Juan Bolivar Diaz (Hoy, 23-5-19)
En medio de un sórdido debate provocado por la desmesura de grupos corporativistas que se quieren mantener en el poder por encima de la Constitución y la ambición de retornar de otros que pretenden retenerlo hasta el bicentenario de la República, es decir por 25 años más, asistimos a un nuevo capítulo de la eterna recurrencia al nacionalismo hipócrita y de circunstancias.
Ahora las huestes del presidente Danilo Medina reaccionan indignadas rechazando la “injerencia” del senador norteamericano Bob Meléndez, por haber dirigido una carta a su secretario de Estado solicitándole poner en juego los mecanismos diplomáticos para evitar que el actual mandatario vuelva a reformar su propia Constitución para mantenerse en el poder.
La extrema reacción nacionalista ya le ganó el respaldo del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien además se adscribió a la defensa de la democracia, diciendo que la Constitución “es un documento sagrado donde quedan plasmadas no sólo las leyes de la nación, sino también las aspiraciones de un pueblo, por lo que siempre debe ser respetada”.
Pero resulta que la iniciativa de Meléndez, rechazada por los nacionalistas de ahora, es defendida por los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, persistentes protagonistas del más acendrado nacionalismo, que han alegado soberanía hasta para despojar de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos.
Los soberanistas nacionalistas de ayer, como los de hoy están equivocados, porque hace muchos años que la tradicional concepción de soberanía quedó subordinada a la defensa y vigencia de los derechos humanos fundamentales y a los preceptos democráticos. Ahí están los numerosos tratados y convenciones internacionales que han relativizado los viejos conceptos de soberanía defendidos a conveniencia desde las extremas izquierdas a las extremas derechas.
Además de los tratados internacionales, en este continente tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y más recientemente la Carta Democrática Interamericana, y de ambas la República Dominicana es suscriptora. Estamos obligados con la defensa de los derechos humanos y democráticos por encima de todas las fronteras, lo que no incluye el uso de la fuerza en que tantas veces ha incurrido Estados Unidos. Pero es hipócrita alegar nacionalismo ante cualquier pronunciamiento en defensa de principios democráticos.
En nuestra historia contemporánea abundan las gestiones de apoyo y solidaridad internacional en defensa de la libertad y la democracia, desde posiciones de izquierda, centro y derecha, desde 1961 cuando se aplaudieron las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos bajo hegemonía norteamericana al régimen de Trujillo. Y 6 meses después de ajusticiado el tirano, una delegación política viajo a Washington para pedir a Estados Unidos que mantuviera las sanciones y retuviera el pago de la cuota azucarera dominicana hasta que se garantizara la democracia. La encabezaron los líderes de la conservadora Unión Cívica y del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio Viriato Fiallo y Manolo Tavarez Justo, éste último consagrado antiimperialista. Eso nada tiene de parecido a la actitud vergonzante de los que en 1965 pidieron la invasión militar norteamericana, la defendieron o la toleraron.
Después de eso sobran los ejemplos: José Francisco Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, a nombre del PRD, fueron a Washington y a los cenáculos de la Internacional Socialista en los años 70, reclamando y obteniendo solidaridad con las luchas democráticas. En 1978 el entonces primer ministro de Portugal, Mario Soares, desfiló en una manifestación perredeísta en la campaña electoral, y la “injerencia” de Estados Unidos, Venezuela y la Internacional Socialista impidió que Balaguer desconociera la voluntad popular en ese año.
Leonel Fernández, a nombre del PLD, buscó solidaridad en Estados Unidos en ocasión de los fraudulentos comicios de 1990, y lo repitieron los perredeístas en el curso del trauma electoral de 1994. Ambos partidos han solicitado reiteradas veces activos observadores internacionales para las elecciones. En la noche del 16 de mayo del 2004 el PLD llevó al cuerpo diplomático a la Junta Central Electoral bajo la falsa versión de que el coronel Pepe Goico se estaba robando las urnas y que había un golpe de Estado en marcha. Y para colmo el expresidente Lula de Silva vino al país para apoyar la reelección de Danilo Medina en el 2016, y este utilizó el respaldo de la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff.
Lo ideal es que nunca fuera necesaria esa “injerencia” internacional.-
