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Venezuela y la resistencia a la expansión de EEUU en el continente (1)

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Escrito por Debate Plural

Eduardo Mernies (Sin Permiso, 13-4-19)

 

Análisis  

Un objetivo estratégico fundamental de EEUU, es la destrucción de la estructura de la sociedad, en aquellos estados donde quiere apoderarse de su riqueza y recursos naturales. En este momento, Venezuela se constituye en la clave, porque tiene los recursos que quiere, pero también porque es sostén para otros proyectos políticos.

Como gran objetivo del imperialismo norteamericano, la mira parece estar puesta en la triada “Venezuela-Cuba-Nicaragua”.

Paralelamente, está claro el interés en derrocar al gobierno popular de Bolivia, y ya hay algunos gestos desde actores del Senado norteamericano. Y por supuesto, Uruguay sería también un objetivo, fundamentalmente por lo emblemático. Estos últimos (Bolivia y Uruguay) constituyen los faros de la izquierda en la región sur del continente.

Está muy claro que, detrás de todo esto y en términos generales, está la Doctrina Monroe.

En cuanto a la estrategia de EEUU, la misma se basaría en los tres niveles de conflicto, según la teoría de Max Manwaring, en su desarrollo de la doctrina moderna de la guerra. Estos son: a) Amenaza interna a la estabilidad política b) generación de descontento popular por necesidades insatisfechas, y c) agresión militar por la vía de la ocupación, bajo la excusa de la ayuda humanitaria. El periodista Ben Norton realiza una denuncia, basado en una publicación de Wikileaks de un “Folleto de Guerra no convencional” de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército (ARSOF en inglés), en cuanto al uso de armas financieras.

La doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt

A comienzos del siglo XX, Estados Unidos afirma su doctrina Monroe y el presidente Theodore Roosevelt emite el Corolario de 1904, justificando así sus intervenciones en América Latina y el Caribe.

«Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos».

Este corolario representa una nueva interpretación de la doctrina Monroe, afirmando que, si un país latinoamericano o caribeño, bajo la influencia de EE.UU. amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, el Gobierno de EE.UU. estaba obligado a intervenir en los asuntos internos de ese país, para “reordenarlo”, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. Bajo la política del “Gran Garrote” se legitimó el uso de la fuerza como medio para defender los intereses en el sentido más amplio de los EE.UU., lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en todo el continente.

En tal sentido, Roosevelt postulaba que los desórdenes internos de las repúblicas latinoamericanas constituían un problema para el funcionamiento de las compañías comerciales estadounidenses establecidas en dichos países, y que en consecuencia los Estados Unidos debían atribuirse la potestad de restablecer el orden, primero presionando a los caudillos locales con las ventajas que representaba gozar del apoyo político y económico de Washington (hablar de manera suave), y finalmente recurriendo a la intervención armada (el Gran Garrote), en caso de no obtener resultados favorables a sus intereses militares.

Tesis de Lester Mallory (o corolario Mallory de la doctrina Monroe)

El 6 de abril de 1960, un documento producido por Lester Mallory (Secretario Asistente de la Secretaría de Estado para asuntos interamericanos) instruye con precisión la política a desarrollar en adelante por las administraciones de EEUU, con el objetivo de aniquilar la Revolución Cubana.

La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) No existe una oposición política efectiva (…) El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales, con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.

Este documento fue denunciado por el canciller cubano Bruno Rodríguez, ante la XIX Asamblea General de la ONU (ocasión en que fue votado el reclamo de cese del bloqueo a Cuba, con 187 votos a favor, 3 abstenciones y el voto contrario únicamente de EEUU y su aliado Israel).

La doctrina colonialista contra Venezuela

John Elliston define guerra psicológica como una serie de “operaciones planteadas para enviar información seleccionada a determinadas audiencias, para influir en sus emociones, motivaciones, razonamientos, y en la conducta de gobiernos, organizaciones o individuos”.

Por su parte, Iturbe y Sotolongo, definen la subversión político-ideológica (SPI) como “una modalidad en la actividad del enemigo dirigida a actuar sobre las conciencias de las personas, grupos, sectores de la sociedad o la población, con el propósito de inducirlos a adoptar conductas o realizar acciones que apunten en la dirección de revertir el sistema socialista”. [Néstor García Iturbe y Osvaldo Felipe Sotolongo “Subversión político-ideológica made in USA”].

Esta definición, pensada en el análisis de la guerra de EEUU contra Cuba socialista, aplica totalmente a muchos otros casos de ofensiva contra los proyectos alternativos de nación y, muy particularmente, al caso de Venezuela:

  • Las operaciones sutilmente grotescas (valga el contrasentido), como Dólar Today y el desabastecimiento de alimentos y artículos de necesidades básicas
  • Medidas como el Decreto Obama y acciones mediáticas como la caracterización del gobierno legítimo bajo el título de “régimen” y luego “dictadura”.
  • Las acciones más inhumanas y violatorias del derecho internacional, como el bloqueo económico y la usurpación de fondos y reservas internacionales propiedad de Venezuela.
  • las más violentas, desde las guarimbas al reciente sabotaje informático de escala nacional.

La operación en el escenario internacional

El frente internacional de esta operación imperialista contra Venezuela, se apoyó en la Secretaría General de la OEA, la Unión Europea y el fabricado grupo de Lima, focalizado en las acusaciones más diversas contra el gobierno de Venezuela, el desconocimiento de la legitimidad de Maduro como Presidente, aunque nunca obtuvieron los votos suficientes para activar acciones previstas en los organismos internacionales reales.

Legitimidad de Maduro como Presidente

¿Quiénes cuestionan la legitimidad de Maduro como Presidente de Venezuela?

No lo cuestiona la ONU, ya que no fue votado ni por la Asamblea General ni por el Consejo de Seguridad.

No lo cuestiona la OEA, ya que no ha contado con los votos suficientes para adoptar las resoluciones que activen los mecanismos previstos en sus normativas, léase aplicación de carta democrática.

No lo cuestiona el conjunto de la oposición venezolana, ya que los partidos con mayor intención de voto participaron del proceso electoral mediante el cual Maduro resultó electo Presidente.

No lo cuestiona el pueblo venezolano, ya que no existe un movimiento u organización popular y de masas que esté enfrentando al gobierno.

Lo cuestiona el Secretario General de la OEA, sin haber obtenido hasta ahora el respaldo suficiente en la Asamblea, conforme a sus disposiciones, que valide sus acciones individuales y desmedidas, sin representar al organismo y claramente sin representar la voluntad expresa y pacifista de la mayoría de las naciones que la integran.

¿Con qué autoridad cuestionan la legitimidad de Maduro como Presidente de Venezuela?

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, excede sus competencias al asumir una posición que no es la de sus representados, es decir la mayoría calificada de los países miembros.

Desde que asumió su cargo en la OEA, la mitad de las resoluciones adoptadas tienen que ver con cuestiones administrativas y de manejo de recursos. Del resto, prácticamente todas las resoluciones son sobre Venezuela y contra Venezuela y su gobierno. Esto expresa un inocultable ensañamiento, que no es una cuestión emocional, sino que tiene motivaciones políticas, no mandatadas por el conjunto de naciones que integran la OEA, sino particularmente por una de ellas: EEUU.

Y esto podemos afirmarlo porque, si existiese una motivación personal genuina, basada en la indignación por las presuntas faltas de libertades públicas, violaciones a los derechos humanos y causas humanitarias, gobiernos ilegítimos o elecciones irregulares, habría arremetido en su momento contra gobiernos en Paraguay, Honduras, Brasil, Colombia, Haití. ¿Qué es lo que tan disímiles países tienen en común? Sus gobiernos son amigos y aliados de EEUU.

El otro que cuestiona, obviamente, el llamado grupo de Lima, que algunos han llamado Cartel de Lima, y que el Canciller uruguayo Nin Novoa muy bien definió como “un grupo de amigos”, sin autoridad ni personería jurídica, cuyas resoluciones carecen de valor alguno.

Cuando los medios masivos de comunicación, ejerciendo su poder hegemónico para imponer una falacia, hablan de la “comunidad internacional”, parece importante desmenuzar esta idea genérica y amorfa.

En nuestro continente, lo que estos medios nombran como tal, se trata apenas de los países que se han “juntado” en esa suerte de reunión de los que piensan lo mismo, pero cuya autoridad moral para cuestionar a otros es muy discutible. Tomaremos apenas algunos ejemplos:

3 gobiernos que desconocen a Maduro: Colombia (Duque fue votado por un 27% del electorado, en un contexto de violencia, asesinatos semanales de militantes y dirigentes opositores y atentados contra candidatos opositores); Paraguay (Mario Abdo fue votado por un 28,3%, en un proceso electoral signado por las denuncias de compra de votos y fraude); y Honduras, cuyo presidente surge de elecciones escandalosamente fraudulentas.

3 países que reconocen a Maduro: México (Andrés Manuel López Obrador fue electo con un 53,2% de los votos válidos, un 33,7% del electorado; Bolivia (Evo Morales fue electo con un 57,8% de los votos válidos, y un 50,8% del electorado; Uruguay (Tabaré Vázquez fue electo con el 56% de los votos válidos, un 47% de electorado).

Esta comparación nos deja dos observaciones:

La primera, la sustancial diferencia en los porcentajes de participación y abstención, cuando el voto no es obligatorio.

La segunda, Nicolás Maduro contó con mayor porcentaje de votos válidos y también mayor respaldo porcentual sobre el total de su electorado, en comparación con aquellos 3 presidentes (Duque, Abdo y Hernández), que se atreven a cuestionar su legitimidad.

Hasta aquí, el delito y la evidencia. Falta el móvil, el motivo: este se sustenta en el Corolario de Roosevelt y los intereses, fundamentalmente, están en las reservas de petróleo que Venezuela tiene y EEUU quiere para sí.

 

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