Thierry Meyssan (Red Voltaire, 2-7-19)
Venezuela enfrentó un enésimo intento de golpe de Estado durante el fin de semana entre el 21 y el 23 de junio. Después del arresto de los principales participantes, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, explicó en televisión los detalles de lo ocurrido y los planes de los golpistas. Convirtiendo en prioridad informativa la muerte de uno de los organizadores del complot –un personaje que se desmayó en el momento en que, conforme a su categoría de capitán de corbeta de la reserva, era presentado a un juez militar, y que fue trasladado de inmediato a un hospital, donde falleció el mismo día–, los grandes medios de prensa están ocultando los detalles del golpe abortado, que son sin embargo altamente reveladores.
A diferencia de las veces anteriores, los preparativos de este intento golpista se desarrollaron a lo largo de 14 meses… pero durante todo ese tiempo los golpistas estuvieron, sin saberlo, bajo la estrecha vigilancia de un grupo de la inteligencia venezolana formado probablemente según los métodos de los servicios de inteligencia cubanos. En otras palabras, la inteligencia de Venezuela logró infiltrar a sus agentes entre los golpistas, vigiló constantemente –durante 14 meses– sus reuniones, sus comunicaciones (por vía telefónica o informática) y hoy dispone de 56 horas de grabaciones de audio y video, que constituyen pruebas irrefutables de los preparativos del golpe.
Varios de los elementos arrestados ya habían participado en complots anteriores contra el Estado venezolano, de manera que resulta difícil ver la nueva intentona golpista como una operación independiente de las ya organizadas anteriormente por la CIA contra Venezuela.
Un golpe contra el gobierno… y también contra la oposición
Es fundamental señalar, en primer lugar, que el golpe abortado apuntaba contra el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, así como contra el presidente autoproclamado Juan Guaidó ya que los golpistas planeaban poner en el poder a un tercero: el general retirado Raúl Isaías Baduel.
Este último, ex jefe del estado mayor y posteriormente ministro de Defensa del presidente Hugo Chávez, había sido destituido por el propio Hugo Chávez. Baduel se volvió entonces contra Chávez y se puso a la cabeza de la oposición en 2009. Finalmente resultó que Baduel se había apropiado indebidamente de fondos del ministerio de Defensa, por lo que fue juzgado y condenado a 7 años de cárcel. En 2015, se le concedió el régimen de libertad condicional, cuyos términos violó, lo cual le valió ir a la cárcel nuevamente, en enero de 2017, ya bajo la administración del presidente Maduro. Baduel fue imputado entonces por delitos contra la independencia y la integridad de la Nación. Los golpistas habían previsto la organización de un comando armado cuya misión sería sacar a Baduel de la cárcel y trasladarlo a los estudios de la televisión estatal para proclamarlo presidente y anunciar el cambio de régimen.
La intención de proclamar presidente a un tercer personaje confirma la precisión del análisis que adelantábamos hace ya 2 años, señalando que el objetivo de Estados Unidos no es derrocar el gobierno bolivariano para sustituirlo por otro más dócil sino destruir las estructuras mismas del Estado en Venezuela. Para ser todavía más claro, desde el punto de vista de Estados Unidos la mayoría venezolana seguidora del presidente constitucional Nicolás Maduro sólo puede esperar ser destruida… al igual que cualquier fuerza de oposición –incluso proestadounidense– que logre llegar al poder: lo importante para Estados Unidos es destruir el Estado venezolano, como antes destruyó el Estado en Libia.
Los venezolanos que siguen a Guaidó, creyendo que el apoyo de Estados Unidos los llevará a la victoria, ahora tienen ante sus ojos la prueba de que están equivocados. El opositor iraquí Ahmed Chalabi y el opositor libio Mahmud Jibril regresaron a sus países respectivos como parte del equipaje de las tropas estadounidenses. Pero nunca pudieron alcanzar las posiciones que esperaban.
Los análisis clásicos del siglo XX –según los cuales Estados Unidos prefiere poner en el poder a regímenes obedientes– se han vuelto obsoletos en la etapa actual del capitalismo financiero transnacional. Lo que explicamos en los dos párrafos anteriores corresponde al sentido de la doctrina militar Rumsfeld/Cebrowski, en vigor desde el año 2001, doctrina cuya aplicación ya ha devastado el «Gran Medio Oriente» o «Medio Oriente ampliado» y que ahora apunta hacia la «Cuenca del Caribe».
Según las grabaciones de video y audio de las reuniones entre los golpistas en ciernes, no fue Estados Unidos el organizador de la intentona –aunque es probable que la haya supervisado– sino más bien agentes israelíes. Durante los últimos 72 años, la CIA ha organizado una enorme cantidad de «cambios de régimen», mediante «golpes de Estado» o «revoluciones de colores». En aras de incrementar su eficacia, la CIA puede ahora confiar misiones idénticas a varias unidades a la vez, o incluso “subcontratar” la realización de ciertas operaciones. Entre esos “subcontratistas” a menudo se encuentra el Mossad israelí, que a su vez suele trabajar también para muchos otros clientes.
Hace 4 años, Venezuela fue teatro de otro intento de golpe de Estado. Aquella operación incluía varios asesinatos y una manifestación que tomaría por asalto el palacio de Miraflores, sede de la presidencia de la República. La televisora multinacional TeleSUR demostró entonces que aquella intentona estaba dirigida por extranjeros que habían llegado a Venezuela en los días que precedieron los hechos. Eran individuos que no hablaban español y el trayecto que debía seguir la “manifestación” estaba marcado en las paredes de las calles de Caracas con estrellas de David e instrucciones en hebreo.
Israel en Latinoamérica
El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, evitó prudentemente pronunciarse sobre si los israelíes que dirigían el intento de golpe planificado para el 24 de junio trabajaban o no para el Estado israelí. Pero son numerosos los ejemplos anteriores de que una participación de Israel cae dentro de lo posible.
La injerencia de los servicios secretos israelíes en Latinoamérica data de 1982. En Guatemala, el presidente “judeo-cristiano” Efraín Ríos Montt masacró al menos 18 000 miembros de los pueblos originarios. Mientras el general Ariel Sharon invadía el Líbano, el Mossad realizaba en Guatemala –a la sombra del general Ríos Montt– “experimentos sociales” como el que había iniciado desde 1975 en la Sudáfrica del apartheid: la creación de bantustanes para las poblaciones mayas, modelo aplicado a los palestinos después de los Acuerdos de Oslo, firmados en 1994. Contrariamente a la tradicional lectura optimista de los acontecimientos, el hecho que el primer ministro israelí Yitzhak Rabin haya supervisado personalmente los “experimentos sociales” en la Sudáfrica del apartheid no demuestra que Rabin fuese de buena fe cuando se comprometió en Oslo a reconocer un Estado palestino desmilitarizado.
En los últimos 10 años, los servicios secretos de Israel
«autorizaron» la firma «privada» israelí Global CST a dirigir la operación Jaque para liberar –en 2008– a la política colombiana Ingrid Betancourt, rehén de las FARC;
enviaron francotiradores a Honduras para asesinar a los líderes de las manifestaciones contra el golpe de Estado que sacó del poder al presidente constitucional Manuel Zelaya, en 2009;
participaron activamente en el derrocamiento de la presidente brasileña Dilma Roussef, en 2016, interviniendo en el Banco Central de Brasil, en el aparato de seguridad de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y en el Senado brasileño.
Además, el ejército de Israel
tiene alquilada actualmente una base submarina en Chile;
ha enviado miles de soldados israelíes a pasar cursos de 2 semanas en las grandes extensiones de tierra que el magnate Joe Lewis posee en la Patagonia argentina.
