Franco Vielma (Misión Verdad, 8-7-19)
El esquema de proto-gobierno paralelo en Venezuela intenta tomar forma mediante un acto que recientemente diera a conocer la instancia denominada «Oficina del Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela», bajo la juridiscción administrativa del inexistente gobierno de Juan Guaidó.
La autodenominada oficina ha publicado un documento sin firma de un titular en el «cargo» donde detallan los «lineamientos para la
renegociación de la deuda pública externa heredada del período Chávez/Maduro», que se supone es un papel que prefija los
principios para abordar el manejo de deuda externa de la nación, una vez tenga lugar el «cese de la usurpación» en Venezuela.
Básicamente, consiste en un conjunto de pautas para la creación de vías administrativas y legales que serían ejecutadas por el Ejecutivo
y Legislativo venezolano (una vez más, cuando «cese la usurpación») para poner a beneficio de los tenedores de bonos de la deuda venezolana los
recursos de la nación, tal como ya se ha venido ensayando en meses anteriores.
El documento es sumamente ilustrativo de las intenciones declaradas y abiertas del pretendido gobierno en una era post-chavismo. En él se ve reflejado con claridad que en Venezuela tomaría cuerpo un tipo de gobierno corporativo mediante una gestión financiera claramente alineada a los intereses de bonistas, capitales extranjeros e instancias multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No es para menos, dado que el documento fue redactado por Ricardo Hausmann, representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (y conocido sicario económico), y Alejandro Grisanti Capriles, ex jefe de Estrategia para América Latina de Barclays Capital Inc., fundador de Ecoanalítica y actual director de la Junta ad hoc de PDVSA nombrada por el gobierno paralelo.
La redacción del documento contó con la asesoría de Lee Buchheit, quien en teoría había sido «contratado» en mayo por el equipo de Guaidó para ayudar a renegociar la deuda venezolana. Buchheit tiene a cuestas un largo prontuario de agente lobbysta de capitales buitre en la renegociación de deuda de países arruinados y sometidos a la hegemonía estadounidense, entre ellos Irak en el año 2005 y Argentina luego del ascenso de Macri.
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA CAPITALES BUITRE Y EL FMI
El documento indica que la renegociación tendrá un «carácter integral», pues incluiría «todas las reclamaciones denominadas en moneda extranjera contra el sector público venezolano», es decir, se disponen a pagar todo acto de demanda y arbitrariedad, o «reclamaciones privadas» contra la República en los últimos 20 años, las cuales denominan «bonos de deuda», «facturas impagadas a suplidores», «demandas», «arbitrajes» y «expropiaciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por los regímenes de Chávez y Maduro».
Esto indica que, de llevarse a cabo lo redactado por Hausmann, Grisanti y Buchheit, se sometería la soberanía venezolana a los designios de tribunales extranjeros que durante los últimos años han demandado al país con el objetivo de lesionar el patrimonio venezolano, en muchos casos mediante actos espurios.
Dicho de otra forma, en ese escenario tendría lugar, por ejemplo, que Venezuela pague a ExxonMobil nuevos montos exorbitantes luego de que la nación pagara por la nacionalización de sus activos en el año 2007.
El principio que predominaría en esta «renegociación» es el de «reconciliación de pasivos», que «corresponderá al capital impago más los intereses acumulados».
Para cumplir con estas aberrantes dispensas, claramente favorables a factores extranjeros, el documento dictamina que en el escenario del «cese de la usurpación», la Asamblea Nacional deberá crear una Ley Especial de Refinanciamiento de pasivos con una cifra «preliminar» de 140 mil millones de dólares.
Básicamente, estos recursos serían posibles sólo bajo nuevo endeudamiento para, así, pagar deuda vieja, mediante una cifra que casi triplica los haberes del Fondo China-Venezuela, tan criticado por el antichavismo.
Los lineamientos del «Procurador Especial» anónimo infieren que la vía para ese financiamiento será el mercado de bonos y los entes multilaterales, en referencia explícita al FMI.
En efecto, Haussman, Grisanti y Buchheit dejan claro sobre el papel que las autoridades venezolanas deberán solicitar la «asistencia» del FMI para atender la «grave crisis humanitaria» en Venezuela, esto para que dicho ente pueda «desarrollar un programa a largo plazo para la recuperación económica del país».
De hecho, en ese escenario la economía venezolana estará sometida a totalidad a la rectoría del FMI, dado que para todo el proceso de «renegociación» y «reconciliación», «deberán esperar la conclusión de la evaluación que realizará el FMI sobre las condiciones y perspectivas económicas del país». Una declaración abierta de pérdida de la autonomía en los procesos soberanos de reestructuración de deuda.
La metodología parece muy sencilla. Veámoslo de manera más simple.
- Inflan la deuda venezolana cuantificándola hasta ahora en la cifra «preliminar» de 140 mil millones de dólares, catalogando como deuda reclamaciones arteras contra la República y dándolas a lugar.
- Luego, llamar al FMI y a capitales buitres para financiar mediante nueva deuda con altos intereses.
- Luego que el FMI arbitre el proceso de «renegociación» y «reconciliación» con los acreedores.
- Y, en consecuencia, confiscar el relacionamiento financiero del país, proyectándolo al largo plazo al servicio de deudas eternas con dinero pagadero y a beneficio de los lobbys financieros a los cuales Hausmann, Grisanti y Buchheit prestan regularmente sus servicios.
Brillante.
A quienes les pareció escandaloso el robo de Guaidó y su equipo del dinero de la famosa «ayuda imaginaria», les debería sorprender este pretendido descomunal desfalco a la nación si tan sólo entendieran la elegancia de la jerga financiera del referido documento.
ANTECEDENTES Y FORMAS LEGALES
El «gobierno» aéreo y ahora indiscutidamente corrupto de Guaidó sólo ha adquirido forma mediante los auspicios del gobierno estadounidense y algunos de sus países aliados. Pero, al mismo tiempo, dentro de Venezuela, el Parlamento dominado por el antichavismo se ha correspondido a dichas acciones intentando dar cuerpo a una jurisprudencia paralela que da al traste con todas las formas constitucionales de Venezuela.
Es preciso subrayar que, en mayo pasado, la Asamblea Nacional en desacato, y en nulidad de sus actos, aprobó que Juan Guaidó pusiera
mano de los recursos congelados a la nación por orden del Departamento del Tesoro estadounidense para cumplir con el pago de intereses del bono PDVSA 2020 a beneficio de sus acreedores, una buena parte de ellos en suelo estadounidense, y que son además instancias integrantes del séquito financiero norteamericano.
En un acto fuera de las competencias del Parlamento y en un ejercicio de «gobierno ejecutivo» que sólo es posible puertas afuera de
Venezuela (y dentro del circuito propiciado por Washington), Guaidó dispondría de recursos para esos pagos, totalmente a espaldas de la institucionalidad venezolana y sin ningún tipo de control y regulación.
A ese elemento se le suma la noticia que trascendiera en medios venezolanos sobre la suspensión de una demanda contra PDVSA por parte de una Corte del Distrito Sur de Nueva York a solicitud del «gobierno» de Guaidó. Para los promotores de la «jurisprudencia Guaidó», este hecho sentaría un precedente que allanaría la solución de las controversias contra PDVSA y el Estado venezolano en un eventual gobierno antichavista.
Por defecto, es evidente la conexión entre las instancias del gobierno estadounidense y su entramado judicial, con las veladas (o ya no tanto) intenciones de la oposición venezolana en establecer condiciones para efectuar un desmantelamiento ordenado y por vías formales del Estado-nación venezolano en una era post-chavista, dadas las profundas imbricaciones del poder financiero norteamericano como factor de fuerza, y de hecho, sobre la institucionalidad venezolana en ese escenario.
Es indispensable señalar también que son inocultables las acciones de cabildeo de los lobbys financieros norteamericanos sobre la dirigencia antichavista, en una trama que va desde instancias privadas a instancias formales del poder estadounidense.
Esto se delinea desde las gestiones del Departamento del Tesoro estadounidense para ejecutar la asfixia de Venezuela y la superposición del gobierno paralelo. Así como también por las presiones concretas que hacen sus lobbystas para instaurar en Venezuela un régimen draconiano de subordinación, confiscación y carroña financiera a beneficio de las instancias del poder real en el entramado financiero estadounidense.
