Guillermo Moreno (D. Libre, 25-3-19)
Los estragos que está causando la sequía en el país ponen en evidencia la irresponsabilidad de quienes nos han gobernado y la ausencia de las adecuadas políticas públicas para la producción, almacenamiento y uso eficiente del agua.
En el 1944, año del centenario de la fundación de la República, se produjo una sequía que es equiparable a la actual. En las décadas que siguieron se registran dos más con esta severidad: una en el 1967 y otra en el 1997.
Si bien la sequía se produce por factores climáticos sobre los que no tenemos control, ésta responde a ciclos más o menos previsibles que permitirían prepararnos para reducir sus efectos, una vez detectada su ocurrencia.
Solo si comenzamos a tomar las necesarias medidas para, en el mediano y largo plazo, instaurar una real política nacional de agua es que crearemos las condiciones, no solo para satisfacer nuestras necesidades de agua, sino para poder enfrentar periodos de sequía sin que estos produzcan, como sucede ahora, la muerte de miles de reses, afectación de la producción agrícola y, sobre todo, sin que escasee para el consumo humano.
El primer nivel de una política nacional de agua se contrae a desarrollar las capacidades de producir agua de forma regular en las cantidades que demanda el país. Para ello, el país necesita proteger, de los 88 millones de tareas que comprende nuestro territorio, por lo menos los 33 millones de tareas que representa el área boscosa. Hay que entender que preservar esos 33 millones de tareas boscosas es lo que asegura la soberanía hídrica, la que a su vez garantiza el abastecimiento de agua para el consumo humano, para la producción agropecuaria, la industria y de energía eléctrica.
Actualmente, el mayor obstáculo para la producción de agua es la deforestación. Solo el ritmo que lleva el acelerado proceso de expansión de la frontera agrícola, en perjuicio de los parques nacionales y áreas protegidas, es responsable de un 55% de la deforestación. Ahí están los casos de Valle nuevo, Sierra Bahoruco, Los Haitises, Sierra de Neyba, entre otros. Por su parte el corte de madera y la producción de leña y carbón es responsable de un 26% de la deforestación, lo que se verifica principalmente en las provincias fronterizas y sus vecinas: Pedernales, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago. Un 12 % corresponde a la construcción de infraestructura y urbanizaciones y un 7% a los incendios. A esto hay que agregar la amenaza actual de varios proyectos mineros en la alta montaña como es el caso de San Juan y de Loma Miranda.
El país requiere de sistemas de almacenamiento que permitan disponer de agua durante todo el año, incluyendo importantes reservas para los periodos de sequía y de otros eventos del clima.
El almacenamiento de agua existente en el país es insuficiente. Por un lado, se requieren de mucho más presas, especialmente medianas y pequeñas, focalizadas en los territorios que tienen escasez y que así lo requieren. Además, la depredación de las áreas boscosas y la deforestación de las riberas de los ríos impiden que el agua de lluvia se capte, almacene y llegue de forma natural al cause del río el que en la mayoría de los casos está diezmado por la extracción de agregados. Todo esto hace que los periodos de lluvia se traduzcan en inundaciones en zonas agrícolas y urbanas; que se arrastren grandes cantidades de sedimentos que van a parar al fondo de las presas, disminuyendo su capacidad de almacenamiento y de que se produzcan, en cortos periodos, grandes precipitaciones de agua que obligan al desfogue de las presas evitando un mejor aprovechamiento.
Ahora bien, de nada sirve producir el agua y almacenarla para luego desperdiciarla o contaminarla.
La ineficiencia en la administración del agua en el país se constata tanto en lo que respecta al consumo humano como en la que se destina a la actividad agrícola.
Refería, la pasada semana, el director de la CAASD, Alejandro Montás, que esa institución suministra al Gran Santo Domingo la cantidad de 369 millones de galones por día. Teniendo un galón 3.78 litros, eso equivale a 1,391 millones de litros por día. Es decir, se está aportando al Gran Santo Domingo 450 litros por día por persona, cuando el estándar es de 150 litros. Hay pues un desperdicio de 300 litros de agua diarios por persona y a pesar de ello centenares de sectores no reciben agua o lo hacen de forma precaria. O dicho de otro modo, si estos 1,391 millones de litros diarios fueran manejados de forma eficiente, se podría satisfacer el consumo de agua de 9,298,800 personas en razón de 150 litros de agua por día.
Hay que añadir que en la agricultura, el dispendio de agua es aún mayor. Dado que el sistema de riego en el país es principalmente por inundación, no por goteo, se estima que solo se aprovecha un 10% del agua servida desperdiciándose un 90 %.
El nuevo liderazgo que oportunamente dirija el país tiene que asumir el compromiso de definir y ejecutar una Política Nacional de Agua que actúe simultáneamente en por lo menos estos 3 ejes: Producción, almacenamiento y uso eficiente del agua.
