José Luis Ríos Vera (Kaosenlared, 2-4-19)
Con el objetivo de “atraer inversiones”, Bolsonaro y Guedes solicitaron el apoyo de Trump para que Brasil ingrese a la OCDE. El magnate asintió a condición de que Brasil renuncie a su tratamiento especial y diferenciado de que los “países en desarrollo” disfrutan en la OMC como medidas de protección para estas economías. Consecuentemente, al renunciar a éstas, el país quedaría más expuesto y vulnerable a las importaciones, negociaciones comerciales, competencia con mercados de países desarrollados, además que vería desaparecer los programas existentes de estímulo a industrialización, ciencia y tecnología. Según se sabe, ningún país “en desarrollo” renuncia a las cláusulas de este tratamiento especial.
Más aún, con su renuncia, Brasil da la espalda a los países en desarrollo, entre los que destacan los BRICS, a quienes Estados Unidos ha buscado arrancar dicho tratamiento especial y diferenciado de la OMC, y que los gobiernos brasileños se habían venido oponiendo.
Evidentemente, una mayor liberalización indiscriminada de la economía, más los impactos que seguirán a esta renuncia en la OMC, encienden luces rojas en las distintas fracciones locales de las clases dominantes. Por ejemplo, el caso de la fracción industrial, que de por sí ya encuentra sus intereses amenazados, tanto por la crítica de Paulo Guedes al Mercosur y un posible declive en las exportaciones industriales, como por el lado del recorte del gasto que perjudicarán tasas de rentabilidad de las industrias en el mercado interno. Una prueba de proyectos y planes distintos entre gobierno e industria se advierte con el propio Guedes, quien días después de la elección presidencial criticó a la industria brasileña como una “trinchera proteccionista”, la que amenazó con la eliminación de subsidios al sector, y declaró: “salvaremos la industria a pesar de los industriales” [7] . En noviembre de 2018, el ministro barajeaba la “extinción” del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (Mdic).
En un contexto económico estructural de desindustrialización, y en medio de las preocupaciones de los industriales y sus tensiones con el gobierno, que podrían acentuarse con la renuncia al tratamiento especial en la OMC, se presentó el encuentro público entre el vicepresidente Mourão el día 26 de marzo con 750 empresarios de la poderosa Federación de Industriales del Estado de Sao Paulo (Fiesp) [8] -uno de los actores principales en el golpe de 2016-, y que ahora, no sin ironía, se habla que podría mudar su nombre por el de “Federación de Importadoras del Estado de Sao Paulo” [9] .
-China
En la cena de gala de Trump ofrecida a Bolsonaro, a la que asistió Steve Bannon, gurú del trumpismo, éste señaló al gobierno brasileño lo que en su momento también expresó el mismo ex secretario de Estado Rex Tillerson en febrero de 2018, el hecho de que Brasil necesita “reducir su co-dependencia de China”.
En dicho banquete, el ministro de Economía Paulo Guedes repitió una vez más su discurso: “China puede comprar en Brasil, pero no comprar a Brasil”. Asimismo, de acuerdo con Global Times, Bolsonaro y Guedes en dicha cena no cuestionaron a China. Según este diario, el presidente brasileño señaló que “no considera a China como rival”, mientras que el ministro afirmó que Brasil “no reducirá su comercio con China” [10] .
No obstante, el canciller E. Araújo, días atrás mencionó: “Queremos vender soya y mineral de hierro [a China], pero no vamos a vender nuestra alma. Quieren reducir nuestra política externa a una política comercial, y eso no va suceder».
Sin duda hay fuertes tensiones y divisiones al interior del propio gobierno Bolsonaro respecto a las relaciones económicas que deberá adoptar Brasil con China y Estados Unidos. Incluso, los militarestendrán que tomar decisiones en este sentido, pues alianzas con una economía en declive como la estadounidense y en condición de subordinación y dependencia plena no encuadra con la doctrina estratégica de los militares brasileños de una “potencia intermedia”. Existe aún una incertidumbre sobre el camino e intensidad que adoptará el gobierno en esta materia. Sin embargo, las presiones estadounidenses, en el marco de la guerra geopolítica y tecnológica de EEUU y China, y de la política imperialista de proscripción al corporativo chino Huawei y su vanguardia en las fuerzas productivas con la 5G, podrían influenciar las relaciones comerciales entre estos países, y por tanto, el desempeño y dinámica de la economía brasileña.
El escenario se torna de mayor complejidad al entender la contrariedad de las fracciones del agronegocio exportador respecto a la subordinación del gobierno brasileño a Estados Unidos, y por ende, el posible alejamiento de Brasil con la economía asiática, quien funge como su socio principal, y con claro predominio en las compras originadas en el agronegocio brasileño, el cual comienza a colocarse en guardia frente al Ejecutivo.
De la misma manera, estas contradicciones se presentan con el viraje radical de la política externa respecto a Israel, otro fardo vinculado a la subordinación a EEUU. Ante la promesa de Bolsonaro de trasladar la embajada brasileña de Tel Aviv hacia Jerusalén, y los señalamientos de los representantes de los países árabes que advierten que de concretar el traslado interrumpirían las compras al Brasil (que mantiene con éstos un superávit comercial de 7mmd), se perciben tensiones del gobierno con los intereses de las fracciones exportadoras.
Contradicciones en los poderes estatales: inestabilidad política permanente
A menos de cien días del nuevo gobierno, ya se despejan relevantes disyunciones entre el Ejecutivo con el poder Judicial. Estas divisiones se presentan fundamentalmente entre el brazo de excepción que representa a la operación político-judicial Lava Jato controlada por Sergio Moro, quien preside (ya sin apariencias de su protagonismo parcial) actualmente el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, frente a las instancias del Supremo Tribunal Federal (STF).
Sabemos de la participación del Estado de excepción por parte del STF, tal y como aconteció con el impeachment a Dilma, el encarcelamiento de Lula y su inhabilitamiento de la competencia electoral. Ahora bien, es significativo que posterior a la elección presidencial, el STF ha venido propinando duros golpes a la operación Lava Jatoy a sus agentes (Procuradores, Policía Federal, Ministerio Público Federal, jueces, magistrados).
El primer golpe a la Lava Jato fue el impedimento del STF para que procuradores y magistrados gozaran de dos mil 500 millones de reales de las arcas de Petrobras con el fin de crear una fundación independiente, impartición de conferencias, esto es, que caminara hacia su fortalecimiento.
El segundo se presentó con el re direccionamiento para el Tribunal Superior Electoral (TSE) de los crímenes comunes tales como corrupción y lavado de dinero vinculados a funcionarios políticos bajo investigaciones de financiamiento ilegal (“caixa dois”), lo que impidió las pesquisas en el nivel Federal, como pretendían los agentes de la Lava Jato [11] . Otras tensiones entre el Ejecutivo y el STF[12], se han expresado, por ejemplo, con el mandato del presidente del STF, Dias Toffoli, de investigar el origen del dinero enviado a las empresas que propagan fake news contra el STF y sus integrantes.
Estos golpes recibidos en la Lava Jato, más la inédita decadencia de la popularidad de un presidente con un súbito declive del nivel de confianza del 55% al 35% en menos de tres meses de gobierno (una caída del 15%), explican la reactivación de los recursos de excepción de esta operación política-jurídica con una explosión mediática planificada con el arresto de Michel Temer (21/03/2019), del ex ministro y ex gobernador de Río, Moreira Franco, entre otros funcionarios [13] .
Sin pretender defender la corrupción que encarna de cuerpo entero el golpista Temer, la invariante de los críticos al nuevo gobierno entendió la acción del Ejecutivo como instrumento mediático para dotarse de legitimidad, así como tratar de fortalecer el brazo excepcional de que dispone el Ejecutivo con la Lava Jato. Con esta operación a su servicio, el Ejecutivo bien puede recurrir a amenazas y prisiones, para disciplinar al Congreso o incluso al STF, lo que lleva a una prolongación de la crisis del llamado Estado democrático de Derecho.
Ahora bien, lo que resultó de la prisión preventiva de Temer y Moreira Franco, entre otros funcionarios, fue el agravamiento de las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El arresto del exministro Moreira Franco, suegro del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), agudizó las tensiones entre estos poderes, las que ya habían sido puestas de relieve con el enfrentamiento entre Maia con la familia Bolsonaro, el ministro Sergio Moro, y el actual Jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Este escenario agrava la inestabilidad política en el Estado, y ello en el marco de los procedimientos legislativos para llevar a efecto la Reforma Previsional.
De ayudante del poder Ejecutivo, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, ha cuestionado a Jair Bolsonaro, al imputarle cuyo gobierno es un “desierto de ideas”. El conflicto entre éstos impactó en la caída de la bolsa y en la disminución de la moneda brasileña. Maia ha renunciado al papel de articulador de la base aliada legislativa para la aprobación de la Reforma Previsional, y exhorta a Bolsonaro a que abandone su adicción por el twitter y desempeñe su papel político de articulador de las alianzas para la Reforma. Lo relevante es que la incompetencia de Bolsonaro, es una verdadera amenaza para la Reforma que exige el capital financiero, lo que colocaría al Ejecutivo como descartable para esta fracción burguesa, precisamente, la principal artífice del golpe a Dilma en mayo de 2016. Con problemas de disciplina en el Legislativo, ¿veremos la reafirmación del brazo de Sergio Moro con la Lava Jato, al profundizar los desdoblamientos del régimen de excepción con miras a subordinar a los poderes del Estado? Es lo más probable.
Como en el caso de Eduardo Cunha, el ex presidente de la Cámara de Diputados (hoy preso) que inició el pedido de impeachment a Dilma, Rodrigo Maia tiene las facultades para iniciar la investigación sobre las denuncias de financiamientos ilegales (“Caixa dois”) en la campaña electoral de Jair Bolsonaro, así como las candidaturas fraudulentas (“candidaturas laranja”) utilizadas para desvíos ilegales de recursos descubiertas en el partido del ex capitán (PSL). Puede también investigar la avalancha de fake news en la campaña presidencial que beneficiaron al hoy presidente [14] . Así también, el presidente de la Cámara puede iniciar investigaciones sobre los vínculos de la familia Bolsonaro con las milicias criminales en Rio de Janeiro. Ante el descubrimiento de las muy cercanas relaciones de la familia Bolsonaro con los principales sospechosos de asesinar a Marielle Franco y Anderson Gomes -la esposa y madre de uno de los sospechosos de estos crímenes estuvieron en la nómina del entonces diputado estatal, Flávio Bolsonaro [15] -, Rodrigo Maia podría iniciar investigaciones sobre el probable involucramiento de la familia del presidente en los asesinatos de Marielle y Anderson.
Así mismo, el STF bien puede ordenar investigaciones contra agentes de la Lava Jato por transgresiones a la Constitución. Puede mandar investigar sobre las relaciones de éstos con el Departamento de Estado y los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos (L. Cerqueira, op cit.).
En síntesis, asistimos a la aparición de relevantes contradicciones intestinas en los poderes del Estado brasileño. Es significativo que estos tres poderes estatales han formado parte del Estado de excepción. A tres meses de iniciado el gobierno Bolsonaro la tendencia es la intensificación de estas tensiones en un marco de inestabilidad, ingobernabilidad y crisis política.
La Lava Jato está en manos de Bolsonaro y Moro, y si en el corto plazo el objetivo es la conformación de una base parlamentaria para aprobar la Reforma Previsional, el Ejecutivo no dudará en extorsionar al Legislativo, incluido a quien preside la Cámara, Rodrigo Maia, para tal fin. La Lava Jato es precisamente eso: la organización de un instrumento político-jurídico de excepción y de poder contra quien resista a los intereses de las fracciones dominantes y de Estados Unidos. Y la relevancia de su uso ha puesto de relieve su capacidad para fracturar a su favor el equilibrio en la relación de fuerzas. El STF ha iniciado un proceso de debilitamiento de este instrumento. En las disputas del STF contra la Lava Jato, conoceremos sus alcances y las respuestas del Ejecutivo.
La contradicción Capital/Trabajo y los movimiento sociales populares
El programa económico ultraliberal reposa principalmente en la superexplotación del trabajo (fin de la jubilación, desvalorización salarial, precarización, de-sindica lización,) el desmantelamiento del estado social (supresión de derechos, mercantilización, exclusión y desigualdad), y la devastación de los recursos naturales y del medio ambiente. De ahí que la contradicción principal es constituida por las luchas de las clases trabajadoras y de los movimientos populares contra una clase dominante que está lejos de estar unificada, e igualmente lejos está de conformar un “proyecto de nación” coherente, sin fisuras y sin oposiciones entre las mismas fuerzas sociales que la conforman.
Las contradicciones y fisuras entre las fracciones dominantes y los poderes estatales son el Talón de Aquiles del proyecto de explotación, saqueo y dominación que sintetizan el adorador de la dictadura Jair Bolsonaro, y el pinochetista Paulo Guedes. A lo que se añade la creciente politización obrero-popular por los impactos de la ofensiva del capital contra el empleo, los derechos laborales, la reforma previsional, el derecho a la tierra, vivienda, salud, educación, cultura, agua, transporte, así como por el agravamiento de la crisis social en materia de desconocimiento de derechos sociales, violencia, inseguridad, corrupción.
Como señala Pedro Stédile, miembro de la Coordinación Nacional del MST: “Como ellos no tienen un proyecto de nación y tampoco de resolver los problemas del pueblo, seguro producirán muchas contradicciones entre ellos, y sobre todo con las necesidades del pueblo. Y nosotros deberemos actuar sobre la base de esas contradicciones” [16] (subrayado nuestro).
En este sentido, el 22 de marzo las calles fueron tomadas por el poder popular. Las clases trabajadoras, centrales sindicales, sindicatos, trabajadores de la educación, químicos, bancarios, metalúrgicos, movimientos populares como el Frente Brasil Popular (FBP), el Movimiento Pase Libre (MPL), el Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM), el Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), militantes del PCdoB, del PSOL, el PT, entre otras organizaciones, militantes y ciudadanos en general, declararon su afrenta política contra la Reforma Previsional y contra los propósitos económicos, políticos e ideológicos del gobierno Bolsonaro. En este cuadro, la politización obrero-popular avanza con los significativos llamados de movimientos como el FBP, el MST, el MPL, a recuperar el trabajo político con las bases, además de que se organiza ya la primera huelga general en el nuevo gobierno.
Como observamos, a tres meses de iniciado, se cierne sobre el gobierno Bolsonaro una “tempestad perfecta”, la cual es escudriñable bajo la lógica de la contradicción. Conocidas son las capacidades de esta lógica por su potencial de realización en arma para la práctica política emancipatoria.
