Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Algunos abogados “constitucionalistas” dominicanos alaban permanentemente en la opinión pública de la República Dominicana, no inocentemente, la Constitución“corporativa y engañosa” del año 2010. Debido a que algunos de ellos, por encima del texto constitucional, tienen mentalidad pre-sociológica, muy alejada de las complejidades y contradicciones históricas de la sociedad dominicana, dichos “especialistas”, alaban más las fortalezas que las debilidades.
Estas últimas debilidades no llegan a verlas con sus ojos ni a sentirlas con su corazón.
Efectivamente, la constitución es autoritaria porque el poder para reformarla, según lo estableció el constituyente del 2010, no recae en una constituyente crítica,amplia y popular; sino que cualquier constituyente reformadora en la República Dominicana fue posicionada dentro de la pestilente Cámara de Diputados y la sumisa Cámara de Senadores. En consecuencia, estamos hablando de una constituyente disfrazada por el poder político de los sectores hegemónicos dominantes.
Al introducir la asamblea constituyente en el mismo Congreso Nacional, se da pábulo al engaño del pueblo trabajador y de las clases medias en República Dominicana, pues el legislador ordinario ha resultado un constituyente y los poderes de éste fueron transferidos por la oligarquía y las “troikas”,supinamente, a los diputados y senadores, lo cual configuró una verdadera maniobra política con el fin de neutralizar la voluntad del pueblo dominicano.
La Constitución de 2010 ha sido lisonjeada hasta la saciedad y elevada al grado máximo de sabiduría constitucional. Pero la verdad es que la constitución dominicana del año aludido es una herramienta excluyente de los mecanismos de participación popular, tales como las consultas populares sobre determinado aspecto de la vida económica y social; los referénduns populares para decidir determinados asuntos; y los mecanismos constituyentes (asamblea constituyente), y otras modalidades constitucionales realizables por medio de la participación popular, como los plebiscitos.
Ya sabemos que en la historia constitucional de la República Dominicana nunca hubo el ejercicio de referénduns, consultas populares, plebiscitos, constituyentes, etc. Se trata, por tanto, de una tradición oligárquica alimentada en el pensamiento de (Balaguer, Peña Batlle y Trujillo; los estamentos posteriores, todos vinculados al autoritarismo tradicional que solo admite, según el artículo 210 de la Constitución de 2010, mecanismos populares de participación reformadora con un ejercicio muy limitado que solo puede operar con la “previa aprobación congresional”, que viene a ser el voto de las dos terceras partes de los presentes en cada cámara del Congreso Nacional).
Se trata, por tanto, de un texto de perfil autoritario, revestido de amplios elogios por parte de algunos “constitucionalistas”; no solamente porque excluye los mecanismos de participación popular, arriba señalados, sino porque limita gravemente los derechos políticos de los ciudadanos dominicanos; y deja primordialmente el derecho de votar cada cuatro años (en las elecciones nacionales cuando se le permite al ciudadano presentar su cédula de identidad y echar el escuálido voto en una urna).
Este es el único y más significativo mecanismo que dicho texto constitucional autoritario reconoce a más de nueve millones de dominicanos. Sin embargo, concede todas las prerrogativas y derechos a las troikas y sectores oligárquicos tradicionales de República Dominicana, sectores tradicionales enquistados en el Estado dominicano, en la industria, la minería, el turismo, la agro ganadería, el alto comercio, la actividad financiera bancaria, el transporte, la salud, la educación, el comercio exterior y la seguridad social.
Al visitar las urnas, el ciudadano dominicano únicamente dispone del derecho a sacar su cédula de sus bolsillos y sumisamente votar por el candidato de su preferencia, pero esa preferencia ha sido manipulada mediáticamente, ha sido manejada mediante el dinero proveniente del tesoro público y de la inversión capitalista, a través de mecanismos económicos, políticos y financieros, producto de un proceso de acumulación bastardo de capitales, que convierten a las elecciones nacionales en un gigantesco fraude enmascarado y en un proceso ilegitimo donde confluyen el crimen de falsificación, la hegemonía estatal delas troikas y la mistificación y la falsedad mediante manipulación; y la utilización de los pobres como votantes.
Los senadores y diputados son también pagados y premiados para modificar el artículo 124, las disposiciones transitorias sobre la reelección presidencial y cualquier otro artículo que convenga a las estrategias reeleccionista, para facilitar la reelección de un candidato presidencial corrupto comprometido con la dilapidación del patrimonio público.
Y estas reformas permitirán, a su vez, las negociaciones corruptas en las cuales invierten recursos los candidatos con poder político y económico; acumulación de capitales ilegítimos que disponen de un escenario mercadológico podrido y contaminado, donde se practica la compra y venta del alma humana.
Todo el mundo sabe que los senadores y diputados dominicanos son seres humúnculos que no pueden ser constituyentes del pueblo ni de la sociedad, ya que no representan los verdaderos y legítimos interese populares y de los trabajadores.
En el año 2016, el presidente aspirante a la reelección Danilo Medina, que había gobernado en el periodo 2012-2016, según se publicó reiteradamente en los medios de comunicación a través de intermediarios lobbistas, hizo llegar a los bolsillos de cada diputado y senador, de manera individual, millones de pesos a cada uno de los miembros de la asamblea nacional.
Inclusive, firmó en 2015, con el fin de ganar complacencia y apoyo de los EU, un contrato entreguista en enero con el Departamento de Estado dirigido a la instalación de una base militar en el suroeste del país, que aniquilaba la soberanía de la República Dominicana, y le entregaba un territorio al Departamento de Defensa EU con el fin de desarrollar una ocupación militar, sin fecha de terminación,es decir, en un plazo indeterminado e inexistente; y gracias a la suerte el Tribunal Constitucional, en su calidad revisora de los tratados internacionales, decidió la anulación del referido “convenio” por ser lesivo al principio de soberanía, en su sentencia 315-15, del mes de agosto 2015.
Es de esperarse ahora que esos insanos y canallas miembros del Congreso Nacional,reconocidos como buenos por algunos abogados “constitucionalistas” de mentalidad pre-sociológica y neocolonialista, esperen recibir para para las elecciones del 2020, más de treinta millones de pesos cada uno de los diputados y senadores como pago justo por el tráfico de influencia y las negociaciones turbias con los portadores de las “reformas constitucionales” que harán posible la reelección del partido autoritario y corrupto que hoy disfruta del poder desde hace más de veinte años en Santo Domingo.
En República Dominicana los diputados y senadores (los llamados “legisladores”),ejercen un oficio meramente formal, al servicio de una democracia puramente formal que beneficia a los sectores oligárquicos y a las troikas estatales,donde se favorece el clientelismo propio de los partidos tradicionales depredadores de la riqueza pública y del patrimonio social del pueblo dominicano, mediante las estructuras del clientelismo corrupto.
Los diputados y senadores son cómplices de este sistema en el cual las“troikas” y élites corporativas autoritarias y fraudulentas ocupan un lugar especial, el de ser piezas del sistema de corrupción que caracteriza a la democracia dominicana, en la cual el Estado-canalla dominicano transfiere parte del tesoro público a los partidos tradicionales, produciendo acumulación ilegitima de capitales en su tesoro individual, generando grupos monopólicos cómplices en las actividades del robo, el crimen y la corrupción.
De este sistema “democrático” de reparto, la Constitución formal que disfrutamos no dice nada porque es un texto formalista autocrático que encubre, bajo el predicamento de derechos ciudadanos, la verdadera conculcación de derechos de los dominicanos a la vivienda, salud, educación, transporte, alimentación, seguridad social y posibilidades de ascenso social en las capas más bajas y más pobres de la sociedad dominicana.
Las élites corporativas autoritarias (troikas) que manejan el poder en forma hegemónica transfieren mediante mecanismos espúreos y antijurídicos de negociación, la riqueza estatal hacia sus propias actividades comerciales y hacia su propio y egoísta bienestar, incluyendo bancos e instituciones financieras extranjeras.
Dichas élites corporativas tienen sociedades cómplices, y engañosas con las troikas mulatas haitianas, y confluyen en mecanismos de acumulación de capitales por medios comerciales espúreos,mediante los cuales se aprovechan de negociaciones corruptas conjuntas, con el apoyo de élites militares y financieras de ambos países, que contribuyen a los mecanismos cerrados de corrupción.
Es claro que los mecanismos reformadores constitucionales están desde 2010 cerrados para la participación del pueblo dominicano, pero sí abiertos a las acciones y gestiones depredatorias en las distintas áreas de la economía dominicana,tales como actividades criminales, falsificación de medicamentos, adulteración de productos industriales, acaparamiento y falsedad en las etiquetas.
Tales alianzas bi-nacionales hacen posible la concentración de poderes discriminatorios y el uso del Estado por parte de las troikas haitianas y dominicanas para su enriquecimiento mafioso, vandalizando y desorganizando permanentemente la vida económica y social de República Dominicana.
En cuanto al Congreso Nacional, este aparato sirve fielmente a todos estos mecanismos de un sistema de corrupción escandaloso que favorece el autoritarismo, el carácter corporativo de las troikas el clientelismo y oportunismo de los partidos tradicionales, depredadores del presupuesto nacional y del tesoro estatal.
Todo este mundo de inequidad, todo este entramado de corrupción lo facilita una Constitución del 2010 engañosa, repetimos, formalista,autoritaria, corporativa, que tolera las actividades delictivas de las troikas y las élites corporativas mafiosas, tales como la distribución que otorga el Poder Ejecutivo de las famosas “licencias de exportación”, entregadas de manera selectiva a funcionarios del Estado para que se beneficien de un enriquecimiento ilícito;al igual que reciben prestamos privilegiados del Banco de Reservas Estatal para que adquieran bienes inmuebles del Estado, los cuales serán privatizados en provecho de los grupos corporativos. Hay tenemos los ejemplos del actual Ministro de Relaciones Exteriores, del Ministro de Agricultura del Ministro de Obras Públicas y muchos otros funcionarios.
Algunos abogados “constitucionalistas” en República Dominicana observan el panorama nacional como si fuera un escenario paradisiaco resultante de la normativa constitucional, que engendra supuestamente una sociedad sin contradicciones, sin saqueos grupales corporativos dentro del Estado; como si fuera una “sociedad natural” como la veían los positivistas del siglo XIX. Lo que puede ser falsa ingenuidad, malicia conceptual, mediante las cuales se justifican acríticamente la maldad, la negatividad de todo lo existente, la preservación del autoritarismo y la desmovilización del pueblo.
Las élites políticas y económicas del partido de la “liberación dominicana”, conjuntamente con las élites empresariales, en asociación intima, glorifican la intensificación de la explotación económica y social del pueblo dominicano y ejecutan ordinariamente actos de prevaricación, abuso de poder, abuso de autoridad, complicidad y asociación de malhechores de cuello blanco, que conducen al dolo y al abuso delos patrimonios y la riqueza pública, convirtiendo la sociedad dominicana en un verdadero infierno. De esta mistificación emergen los otrora pobres de ese partido convertidos hoy en inversionistas, acaparadores, negociantes,traficantes (de armas, de drogas, de productos industriales) que envilecen a la sociedad dominicana (continuaremos).
