“No está la mesa servida”, dijo LM al referirse a la situación económica que heredó del gobierno de Correa que ciertamente, luego de un periodo de estabilidad y crecimiento registrado entre 2006 y 2014, entró en un difícil periodo derivado de la baja de los pecios del petróleo, el terremoto de Manabí de abril de 2016, el pago de indemnizaciones a transnacionales (Oxy, Chevron) que le ganaron juicios al Estado ecuatoriano y otros factores, que el obligaron a endeudarse e incluso a recurrir al aval del FMI para obtener préstamos.
Al finalizar el 2017 y los primeros meses del 2018, sin embargo, la economía dio muestras de recuperación y se esperaba que las cosas mejoraran bajo la conducción del Ministro de Economía y Finanzas Carlos de la Torre, y del equipo económico del gobierno anterior, que proponía limitar las importaciones, incrementar aranceles para bienes de consumo suntuario, revisar el crédito tributario para las exportadores, proseguir con la política de los impuestos progresivos.
Sin embargo, los banqueros, grandes empresarios y economistas ortodoxos presionaban para que el gobierno de LM se decidiera por las políticas neoliberales (control del gasto fiscal, medidas para atraer el capital extranjero, exoneración de impuestos, achicamiento del Estado, alza de los combustibles, firma de tratados de libre comercio) que, según ellos, eran la única opción para “salir de la crisis que nos dejó el correismo”.
Y LM descartó otras alternativas y cedió a las presiones, y definitivamente enrumbó al país por la vía neoliberal entregando la conducción de la política económica al economista Richard Martínez.
Sin tiempo que perder, Martínez adoptó medidas para favorecer a los grandes grupos económicos que controlan la economía del país. Una de ellas fue la remisión de intereses y utilidades por un monto superior a los 4500 millones que básicamente benefició a un puñado de grandes deudores: transnacionales petroleras, las transnacionales telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los contrabandistas de licores.
Unos meses después, el gobierno de LM llegó a un acuerdo con el FMI para financiar el presupuesto estatal por un monto de 4200 millones de dólares, un poco menos de la cantidad perdonada a los grandes grupos económicos, acuerdo que no ha pasado por la aprobación de la Asamblea Nacional como manda la Constitución.
“En la carta de intención detallan que el objetivo principal del gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del sector público no financiero, en un 5% del PIB durante los próximo tres años. Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador. La receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo), achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales – especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector externo”.
Los resultados del manejo fondomonetarista de la economía a cargo de los representantes empresariales no tienen buenos augurios. Según el Banco Mundial, entre 2006 y 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PIB de 4,3%, en cuyo período, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5%. El crecimiento del PIB en promedio % entre 2015 y 2018 sólo fue del 0,6. Para 2019, la economía ecuatoriana crecerá en un 0,1% en 2019, de acuerdo con las últimas proyecciones, presentadas el 4 de abril del 2019, por el mismo Banco Mundial.
A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo para Ecuador las perspectivas de crecimiento y prevé que este 2019 el PIB real del país cierre en -0,5 %, mientras que para 2020 estima que será del 0,2 %, según un último informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales.
Otros datos son igualmente preocupantes: en el primer trimestre de 2018 alrededor de 504 mil personas adicionales pasaron a la condición de pobreza (luego de que en los 10 años previos 1.7 millones de habitantes salieron de la pobreza) y, de ellas, unas 185 mil más pasaron a la de pobreza extrema. En ese mismo semestre, las cifras de empleo adecuado se redujeron en 9.2%, una severa caída de más de 300 mil personas que explica gran parte el súbito aumento de la pobreza.
Nuevamente arrodillados
Los retrocesos más grandes del gobierno morenista se producen en el campo de la política exterior, que deja atrás más de diez años de una política nacionalista y soberana, en defensa de los intereses de los ecuatorianos.
Ahora se ha abierto paso a una política de sujeción y sometimiento a los intereses geopolíticos, económicos, militares y estratégicos de Estados Unidos, particularmente desde la salida de María Fernanda Espinosa de la Cancillería, y el nombramiento de José Valencia, un diplomático de carrera. Así, el Tío Sam retorna a Ecuador, luego de una década de distanciamiento, y pretende recobrar la influencia perdida en su “patio trasero”. Para EEUU ha sido fundamental recuperar esta relación, debido, entre otros factores geopolíticos, a la presencia de gobiernos progresistas que impulsaron procesos de integración que pretendían posicionar a América Latina y el Caribe como una región con intereses propios y diferenciados respecto a otros bloques y potencias. También preocupa a Washington la creciente presencia e influencia de la República Popular China y de Rusia en la región, por lo cual pretende retomar el control.
En este contexto, se produce un creciente relacionamiento del gobierno de Lenín Moreno con diplomáticos y funcionarios del gobierno de EEUU. Esto se evidencia en la activa y nutrida agenda intervencionista que mantiene el embajador Todd Chapman, cuya presencia es insólita en la Presidencia, la Cancillería, los diferentes ministerios, en la apertura del reciente proceso electoral para gobiernos seccionales que se realizó en febrero del presente año, así como en el inicio del nuevo “Diálogo Nacional” convocado por el gobierno de Moreno.
Este acercamiento se consolida con la visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el 27 de junio de 2018, para hablar de seguridad, libre comercio y Venezuela. Con esto se avanza en acuerdos de carácter militar, que es uno de los aspectos que más le interesa a EEUU, dentro de su estrategia de control geopolítico de la región. La crisis de la frontera Norte a principios de 2018, sirvió como pretexto para que las agencias de inteligencia y el Comando Sur de Estados Unidos metan sus narices en el país. En efecto, al producirse el secuestro y asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio en la frontera norte, el gobierno ecuatoriano recurrió al apoyo del FBI para la investigación del caso del equipo periodístico mencionado, para lo cual autorizó su actuación dentro del territorio ecuatoriano.
El 2 de agosto de 2018, se concreta la apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre Ecuador y Estados Unidos, que asegura que el Ecuador compre equipos, armamento y tecnología del complejo industrial-militar de Estados Unidos. Según el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, dicha oficina entra en funcionamiento, por disposición presidencial y autorización de Cancillería y Defensa. Esta OCS es el canal para asegurar el adoctrinamiento bajo el comando estadounidense, mediante cursos y capacitaciones en EEUU; mantener la dependencia en la tecnología y equipamiento estadounidense, particularmente de comunicaciones; y, dificultar los procesos de integración suramericana en materia de defensa. Por otro lado, luego de 11 años de ausencia, el Ecuador participó en el Ejercicio Multinacional de Maniobras Militares (UNITAS), organizado por EEUU. A esto se suma el regreso de militares ecuatorianos al Colegio Interamericano de Defensa, donde participan junto a policías en un curso de un año de duración, que sirve para inculcarles la doctrina de defensa y seguridad hemisférica.
Adicionalmente, desde septiembre de 2018, el avión de inteligencia Orión P3 de EEUU realiza sobrevuelos en los mares y fronteras ecuatorianas, operando desde Guayaquil. Según el Ministro de Defensa Jarrín, Estados Unidos no sólo apoya en temas de seguridad, sino en la aplicación de viajes de reconocimientos, de toma de fotografías y de sensores. El objetivo de estos vuelos será retomar todas las actividades de la Base de Manta, según Jarrín: “Lo importante es reconocer que todo lo que hacía, en su época, la base, lo puede hacer ahora un solo avión, es por el avance de la tecnología que tiene solamente con la capacidad de una potencia como Estados Unidos”.
También ha llegado bajo la bandera de “ayuda humanitaria”, el buque hospital, USNS Comfort, que inició visitas en Esmeraldas. Si bien realiza atención médica, ésta se enmarca en la misión de la Armada de EEUU de “mantener, entrenar y equipar para el combate a las fuerzas navales, capaces de conseguir la victoria de la guerra, disuadir agresiones y mantener la libertad en los mares”.
Cabe recordar que el gobierno de Rafael Correa dio por terminado el convenio para el uso de la Base de Manta por militares estadounidenses en 2009 y expulsó en 2014 al Grupo Militar de Estados Unidos en Ecuador, que representaba al Comando Sur en el país, para garantizar su posicionamiento geoestratégico y mantener la relación continua con las Fuerzas Armadas.
Con la justificación de la “cooperación” y el apoyo humanitario, fuerzas militares estadounidenses retornaron al Ecuador después de una década de haber sido expulsadas. Evidentemente la Asamblea Nacional debía conocer y aprobar este tipo de cooperación militar, por cuanto implica la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano, hecho expresamente prohibido por la Constitución.
Por otro lado, los acuerdos con Estados Unidos en el campo económico incluyen la negociación de un Tratado de Libre Comercio, el retorno de la USAID que salió de Ecuador en 2014, así como del Instituto Ecuatoriano Norteamericano, que funciona ahora en un local público cedido por el exalcalde de Quito, Mauricio Rodas.
Quizás el caso más emblemático es la presión del gobierno de EEUU para que la justicia ecuatoriana desestime la sentencia de las cortes ecuatorianas contra la empresa Chevron, por el daño causado en la Amazonía ecuatoriana durante la explotación petrolera irresponsable que llevó a cabo esta transnacional. El gobierno ecuatoriano ha preferido favorecer los intereses extranjeros antes que las demandas justas de los pobladores amazónicos que han ganado este caso en todas las instancias, pues ya tiene una sentencia ratificada por la Corte Constitucional. Chapman ha señalado que este es uno de los puntos “irritantes” que se deben resolver, para avanzar en la relación comercial y militar.
