seis altos ejecutivos de CITGO, incluido su presidente, revela también el poderoso entramado de relaciones de este fondo buitre en el mundo de las finanzas y la política estadounidense, y cómo de manera consistente se ha intentado durante tomar control de los activos venezolanos, que constan de tres refinerías, plantas de almacenamiento de combustible y 7 mil gasolineras.
CITGO también es flanqueado mediante otros mecanismos. Recientemente la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó una apelación que fue introducida por PDVSA en 2018 para anular una orden que permitiría a Crystallex International Corp, compañía canadiense de extracción de oro, tomar ciertos activos para satisfacer una sentencia a su favor de 1 mil 400 millones de dólares en contra de la República Bolivariana.
La Tercera Corte del circuito de apelaciones en Filadelfia también da luz verde a un proceso de incautación contra CITGO. Este tribunal respaldó la sentencia dictada en agosto de 2018 pasado dada por el juez federal Leonard P. Stark, de un tribunal de Wilmington, Delaware.
«La Corte de Distrito actuó dentro de su jurisdicción cuando determinó por orden judicial la entrega de las acciones de PDV Holding, de PDVSA, para satisfacer el fallo a favor de Crystallex contra Venezuela», consideró Stark al dictar su sentencia el año pasado.
En horas de la noche de este 29 de julio, la directiva ad hoc (ilegal) de PDVSA emitió un comunicado muy escueto y sin mínimo detalle por Twitter donde indicaban: «Tomaremos todas las acciones necesarias para defender los activos de Venezuela en el exterior».
Sin embargo, no se ha efectuado un pronunciamiento sobre si el «gobierno paralelo» de Guaidó pretende emplear el reconocimiento del cual gozan en el entramado estadounidense para apelar ante la Corte Suprema de ese país.
Este nuevo evento sobre CITGO abre el abanico de posibilidades en la conjugación de maniobras de diversas modalidades para poner mano de los activos venezolanos en el extranjero.
Es importante subrayar cómo nace una nueva «jurisprudencia» como resultado del caos político que la Administración Trump ha inducido en Venezuela y fuera de ella, en la cual las instancias de su gobierno creado a su medida en Venezuela, y sin ningún ejercicio real de poder dentro de ella, actúan «legitimando» acciones que comprometen la propiedad del Estado venezolano sobre activos de la nación, sin estar sujetos a contrapesos institucionales ni otros mecanismos de control inherentes a las leyes venezolanas.
