Eduardo Tamayo G. (Kaosenlared, 24-5-19)
Este acercamiento con Estados Unidos tiene varias consecuencias. El gobierno del Ecuador comienza a actuar contra la integración regional, a pesar de ser un mandato constitucional. Así, con la salida de Ecuador de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de los Pueblos (ALBA-TCP) en agosto de 2017, se produce un alejamiento de los gobiernos progresistas. Luego, para debilitar a UNASUR, cuyos Consejos venían operando con normalidad a pesar de no existir un Secretario General, el gobierno pidió la devolución del edificio-sede del organismo que fue construido por Rafael Correa en la Mitad del Mundo en Quito, como símbolo de la integración suramericana, para entregarlo para el funcionamiento de una universidad indígena. Este proceso nefasto concluyó en marzo de 2019, cuando el Canciller Valencia anunció la salida de Ecuador de UNASUR, convirtiéndose en el segundo país en adoptar dicha acción. En paralelo, el país se incorpora a una iniciativa apoyada por los gobiernos de derecha de la región, que denominan PROSUR. Además, con presión de los sectores empresariales del gobierno, Ecuador solicitó su ingreso a la Alianza del Pacífico, en alineamiento con los intereses hegemónicos de Estados Unidos.
De igual manera, en la relación con Venezuela, Ecuador va adoptando la misma línea que la del gobierno estadounidense. Luego de expulsar a la Embajadora de Venezuela de Quito, Carol Delgado, pasa a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro y, a pesar de pronunciarse por el diálogo para resolver la compleja situación, se suma a los países que reconocen como “presidente interino” a Juan Guaidó. El gobierno ecuatoriano también se distancia de Bolivia, y convoca a su embajador para que regrese a Quito, mientras mantiene un duro discurso contra Nicaragua.
Un caso insólito que muestra el cambio profundo en la política exterior, es la entrega en abril 2019 de Julian Assange a las autoridades británicas, que son autorizadas por el gobierno ecuatoriano para ingresar a su Embajada en Londres, para que arrastren a Assange fuera de la sede, en la que había recibido asilo desde 2012. Con esta acción, el gobierno de Moreno entrega a una persona que estaba en protección internacional, cuya vida corre peligro, para cumplir con los intereses del Reino Unido, y sobre todo, de Estados Unidos, que persigue a Assange por haber difundido a través de la red WikiLeaks, información que revela atroces violaciones de derechos humanos cometidas por EEUU.
¿Aires de libertad?
Los grandes medios de comunicación corporativos se han alineado con el gobierno de LM, lo respaldan, esconden sus deficiencias y nula labor, pero sobre todo dan amplia cobertura a las denuncias que involucran a Correa y sus exfuncionarios, mientras ignoran o minimizan los supuestos casos de corrupción del gobierno de LM y sus allegados. Pero esto no es gratuito, lo hacen porque han recibido jugosas franjas publicitarias del Estado, han conseguido que se reforme la Ley Orgánica de Comunicación, con lo cual se suprime la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático y las normas deontológicas, se disminuye del 33% al 10% el porcentaje de frecuencias para los medios públicos y, lo más grave, a las medios privados que tenían sus concesiones de frecuencias vencidas se les otorga títulos habilitantes por 15 años. De esto se han beneficiado 210 emisoras de radio y televisión privadas.
Las concesiones a los medios corporativos ha venido acompañadas con el debilitamiento de los medios estatales que se formaron durante el gobierno anterior (por ejemplo, se suprime la Agencia Andes), al tiempo que se nombra a periodistas de derecha para dirigir El Telégrafo, El Tiempo, EcuadorTV y Radio Pública, que rápidamente cambian de línea editorial, convirtiéndose en voceros de la política gubernamental.
Mientras se habla de diálogo y de que en el “Ecuador se respiran aires de libertad”, se excluía de los medios estatales a destacados intelectuales y periodistas críticos y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) despedía al profesor Fernando Casado por expresar opiniones que no gustan a las esferas oficiales.
En esta misma línea de persecución, la radio pública Pichincha Universal del Consejo Provincial de Pichincha es silenciada durante más de un mes, tras ser elegida prefecta de la provincia Paola Pabón de la Revolución Ciudadana. Se hostiga también al portal EcuadorInmediato.com a través de una denuncia de la Presidencia de la República, por supuestamente haber violado derechos de propiedad intelectual.
Todo esto ha dado como resultado que en el país se vaya imponiendo el “pensamiento único” de corte neoliberal y que las voces discrepantes hayan migrado y se expresen en las redes digitales con todas sus potencialidades, contradicciones y limitaciones. En Ecuador, parafraseando al historiador inglés Eric Hobsbawm, se viven “tiempos difíciles”.
