Cristóbal Rodríguez Gómez (D. Libre, 26-6-19)
¿Existe una opción, alternativa a la planteada por la Ley 44-00, que permita ofrecer un curso de instrucción bíblica en la escuela pública? La exigencia de neutralidad que en materia religiosa le plantea al Estado el principio de libertad de conciencia y de cultos no tiene su fundamento, como cierta tradición del secularismo supone, en el tema de la relación entre Estado e iglesias como tal. Esa exigencia de neutralidad se inscribe, reforzándola, en una problemática mayor que está en la esencia misma de la democracia y sus valores capitales: el rol del Estado en la gestión de la diversidad y el pluralismo, entendidos como un dato irrefutable de la vida social y política.
La idea vertebradora del constitucionalismo según la cual el Estado debe tratar a todos los integrantes de la comunidad en él expresada con idéntica consideración y respeto se expresa, en el ámbito que nos ocupa, como la exigencia de conferir idéntico trato a todas las manifestaciones de fe. Esto es incompatible con el otorgamiento de privilegios a unas confesiones en detrimento de las otras, o de los miembros no creyentes de la comunidad.
Diseñar un curso de instrucción bíblica para enseñar en la escuela pública los valores sagrados del cristianismo equivale a otorgarles a las religiones que cultivan esa fe un privilegio incompatible con la idea de igualdad a que tienen derecho todas las comunidades de creyentes y de no creyentes en un Estado de derecho. Es incompatible además con el debido respeto por el carácter interreligioso de nuestra sociedad, que se expresa en un creciente proceso diversificación de credos y manifestaciones de fe. Y es incompatible con el creciente proceso de emancipación de importantes segmentos de la población de cualquier tradición religiosa.
El estado bien puede diseñar e implementar un curso de historia de las ideas y las prácticas religiosas que sirva para ayudar a comprender el rol que, en las distintas sociedades que en el mundo han sido, han desempeñado las grandes religiones. Desde las más remotas tradiciones politeístas, hasta los grandes monoteísmos de oriente y de occidente. Pero no poner su sistema educativo al servicio de la promoción de los valores de una tradición cuyos postulados de fe deben poder competir, en pie de igualdad, con los de otras religiones, y las cosmovisiones propias de las comunidades de no creyentes.
La discusión suscitada por el tema de la instrucción bíblica en la escuela pública es sin embargo muy relevante. Lo es porque puede ayudar a explorar las condiciones adecuadas para un debate racional y respetuoso entre ciudadanos religiosos y seculares, en una sociedad con una tendencia cada vez más acentuada a la polarización y radicalización de todas las posiciones, y donde la descalificación pura y simple de la posición del otro se ha vuelto la norma.
Lo anterior exige que todos estemos en condiciones de asumir que en la esencia de la idea de democracia se encuentra el hecho de que todas la cuestiones pueden ser legítimamente resueltas de más de un modo. Que, en consecuencia, todas las posiciones en debate suelen tener idénticas pretensiones de validez. Con lo cual todas deben ser sometidas a los circuitos de la deliberación pública como opiniones, no como verdades dogmáticas. Porque como ha dicho el profesor Gustavo Zagrebelsky “es necesario que todas las convicciones y las fes, por muy radicadas que estén, cesen de ser la verdad y se conviertan opiniones cuando se convierten en públicas en las relaciones intersubjetivas”.
Por otro lado, tanto el Estado como los ciudadanos seculares están en el deber evitar, a toda costa, tratar a la religión, y al hecho religioso, como meras manifestaciones de lo irracional. Y, como ha defendido el profesor Habermas, reconoce el derecho de los creyentes de participar en el debate público sin necesidad revestirse con el lenguaje y los usos propios del secularismo, para que sus posiciones sean tomadas como válidas.
De igual modo “la religión debe aceptar las expectativas normativamente fundadas, en el sentido de reconocer, a partir de unos fundamentos propios, la neutralidad ideológica del Estado, una neutralidad igual para todas las comunidades religiosas y la independencia de las ciencias institucionalizadas. Pues no solo se trata de renunciar al poder político y a coaccionar la conciencia para imponer las verdades religiosas, sino también de que la conciencia religiosa se vuelva reflexiva ante la necesidad de poner en relación las propias verdades de la fe tanto con otras instancias de fe con las que compite, como con el monopolio de las ciencias en la producción de los valores seculares.” (Habermas).
Se trata de una difícil exigencia para garantizar, por un lado, neutralidad al Estado en materia religiosa, y por otro, un idéntico derecho a las distintas manifestaciones de fe, a participar en el proceso de conformación de la identidad de la comunidad política desde sus propias creencias. Ojalá y seamos capaces de dialogar desde el respeto del otro y de sus posiciones, por muy difíciles de aceptar que esas posiciones nos parezcan.
