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La enésima teoría del Washington Post para explicar el fracaso del golpe de Estado en Venezuela

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Escrito por Debate Plural

Peter Bolton (Counterpunch, 21-5-19)

 

Cuando van a cumplirse cuatro meses desde el intento de golpe de Estado en Venezuela, los analistas de los medios de comunicación occidentales en manos de corporaciones se estrujan la cabeza para explicar por qué los planes de Washington para derribar al gobierno de Nicolás Maduro no han llegado a materializarse. Es evidente que ni siquiera se han planteado las razones reales de dicho fracaso. Va más allá de sus posibilidades mentales considerar la persistente popularidad de los programas del fallecido Hugo Chávez y los recelos pertinaces de grandes sectores de la población –o el profundo rechazo que provoca en la inmensa mayoría de los venezolanos (y de los latinoamericanos) la posibilidad de una intervención militar de EE.UU. en su país.

En vez de eso, tanto los marionetistas de Washington que diseñaron el golpe de Estado como sus títeres de los medios mayoritarios han estado pergeñando excusas cada vez más disparatadas para explicar el estrepitoso fracaso del intento de golpe de Guaidó. La teoría más utilizada ha sido la de que el régimen de Maduro se “sostiene” gracias al apoyo de Rusia, China y Cuba. Esta versión se ha expuesto de maneras cada vez más extravagantes, como la reciente afirmación de Mike Pompeo de que Maduro había estado a punto de abandonar el país antes de que Rusia le convenciera de lo contrario.

Ahora, el editorialista del Washington Post, notorio belicista y perturbado fabricante de conspiraciones Jackson Diehl ha elaborado la más reciente teoría para explicar el fracaso del golpe: el llamado “Cártel de los soles”. Según Diehl, esta organización clandestina está formada por “algunos de los más altos cargos del régimen de Maduro”. Según sus palabras, “la organización envía cientos de toneladas de cocaína colombiana desde aeropuertos venezolanos hasta América Central y El Caribe para su posterior distribución en Estados Unidos y Europa”. Además, acusa al gobierno de Maduro de cometer desfalcos en las cuentas utilizadas para importar alimentos y medicinas, así como de “corrupción en la compraventa de divisas”. Según este señor, “el gobierno de Maduro no sería tanto un gobierno –y menos un gobierno socialista– como una banda criminal” y afirma que “el dinero que obtiene de sus actividades delictivas le sirve de soporte para sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos”.

Las únicas fuentes que proporciona para justificar dichas afirmaciones son un artículo de Associated Press de septiembre de 2018, que informa de una acusación no comprobada efectuada por un miembro de escaso rango del Departamento del Tesoro de EE.UU.; un artículo de enero de 2019 del Wall Street Journal, en el que informa de otra denuncia igualmente sin demostrar del mismo departamento; y un vínculo a uno de los propios artículos del Washington Post publicado en 2015. Dejando a un lado la auto-cita, las acusaciones del Departamento del Tesoro a duras penas pueden considerarse pruebas fidedignas. Se trata, al fin y al cabo, de una rama del gobierno de EE.UU., una institución que ha intentado desestabilizar al gobierno chavista desde que tomó el poder. Además, la Administración Trump, ante la que responde en la actualidad, ha sido el principal promotor del intento de golpe de Estado y no oculta que detrás de sus intenciones están los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses (1).

Larissa Costas va aun más lejos al plantear que la idea del cártel dirigido por el gobierno venezolano podría ser un montaje de principio a fin. En febrero de 2017, afirmaba en un artículo (2) que:

“Aunque abunda información en los medios de comunicación, al Cártel de los Soles no se le ha incautado ni un sólo gramo de drogas, ni ha aparecido ningún distintivo de la organización en ningún decomiso, ni se le ha atribuido ni una sola muerte. Existen dos opciones: o es el más inofensivo de los cárteles o sencillamente no existe”.

Esta última posibilidad parece confirmarse porque las distintas investigaciones acometidas por Washington sobre miembros del gobierno de Maduro no han dado pie a acusaciones reales o incluso a conclusiones claras. En enero de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia (DdJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) lanzaron una investigación conjunta sobre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros cargos principales del gobierno venezolano. Pronto empezaron a circular las noticias que se hacían eco de estas acusaciones, incluso la de que Cabello era el “capo” del “Cártel de los soles”. (Nótese el uso que hacen aquí de un término de la mafia que parece sacado de las películas de El Padrino).

Pero hoy día, cuatro años después desde que se lanzara esa acusación, ni la DEA ni el DdJ han acusado formalmente a ninguno de los supuestos implicados ni, por supuesto, ningún tribunal les ha considerado culpables. Sin embargo, los grandes medios de comunicación siguen repitiendo las acusaciones como si fueran incuestionables. En mayo de 2018, por ejemplo, Insight Crime publicó un artículo titulado “El narcotráfico en el régimen de Venezuela: El Cártel de los soles”3, en el que afirmaba estar en posesión de “documentos que implicaban a altos cargos del gobierno venezolano, del pasado y del presente, en el tráfico de cocaína”. Pero en lugar de ofrecer al lector esta supuesta montaña de pruebas, los autores se limitaban a citar a un funcionario anónimo del Departamento de Justicia como fuente de la información.

Al igual que ocurre con el Departamento del Tesoro, resulta difícil creer al Departamento de Justicia cuando las sucesivas administraciones en Washington han estado intentando socavar los gobiernos chavistas a partir de la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Desde la implicación de la CIA y la Administración Bush en el intento de golpe de Estado de 2002 y en el paro petrolero de PDVSA de 2002-2003 hasta el actual intento de golpe y las sanciones económicas, Washington ha utilizado todo tipo de métodos para intentar un cambio de régimen, primero de manera encubierta y luego con absoluto descaro.

Pero las cosas van más lejos. De hecho, parece que estas dudosas acusaciones de tráfico de drogas son parte fundamental del intento de cambio de régimen. Y eso se debe a que se utilizan como justificante de las sanciones promulgadas por Washington para debilitar al régimen al enviar señales poco disimuladas al capital internacional para que abandone Venezuela. En segundo lugar, las sanciones y acusaciones se usan a su vez para debilitar al régimen y estimular las deserciones hacia el bando opositor respaldado por EE.UU. No hay mejor caso para ilustrar esta realidad que el del general venezolano retirado Hugo Carvajal. En julio de 2014, cuando Carvajal fue puesto en libertad en Aruba, Reuters informaba de que él había negado categóricamente los cargos de EE.UU. que le acusaban de comercio ilegal y apoyo a las guerrillas izquierdistas de Colombia. Pero en febrero de 2019, a escasas semanas del intento de golpe de Estado, Carvajal dio un giro de 180 grados y acusó a Maduro y a su círculo más íntimo de participar en el narcotráfico. Esto ocurrió justo después de que Trump amenazara abiertamente a los militares leales a Maduro con “tener todas las de perder”, al mismo tiempo que Guaidó ofrecía amnistía a quienes se pasaran a su bando. Parece que Carvajal reaccionó ante esta mezcla de amenaza e incentiva del palo y la zanahoria que Estados Unidos había puesto en marcha como parte de su arsenal para el cambio de régimen. La cuestionable validez de sus afirmaciones queda demostrada por su repetición del mantra utilizado con frecuencia por Washington en el sentido de que los oficiales de Maduro están cortejando al grupo “militante” libanés Hezbolá.

Esta afirmación ha sido enérgicamente desenmascarada por Richard Vaz, que señala que los medios mayoritarios como la CNN que trasmiten estas acusaciones utilizan exclusivamente la fuente del Departamento del Tesoro o, peor aún, de personajes como [el senador republicano] Marco Rubio. Vaz señala también lo absurdo de sostener que Tarek el Aissami (actual vicepresidente venezolano para el área económica) es el mediador de algún tipo de alianza chií trasatlántica liderada por Irán, cuando el propio Aissami ni siquiera es musulmán, sino hijo de inmigrantes drusos libaneses, nacido en Venezuela, donde ha pasado toda su vida.

Si estuviéramos en una situación normal, no sería necesario ir más lejos para desacreditar la afirmación de Diehl. Pero América Latina no es un lugar normal y las relaciones de Estados Unidos con la región no constituyen una relación normal. Además de la escasez de pruebas que sostengan su afirmación, está la cuestión del doble rasero que subyace bajo la superficie. No cabe duda de que Diehl pretende que la supuesta implicación del gobierno de Maduro en actividades delictivas justifica las acciones intervencionistas de Washington y sus representantes sobre el terreno. Pero si observamos detenidamente el pasado y presente de la región, se constata la existencia de un montón de flagrantes narcoestados que Washington no solo ha ignorado sino que ha financiado y armado hasta los dientes. No es casualidad que dos de ellos sean aliados incondicionales y otro lo fuera hasta hace bien poco. Me refiero, claro está, a Colombia, Honduras y México. Para nadie es un secreto que Colombia ha sido un narcoestado durante la primera década de este siglo. Incluso algunos documentos de inteligencia desclasificados de Estados Unidos denuncian los estrechos lazos del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. Un informe desclasificado de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), por ejemplo, describe a Uribe como “amigo íntimo” de Pablo Escobar y la “colaboración con el cártel de Medellín a altos niveles del gobierno”. Otro informe de inteligencia datado en 1993 y desclasificado en 2018 afirma que un senador colombiano declaró a funcionarios de la embajada de EE.UU. en Bogotá que el cártel de Escobar había financiado la campaña electoral de Uribe para el senado colombiano. A pesar de tener en sus manos dicha información, Washington financió con generosidad al gobierno de Uribe mediante el Plan Colombia para organizar las llamadas campañas “antidroga”, que sirvieron para tapar ofensivas brutales contra activistas defensores de los derechos laborales e indígenas y para desplazar a comunidades campesinas. El nivel de implicación de los cárteles de la droga colombianos en el Estado fue desenmascarado en más claramente por el “escándalo de la para-política”, por el que 32 congresistas colombianos y 5 gobernadores fueron condenados por su complicidad con grupos paramilitares de extrema derecha. Estos grupos, por cierto, han sido los principales protagonistas del narcotráfico colombiano, empequeñeciendo la participación de grupos guerrilleros de izquierda como las FARC y el ELN.

El recientemente concluido juicio contra Joaquín Guzmán, alias “El Chapo” ha desvelado una historia parecida en México. Alex Cifuentes, narcotraficante que testificó contra el Chapo en dicho tribunal afirmó que el expresidente mexicano Peña Nieto recibió un soborno de Guzmán por valor de 100 millones de dólares. La periodista de investigación mexicana Anabel Hernández hace tiempo que sostenía esa complicidad del Estado mexicano con los grupos de narcotráfico, complicidad que se extiende hasta los estamentos más altos, incluyendo la presidencia, algo que aparentemente confirma el testimonio de Cifuentes. Al igual que ha ocurrido con Colombia, Estados Unidos no solo ha hecho la vista gorda ante esta situación, sino que ha financiado generosamente al gobierno mexicano para que desarrolle “campañas antidroga” mediante la Iniciativa Mérida. Y, de nuevo, estas campañas proporcionaban una tapadera para brutales violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por último, vamos a fijarnos en Honduras, el ejemplo más contemporáneo y, en muchas formas, más flagrante de narcoestado aliado de Estados Unidos. Desde que Estados Unidos orquestó un golpe contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya en 2009, hay signos cada vez más claros de que Honduras ha degenerado hasta convertirse en un narcoestado con todas las de la ley. En enero del año pasado, por ejemplo, salió a la luz que un jefe nacional de policía facilitó personalmente una entrega de cocaína por valor de 20 millones de dólares en 2013. En noviembre de 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue arrestado en Miami acusado de tráfico de drogas. Cuando este artículo entraba en imprenta, salió a la luz el testimonio que ofreció a la DEA en el que presuntamente admitía tener relaciones con diversos narcotraficantes conocidos así como aceptar sobornos. Incluso según la publicación antes mencionada Insight Crime; “El conocimiento pormenorizado de las actividades de algunos de los más prominentes barones de la droga hondureños hace que cada vez sea más difícil para el presidente Juan Orlando Hernández negar estar en conocimiento de estos actos”.

El propio presidente ya se ha enfrentado con anterioridad a acusaciones de estar involucrado en el tráfico de drogas a través del excapitán del ejército Santos Rodríguez Orellana. Al igual que ocurre con Colombia y México, Washington no solo no ha aplicado ninguna sanción punitiva a Honduras por estos motivos, sino que ha contribuido generosamente a financiar sus fuerzas de seguridad a pesar de su historial brutal de violaciones de los derechos humanos.

Es preciso observar que los tres países recién mencionados han sido estrechos aliados de Estados Unidos durante las últimas décadas, y que tanto Colombia como Honduras continúan siéndolo, mientras que México comienza a alejarse tras la elección del presidente progresista Manuel López Obrador. No es ninguna coincidencia. Mientras un país sirva a los intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos, este no solo pasará por alto su realidad de narcoestado sino que colaborará con él y será cómplice en sus violaciones de los derechos humanos. Pero Jackson Diehl no escribirá sobre nada de esto. Porque como obediente portavoz de la Doctrina Monroe, debe promulgar fielmente la indignación selectiva que sostiene todo su montaje de propaganda justificativa. Dado el historial de Washington en toda la región, que Venezuela sea realmente un narcoestado o no lo sea deja de tener importancia. Más bien se trata de credibilidad. Y cuando se trata de imparcialidad en su tratamiento de los estados latinoamericanos, Washington carece de la más mínima.

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