Thierry Meyssan (Red Voltaire, 21-5-19)
Redistribución de las cartas entre la Casa Blanca y el Pentágono
Las elecciones parlamentarias estadounidenses del 6 de noviembre de 2018 privaron al presidente Donald Trump de la mayoría republicana que lo respaldaba en la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata planteaba entonces la destitución del inquilino de la Casa Blanca como algo inevitable.
Por supuesto, Donald Trump no había hecho nada que justificara tal medida. Pero un ambiente de enfrentamiento histérico oponía a los dos componentes de Estados Unidos, exactamente como en tiempos de la Guerra de Secesión. Hacía 2 años que los partidarios de la globalización económica seguían la llamada «trama rusa» y esperaban que el fiscal independiente Robert Mueller demostrara que el presidente Trump había incurrido en el delito de alta traición.
Robert Mueller siempre había hecho prevalecer los intereses del Estado federal estadounidense sobre la Verdad y el Derecho. En el momento del atentado de Lockerbie, perpetrado en 1988, fue Robert Mueller quien inventó la «pista libia», basándose en una evidencia que la justicia escocesa invalidó posteriormente. Fue también Robert Mueller quien afirmó, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que 19 terroristas musulmanes habían secuestrado 3 aviones de pasajeros, a pesar de que en las listas de pasajeros no aparecían los nombres de ninguno de aquellos terroristas. Sus conclusiones sobre la «trama rusa» se sabían desde antes de que iniciara su famosa investigación.
Así que Donald Trump negoció su supervivencia política con el Estado Profundo. No tenía otra opción. Y las partes decidieron que se aplicara el plan Rumsfeld-Cebrowski, a condición de que Estados Unidos no se viese implicado en una gran guerra. A cambio de ello, el fiscal independiente Robert Mueller cambió de casaca y eximió al presidente Trump de las acusaciones de traición.
Los halcones aprovecharon la oportunidad para imponer el regreso de los neoconservadores. Ese grupúsculo trotskista neoyorquino, conformado alrededor del American Jewish Committee (AJC), había sido reclutado en el pasado por el presidente Ronald Reagan y transformó el ideal de la «revolución mundial» convirtiéndolo en el principio del «imperialismo estadounidense mundial». A partir de entonces, los neoconservadores –hoy republicanos y mañana demócratas– participaron en todas las administraciones estadounidenses, sin importar la tendencia política del inquilino de la Casa Blanca. La única excepción había sido –hasta ahora– la administración Trump, que sin embargo no había expulsado a los neoconservadores de las agencias de las agencias cuyo control se les había entregado: la National Endowment for Democracy(NED) y el United States Intitute of Peace (USIP).
Fue así como, el 25 de enero de 2019, el expediente de Venezuela en el Departamento de Estado cayó en manos de Elliot Abrams, cuyo nombre ha estado asociado a todo tipo de mentiras de Estado y de sucias manipulaciones. Este personaje fue uno de los arquitectos de la operación Irán-Contras, en 1981-1985, y de la guerra contra Irak, en 2003. Desde que se le puso a cargo del tema venezolano, Elliot Abrams ha venido trabajando con el mando militar de Estados Unidos para Latinoamérica (el SouthCom, que los latinoamericanos designan como el “Comando Sur”) con vista a derrocar al presidente constitucionalmente electo de Venezuela, Nicolás Maduro.
Nosotros conocemos tanto la estrategia Rumsfeld-Cebrowski –por haber visto durante 15 años su aplicación en el Gran Medio Oriente– como la versión que de ella hace el Comando Sur en un documento del 23 de febrero de 2018 redactado por el almirante Kurt Tidd, documento que la periodista y escritora argentina Stella Calloni reveló en mayo de 2018. Lo que está sucediendo en Venezuela corresponde claramente a la aplicación de la “versión SouthCom” de la estrategia Rumsfeld-Cebrowski.
El fracaso de Estados Unidos en Venezuela
El fiasco de la operación estadounidense contra Venezuela, con el descubrimiento de la traición del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y el fracaso de la intentona golpista que ese general improvisó precipitadamente el 30 de abril, ante la inminencia de su arresto, demuestra la poca preparación del Comando Sur, o más bien su desconocimiento de la sociedad venezolana. El aparato de Estado estadounidense, a pesar de haber tenido por delante todo un semestre, no ha sido capaz de hacer trabajar juntas a sus diferentes agencias y a las personas que tiene en el terreno. Mientras que, a pesar de la desorganización del país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) mostró estar dispuesta a defenderlo.
El reconocimiento anticipado que Washington, los países miembros del Grupo de Lima (con excepción de México) y los aliados europeos de Estados Unidos se apresuraron a conceder a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en lugar de Nicolás Maduro, hunde al bando estadounidense en una serie de problemas insolubles. España fue el primer país en inquietarse al verse privado de un interlocutor con quien tratar los problemas de los venezolanos residentes en suelo español y de los numerosos españoles que residen en Venezuela. Nunca antes, ni siquiera en tiempo de guerra, hubo un país que se negara a reconocer la legitimidad de un presidente constitucionalmente electo ni a reconocer su administración.
En pocas semanas, Washington robó una parte fundamental de los activos venezolanos en el extranjero, exactamente como lo había hecho en 2003 contra el Tesoro iraquí, en 2005 contra el Tesoro iraní y en 2011 contra el Tesoro libio. Exceptuando a los iraníes, después de la firma del acuerdo 5+1 (JCPOA), los pueblos propietarios de esos fondos nunca han logrado recuperarlos. Los gobiernos de Irak y Libia fueron derrocados y sus sucesores han tenido especial cuidado en no llevar la cuestión ante ningun tribunal. Pero la República Bolivariana de Venezuela sí ha reclamado sus derechos y Estados Unidos se ve ahora en una postura muy difícil de justificar.
A menor escala, será interesante ver cómo va a manejar Washington el problema de la embajada de Venezuela en la capital estadounidense. Después de la ruptura de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana y Estados Unidos, miembros de varios grupos pacifistas –legalmente autorizados por el gobierno legítimo de Venezuela– se instalaron en la sede de la embajada venezolana en Washington para impedir que el edificio fuese ocupado por el “representante” del presidente autoproclamado Juan Guaidó. Aunque las autoridades estadounidenses les cortaron la luz y el agua, los defensores de la embajada se mantuvieron firmes. Cuando los partidarios de Guaidó cercaron el edificio y comenzaron a impedir que los defensores recibieran comida del exterior, el pastor afroestadounidense Jesse Jackson acudió personalmente a la embajada para entregar a los defensores alimentos y botellas de agua. Finalmente, agentes del Servicio Secreto estadounidense penetraron ilegalmente en la embajada y arrestaron a las últimas 4 personas que la defendían… pero ahora Washington no sabe cómo justificar sus propias acciones, violatorias de la Convención de Viena sobre las sedes diplomáticas.
