Bruno Sgarzini (Misión Verdad, 10-6-19)
En 2016, un editorial de la revista Time escribió: «Los brasileños lo llaman Super Moro, cantando su nombre en las calles de Río de Janeiro como si fuera una estrella del fútbol. Pero Sergio Moro es solo un juez, aunque uno que enjuicia un escándalo de corrupción tan grande que podría derribar a un Presidente, y tal vez cambiar una cultura de corrupción que ha obstaculizado el progreso de su país».
Ese año, la misma revista nombró al juez Sergio Moro como una de las 100 personas más influyentes del mundo, luego de que ayudara a la caída del gobierno de Dilma Rousseff con la filtración de conversaciones privadas con el ex presidente Lula Da Silva, una modalidad criticada por la Corte Suprema de Justicia de Brasil.
Este domingo, tres años después, Moro emitió un comunicado en el que califica como un «delito de invasión a su privacidad» las filtraciones de The Intercept acerca de la parcialidad de su figura, y los fiscales del caso Lavadero de Autos (conocido como Lava Jato), contra Lula Da Silva y el Partido de los Trabajadores.
«En cuanto al contenido de los mensajes que mencionan, no hay indicios de ninguna anormalidad. El sensacionalismo de los artículos de The Intercept ignoran el gigantesco esquema de corrupción revelado por la Operación Lavadero de Autos», afirmó en un escueto comunicado sobre quizás una de las revelaciones más obvias de los últimos años.
PRIMERA FILTRACIÓN: MORO AYUDÓ A LOS FISCALES A INVESTIGAR CONTRA LULA
El director de The Intercept, Glenn Greenwald, anunció este domingo la filtración de una serie de conversaciones por celulares, a través de Telegram, entre los fiscales del Lavadero de Autos y el juez del caso, Sergio Moro. Greenwald es largamente conocido por haber sido uno de los primeros periodistas en haber accedido a la información revelada por el ex analista de la NSA, Edward Snowden, sobre los sistemas de vigilancia de Estados Unidos a través de Internet.
Mientras que The Intercept, en paralelo a WikiLeaks, se ha convertido en uno de los principales medios receptores de filtraciones de importancia, provenientes de agencias de seguridad del mundo y fuentes anónimas, a pesar de ser duramente criticado en este momento por no resguardar el origen de estas filtraciones, exponiendo a sus fuentes a procesos judiciales por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos.
El medio pertenece a una subdvisión de First Look Media, fundada por Pierre Omidyar, propietario del sitio de subastas eBay, quien financió grupos de «cambio de régimen en Ucrania en cooperación con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y mantuvo relaciones acogedoras con la Administración Obama», de acuerdo a un reporte del portal Pando.
Entre sus filtraciones sobre el «Lava Jato», hay conversaciones en las que el ex juez Sergio Moro le da indicaciones al jefe de fiscales de la causa, Deltan Dallagnol, sobre la investigación judicial contra Lula Da Silva sobre un supuesto departamento que recibió en calidad de soborno por parte de la constructora OAS, a cambio de otorgarle contratos relacionados a la estatal Petrobras.
Según las leyes brasileñas, un juez, en ningún caso, puede participar de una investigación para no poner en juego su imparcialidad. Sin embargo, Moro en las conversaciones con Dallagnol, le adelanta órdenes judiciales, lo incita a buscar pruebas y testigos para hacer más creíble el caso, y le recrimina cuando no ve avances en la investigación.
Las pruebas recabadas contra Lula en las conversaciones del fiscal Dallagnol, además, se plantean como débiles al punto que hasta se lamenta de no poder hacer más. A pesar de eso, un contrato sin la firma de Lula y la confesión del ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, obtenida bajo coacción al estar preso, fueron utilizadas por Sergio Moro para condenar a Lula y sacarlo de la carrera presidencial de 2018 por tener una condena en su contra por corrupción, luego de que ésta fuera ratificada por el Tribunal Federal de Porto Alegre (TOF4), también dirigido por jueces parcializados.
SEGUNDA FILTRACIÓN: LOS FISCALES DEL LAVA JATO CONSPIRAN ABIERTAMENTE CONTRA LULA
En 2018, Lula fue encarcelado luego de que la condena de Sergio Moro fuese ratificada en segunda instancia, a pesar de que la constitución brasileña afirma que ningún ciudadano puede ser apresado sin que su sentencia sea firme en todas las instancias judiciales del país.
La decisión, sin embargo, se basó en un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) de 2016, que permite esto luego de que los fiscales del Lava Jato lo pidieran para tener mayores instrumentos legales de presión contra los acusados para conseguir delaciones premiadas, que permitieran ampliar los casos de corrupción relacionados a la investigación.
«El Lava Jato no debe seguir las leyes del país por ser excepcional», afirmó paradójicamente ese mismo año el Tribunal Federal de Porto Alegre, a cargo de ratificar la condena a Lula en segunda instancia.
Luego de sacarlo de la carrera presidencial, Lula Da Silva atravesó una situación atípica cuando Ricardo Lewandonski, integrante del Supremo Tribunal Federal, permitió que fuera entrevistado en el marco de la campaña presidencial por el diario Folha Do Sao Pablo y El País de España.
El magistrado argumentó que a ningún preso se le puede coartar el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, el entonces presidente del STF, José Dias Toffoli, avaló la decisión de prohibirle a Lula dar entrevistas ordenada por su adjunto, Luis Fux, porque podría «causar desinformación en vísperas de las elecciones presidenciales».
En el lapso entre ambas decisiones, los fiscales del Lava Jato conversaron en un grupo de Telegram acerca de distintas estrategias para impedir que el líder del PT diera entrevistas. «Una entrevista a Lula podría hacer elegir a Fernando Haddad y dar paso al retorno del PT al poder», escribió Laura Tessler, una de las fiscales del Lava Jato. En ese sentido, el jefe del equipo, Dallagnol, pidió «rezar» con un confidente para que eso no sucediera.
Cuando finalmente Dias Toffoli validó la orden de Lux, basada en un pedido del Partido Nuevo, los fiscales bromearon con agradecer personalmente a la fuerza política, después de que especularan con presionar para que la Policía Federal postergara las entrevistas para después de las elecciones. Más allá del hecho de que se supone que los fiscales son neutrales, la decisión de prohibirle a Lula dar una entrevista tuvo el objetivo fundamental de evitar que sus votos se transfirieran a su delfín, Haddad, y beneficiaran a otros candidatos como el actual presidente Jair Bolsonaro.
En la campaña, además, Moro intervino activamente al filtrar la delación de Antonio Palocci, ex ministro de Justicia de Lula, a la par que su esposa participaba en los mítines de Bolsonaro. Los fiscales del Lava Jato, por otro lado, también fueron a marchas anti-PT , y en sus propios perfiles de redes sociales manifestaron sus opiniones políticas. Como es sabido, la operación fue clave para elegir a un Bolsonaro, considerado un outsider de la política, y un Congreso integrado por las figuras más emblemáticas del movimiento anti-PT que surgió del Lava Jato.
EL TRASFONDO DE LAS REVELACIONES
The Intercept anunció que estas filtraciones son las primeras de una serie de conversaciones, que recibieron de una fuente deseosa de compartirlas con un medio de comunicación.
Es por demás evidente que intercepciones de este calibre provienen, por lo general, de equipos de inteligencia privados o estatales con objetivos políticos delimitados. En este contexto, hace unos días, Moro denunció que un hacker intervino su teléfono y ordenó, implícitamente, que el hecho fuera investigado.
Las conversaciones filtradas forman parte de un largo striptease de hechos que desnudan la naturaleza del Lava Jato, esencialmente una operación dirigida por un juez, Sergio Moro, formado en cursos de liderazgo del Departamento de Estado y lucha contra la corrupción en Harvard, una Policía Federal con nexos con los organismos de seguridad de Estados Unidos, un ejército de fiscales también con la misma trayectoria de Moro, y una Procuradoría de la República que, en investigaciones como la de Odebrecht, trabajó codo a codo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A este entramado, por supuesto, se le suman medios de comunicación y periodistas a cargo de popularizar las bondades de la lucha contra la corrupción.
Más allá de la obviedad, y la repetición hasta el hartazgo en esta tribuna, la tesis que se refuerza es que el cáracter de esta operación geopolítica fue instalar en Brasil una tecnocracia que sacara a la clase política-empresarial del manejo de los recursos naturales de Brasil.
Con el estilo de una operación híbrida, el Lava Jato posibilitó que grandes jugadores globales de Brasil, como Petrobras, Odebecht, Embraer y la trasnacional de carne JBS (entre otras), terminaran cediendo gran parte de sus acciones, y valores de mercado, frente a los bancos y compañías de Estados Unidos, en una política de saqueo y pillaje bastante alejada del principio de libre comercio que «promueve» Washington.
En esta dirección, el nombramiento de Sergio Moro como ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, según Brian Winter de American Quarterly, revista del influyente Consejo de Las Américas fundado por David Rockefeller, «tiene como objetivo la aprobación de reformas anti-corrupción para evitar retrocesos en el Lava Jato como sucedió en Italia con la Operación Manos Limpias por no haberla blindada con importantes leyes».
En lenguaje sencillo: la tarea de Moro es posibilitar que la estructura transnacional injertada por Estados Unidos en Brasil perdure más allá del futuro del Lava Jato.
Sin embargo, poco ayudan los tumbos que da el gobierno de Bolsonaro, inmerso en una confrontación interna entre sus distintas fracciones, que involucra a Moro.
En ese sentido, el propio presidente brasileño lanzó un pacto nacional ante la necesidad de aprobar una reforma provisional, exigida por los bancos internacionales en el marco de una política económica que apunta a la privatización de recursos y precarización de la vida de los brasileños. En este contexto, hasta miembros del Supremo Tribunal Federal, al igual que de la Procuradoría de la República, plantean investigar las revelaciones y hasta revertir decisiones del Lava Jato.
Pese a los pedidos de libertad de Lula, Brasil ha llegado a un nivel de impunidad tal que todo hace creer que el mismo Sergio Moro podría aparecer con las manos llenas de sangre al lado de un hombre muerto con signos de haber sido golpeado, y los medios afirmar que el fallecido, en realidad, intentó ser auxiliado por el noble ex juez Sergio Moro.
Lo lamentable es que justamente el éxito de la operación se reduce a que, en lo cultural, logró instalar un laborario de control social basado en la lucha contra la corrupción, que promueve, aún con dificultades, un régimen de excepción para saquear a Brasil como si fuera una mina de Potosí en pleno siglo XXI.
Lula, en ese sentido, ahora parece ser una pelota que cada una de las facciones en guerra se tiran entre ellas, para ver si con eso pueden sacar una tajada mayor del botín.
