Guillermo Moreno (D. Libre, 15-4-19)
En un comentario radial que realizo los martes en la tarde de cada semana, a propósito del aumento del salario mínimo que demandan los trabajadores, relaté el caso de Emma Batista, humilde mujer, madre soltera de dos hijos. Emma tiene un salario nominal de 18 mil pesos mensuales. Con ese ingreso, Emma hace frente a todos los gastos para la subsistencia de ella y de sus hijos: transporte, alimentación, salud, educación, energía eléctrica, vivienda, ropa, entre muchas otras.
Es evidente que con ese ingreso, Emma no puede cubrir sus necesidades básicas y las de sus hijos. Cuenta que muchos días, se acuestan sin cenar y al levantarse tampoco pueden desayunar, siendo frecuente que solo hagan una comida al día.
Hay que pensar en las penurias de Emma cuando alguno se enferma, pues, como siempre repite, “los pobres no tenemos derecho a enfermarnos.”
Emma habla así de su situación y ella desconoce que es una privilegiada en este país, no solo porque tiene un empleo sino porque además percibe un salario de 18 mil pesos mensuales.
Que en esta sociedad, Emma sea una privilegiada nos da una idea de la gravedad del drama social que padece la inmensa mayoría de dominicanos. Por debajo de Emma hay millones de desempleados o “buscándosela” soplando pompas de jabón en un semáforo, y otros que, a pesar de recibir un salario regular, éste no le garantiza, a él y su familia, satisfacer sus necesidades básicas.
Para poder justipreciar adecuadamente el salario tenemos necesariamente que referirlo a la canasta básica familiar y así poder medir, más allá del monto nominal, su valor real, esto es, cuantas de sus necesidades básicas puede el trabajador satisfacer con él. Cuando el salario le permite satisfacerla todas, y más, digamos que tiene un salario holgado. Cuando está por debajo de sus necesidades básicas, es un salario precario o de hambre pues no garantiza propiamente la reproducción física del trabajador.
En el país se han establecido varios niveles de canasta básica familiar en correspondencia con los diferentes niveles de estratificación social.
Para un primer nivel se ha establecido una canasta básica que ronda los RD$15,000. Un segundo los RD$ 20, 000.00, un tercero los RD$ 25 mil y un cuarto se ubica en RD$32 mil pesos.
Por su parte, de modo general el salario mínimo en el sector privado es el siguiente: en las grandes empresas es de RD$15,447.60, en las medianas empresas de RD$10,620; en las pequeñas empresas es de RD$9,411.60.
Como puede apreciarse, en la actualidad, solo en las grandes empresas el salario mínimo se iguala al costo de la canasta familiar básica más baja, esto es de 15 mil pesos. Es importante saber que más del 70% de la fuerza laboral percibe salarios por debajo de los quince mil mensuales.
El aumento de un 30% que reclaman los trabajadores significaría que el salario mínimo, en las grandes empresas pasaría a ser de RD$20,081.88; en las medianas de RD$13,806 y en las pequeñas empresas de RD$12,235.08.
Es decir, que aún con el aumento del 30% solo los trabajadores de las grandes empresas tendrían un salario que le permitiría acceder al costo de la canasta familiar básica correspondiente al segundo nivel.
Constituye pues, una verdadera inequidad la oposición del empresariado al aumento en un 30% del salario mínimo o condicionarlo a la reclasificación de las empresas o a la eliminación de la cesantía.
¿Qué significa que una economía como la dominicana, todos los años exhiba un crecimiento en promedio por encima del 5% y las empresas tengan un sostenido aumento de la productividad del trabajo y al mismo tiempo el salario real se mantenga a los niveles de la década del 1990, muy por debajo de la canasta básica familiar? Significa una sola cosa: que esa economía lo que hace es concentrar cada vez más la riqueza al tiempo que reproduce la pobreza. La mejor evidencia está en que desde el año 90 solo ha habido movilidad social en un 2% de la población.
La demanda de aumento salarial es de justicia. Las ganancias que obtienen las empresas es el producto, por un lado, del capital que invierte el empleador, y por el otro, del trabajo que invierte el trabajador. No es posible, que el resultado de esas dos inversiones, capital y trabajo, se quede en una sola mano. Por derecho el trabajador debe recibir por lo menos el salario que le permita reproducir su fuerza de trabajo y una vida digna.
Incluso, la oposición al aumento del salario mínimo contradice toda racionalidad económica. Quienes más se van a beneficiar de este aumento son los propios empleadores pues los trabajadores lo utilizarán para el consumo, dinamizando la económica y las empresas tendrán mayor demanda de mercancías.
Ninguna conquista la han alcanzado los trabajadores en un comité de salarios oficial, siempre ha sido manifestándose y haciendo valer sus derechos. Esta vez no será diferente. Si los trabajadores no luchan y no toman las calles, de seguro no conquistarán este aumento del salario mínimo en el porcentaje que corresponde.
La masiva marcha realizada por los trabajadores el pasado miércoles 10, al Palacio Nacional, fue una muy buena señal, en la dirección correcta.
