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El bloqueo económico de EE.UU. contra Cuba: Manipulaciones históricas y evolución reciente (1)

Escrito por Debate Plural

José Luis Rodríguez (Cubadebate, 5-6-19)

 

El inicio de la ruptura del dominio total que Estados Unidos ejercía sobre la economía cubana con el triunfo revolucionario del 1º de enero de 1959, fue el factor decisivo para que –a partir de ese mismo momento- se iniciaran acciones encubiertas en contra del Gobierno Revolucionario cubano.

Desde un inicio se hizo prácticamente imposible negociación alguna que permitiera una relación civilizada entre Cuba y el vecino del norte, a partir del no reconocimiento por Estados Unidos del gobierno cubano como estado soberano y por tanto, en igualdad de derechos con el gobierno norteamericano.

Una lectura neocolonial de las relaciones con Cuba –que se inició en el siglo XIX-, no ha dejado de estar presente desde el propio año 1959 en los dirigentes de Estados Unidos y junto a ella ha primado la decisión de producir un eufemístico “cambio de régimen” en Cuba, que no ha sido más que la voluntad de destruir la Revolución.

De este modo, las agresiones norteamericanas –incluyendo la invasión militar mercenaria de Girón en 1961- se han sucedido en los últimos 60 años, utilizando desde los métodos del terrorismo más brutal y el apoyo a las bandas de contrarrevolucionarios en los años 60, hasta el soft power o track II como parte de la guerra mediática y diversionista que se inició en los años 80, hasta el bloqueo económico, que ha permanecido vigente en el arsenal de medidas contra Cuba desde el propio año 1959, aunque el mismo fue aprobado oficialmente en febrero de 1962 por el presidente Kennedy, mediante la Orden Presidencial Nº 3447.

En la actualidad, cuando parecía que ya se agotaba el arsenal de  medidas para fortalecer el bloqueo a Cuba, la administración de Donald Trump se propuso activar el título III de la Ley Helms-Burton aprobada en 1996 por el congreso de Estados Unidos, la cual tuvo como antecedentes inmediatos la coyuntura negativa que supuso el Período especial para el pueblo de Cuba. Para ello se han reeditado las mismas mentiras contenidas en las bases que argumentan dicha ley y que hoy pretenden revalidarse.

Es por ello que una breve revisión histórica resulta indispensable para revelar la verdadera naturaleza de la medida que ahora impulsa el gobierno norteamericano.

En efecto, al desaparecer los países socialistas en Europa la economía cubana entró en la crisis más profunda que debió enfrentar el país desde 1959.

Lógicamente esto no pasó inadvertido para los que diseñaban el bloqueo contra nuestro país.

El impacto de la crisis –denominada en Cuba como el Período especial en tiempo de paz, el cual se proclamó en agosto de 1990 resultaría brutal. En efecto, el PIB cayó sin parar un 34,8% entre 1989 y 1993 y el país comenzó a aplicar una estrategia basada en el enfrentamiento a la crisis al menor costo social posible, reinsertando la economía en las nuevas condiciones internas y externas que emergían, contando para ello con el consenso político indispensable entre la población.

En medio de esas circunstancias, se aprobó en Estados Unidos la Ley Torricelli (Ley para la Democracia Cubana) en octubre de 1992. Mediante esta disposición el gobierno de Estados Unidos prohibió nuevamente las exportaciones a Cuba de las compañías subsidiarias norteamericanas en terceros países, que había sido inicialmente aprobada por la administración de Gerald Ford en 1975.

De forma simultánea en 1992 Cuba presentó por primera vez un proyecto de resolución a la Asamblea General de la ONU titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, el cual fue aprobado por 59 votos a favor y 3 en contra con 71 abstenciones.

Al respecto es importante registrar que esta resolución se ha aprobado desde entonces todos los años en Naciones Unidas, alcanzando en 2018 189 votos a favor y solo 2 en contra (Estados Unidos e Israel). Sin embargo, Estados Unidos –que solo ha conseguido cuando más 4 votos en contra en 26 años-, se niega a aceptar la voluntad mundial expresada casi unánimemente de forma sistemática en la ONU.

A partir de un gran esfuerzo, sin financiamiento externo y con una estrategia económica y social flexible, Cuba logró frenar la caída del PIB en 1994 y comenzó nuevamente a crecer, logrando –entre otros elementos positivos- la entrada de inversión extranjera directa de forma significativa en sectores como el níquel, el tabaco, el turismo, el sector energético y las telecomunicaciones entre los más importantes, todo lo cual llevó a una nueva Ley de la Inversión Extranjera aprobada por el parlamento cubano en septiembre de 1995.

En esta coyuntura y para enfrentar la gradual atracción al capital extranjero de la economía cubana y el inicio de su proceso de recuperación, se aprobaría en 1996 una nueva ley que –por sus implicaciones hasta el presente- es necesario examinar con cierto detenimiento.

El gobierno de Bill Clinton desde sus inicios había retomado la política del “soft power” o “track II”en la política hacia Cuba, por lo que había optado por desarrollar un nivel de penetración ideológica y cultural en el país, unido al estímulo a la disidencia contrarrevolucionaria interna. Esta política –complementaria a las presiones del bloqueo económico ya existente- se desarrollaba a los efectos de erosionar la base de apoyo de la Revolución en las circunstancias críticas del Período especial, logrando así supuestamente el derrocamiento del gobierno cubano.

La política de Clinton fue obstaculizada en todo lo posible por un congreso dominado por el partido Republicano, que observaba con incredulidad como Cuba iba remontando el Período especial y reclamaba medidas más duras contra Cuba. De tal modo, Jesse Helms paso a presidir el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presentando una agenda de 10 puntos para modificar la política exterior del gobierno de Bill Clinton, donde se privilegiaba el caso de Cuba.

Ya en 1995 fue elaborado un proyecto de ley por el senador Jesse Helms y el representante Dan Burton, ambos gozando de un expediente de anticomunistas y ultraderechistas en toda su trayectoria. Para esta tarea contarían con el apoyo total del lobby anticubano del Congreso, que integraban personajes como Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz-Balart y Bob Menéndez.

Fue así que se elaboró el proyecto de Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática, conocida como Ley Helms-Burton el cual estaba en punta para ser votado a inicios de 1996, pero que contaba con la oposición inicial del gobierno demócrata.

a que fue dejado al presidente de Estados Unidos para definir las relaciones con Cuba fue empleado por Bill Clinton para continuar aplicando el track II en el resto de su mandato. De tal modo, en el año 2000 hizo que el congreso aprobara la Ley de Reforma a las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones que permitió la exportación de productos agrícolas y medicamentos, -presumiblemente bajo presiones del lobby agrícola norteamericano- pero en condiciones totalmente restrictivas, ya que se exigía el pago por adelantado, sin créditos posibles, el transporte debía hacerse en barcos de EEUU y no se podía pagar en dólares. Adicionalmente –como parte de las concesiones a los congresistas anti cubanos- una disposición contenida en esta ley prohibía el turismo de los estadounidenses en Cuba.

Producto de esta ley las importaciones cubanas de Estados Unidos alcanzaron un máximo de unos 712 millones de dólares en el 2008, descendiendo desde entonces hasta solo 307 millones en el 2017.

Avanzando en el camino de la confrontación, a partir del 2001 la administración de George Bush hijo introdujo nuevamente una grupo de medidas punitivas contra Cuba, probablemente ante el “insuficiente” impacto de la Ley Helms Burton -así valorado por los republicanos- para acabar con el gobierno cubano.

De tal modo, en el año 2004 a solicitud del presidente, se elaboró por el Departamento de Estado el Informe de la Comisión para Asistir a una Cuba Libre, con el objetivo de “…identificar medios adicionales para poner fin rápidamente al régimen cubano.” En este documento se incluía un detallado plan a aplicar por Estados Unidos -una vez que se lograra el derrocamiento del gobierno cubano- con el objetivo de reimplantar el capitalismo dependiente en Cuba, bajo la dirección de un coordinador nombrado por el gobierno norteamericano.

En este documento destaca la reducción de las autorizaciones para viajes a Cuba –con una redefinición inédita del concepto de familia para los cubanoamericanos, que solo podrían viajar una vez cada tres años- así como una disminución de las remesas a enviar al país. También resaltan una serie de medidas encaminadas a fortalecer el bloqueo a Cuba y la persecución acrecentada a inversionistas y financistas extranjeros por parte de la OFAC.

En otro giro de la situación, en marzo del 2009 las restricciones para viajar a Cuba fueron modificadas por el presidente Obama, aunque no cambió la esencia de la política de bloqueo contra Cuba.

De tal forma, las medidas adoptadas por el gobierno de EE. UU. entre el 2009 y el 2014 reflejaron un nuevo impulso a la política del track II ya desarrollada por Clinton en los años 90, todo ello en un ambiente más favorable hacia Cuba, que se reflejó en un conjunto de decisiones –que si bien no afectaron esencialmente el bloqueo-, mostraron una mayor distensión en las relaciones entre los dos países.

Este ambiente alcanzó un punto culminante con el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para iniciar un proceso de normalización de las relaciones entre los dos países que se alcanzó el 17 de diciembre del 2014 y que conduciría al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE.UU.

Resulta de importancia en este punto registrar el reconocimiento por parte de Obama de la inviabilidad del bloqueo para producir un cambio en el sistema político cubano, lo que se reflejó en su discurso Sobre el Estado de la Unión de enero de 2015, cuando expresó: “Cuando uno hace algo que no funciona durante cincuenta años, es hora de probar algo nuevo. Nuestro cambio de política en relación con Cuba tiene el potencial de poner punto final a un legado de falta de confianza en nuestro hemisferio; desmorona una excusa ficticia para imponer restricciones en Cuba; defiende los valores democráticos; y extiende una mano de amistad al pueblo cubano. Y este año, el Congreso debería iniciar el trabajo de poner fin al embargo.”

En el período de la presidencia de Obama, se firmaron 22 acuerdos, se produjo una flexibilización de los viajes a Cuba, se autorizó el establecimiento de vuelos directos de las líneas aéreas, se adoptaron decisiones para estimular el sector privado en el país, se mejoraron las comunicaciones y –al mismo tiempo- se mantuvo la ofensiva política e ideológica en el terreno de los derechos humanos y el sistema político cubano, entre otros aspectos, al tiempo que se incrementaban las multas aplicadas por la OFAC por  “traficar con activos cubanos” a bancos e instituciones financieras en todo el mundo, pero –especialmente- a entidades francesas, las cuales alcanzaron 14 397 millones de dólares en esos años.

La proyección de esta estrategia se reflejó en la Directiva Presidencial de Política. Normalización entre los Estados Unidos y Cuba, emitida por Obama en octubre del 2016. Una visión más clara y evidente del track II a través de este documento resalta cuando se plantea en el mismo:

“Nuestra política está diseñada para apoyar la capacidad de los cubanos de ejercer sus derechos humanos universales y libertades fundamentales, con la expectativa de que un mayor comercio ofrezca a un segmento más amplio de la población cubana la información y los recursos necesarios para lograr un futuro próspero y sostenible. En la consecución de estos objetivos, no estamos tratando de imponer un cambio de régimen en Cuba; estamos, en cambio, promocionando valores que apoyamos en todo el mundo respetando al mismo tiempo que corresponde al pueblo cubano tomar sus propias decisiones sobre su futuro.

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