Jose R. Oro (Cubadebate, 21-1-19)
Al ver a Donald Trump dirigirse a la opinión pública de Estados Unidos por televisión me impactó de nuevo el nivel de contradicciones que vive el país y cuánto se han exacerbado bajo su gobierno. Solo once días después de emitir un mensaje exigiendo que el Congreso de Washington D.C. apruebe 5.700 millones de dólares para dar comienzo a la construcción de su obra faraónica, el muro de la frontera con México, el presidente estadounidense ha presentado una oferta diferente a la oposición: permitir la permanencia temporal y no garantizada de los llamados dreamers –personas que entraron al país siendo niños y han vivido allí prácticamente la vida entera– a cambio de la aprobación del presupuesto para construir aproximadamente el 20 por ciento del muro.
En general, lo que propone Trump tiene tantas inconsistencias, aristas escondidas y espinas invisibles que nunca se sabe a ciencia cierta de qué se trata, cuál fue la propuesta que hizo (o que no hizo).
Ofrecer protección a los aproximadamente 1.8 millones de dreamers, indocumentados ante la ley, a pesar de haber vivido casi toda su vida en EEUU y en muchos casos haber cursado estudios universitarios, creado empresas y tributado ingentes cantidades de dinero al erario público, parece ser a primera vista una significativa concesión por parte de Trump. Sin embargo, es una astuta maniobra.
En marzo del 2018 los demócratas le propusieron la misma medida a cambio de 25 mil millones de dólares para erigir la barrera fronteriza, es decir 4.4 veces lo que el presidente exige ahora al Congreso. El mandatario rechazó despreciativamente aquella idea que, diez meses más tarde, trata de convertir en propia. En este momento lo que le daría la oposición es mil millones. Veinticinco veces menos que en marzo pasado.
Trump intenta dividir a los demócratas, de modo que pueda obtener el apoyo de la cantidad necesaria de congresistas para que su plan sea aprobado en la sumamente hostil –desde el 3 de enero– Cámara de Representantes. Es una reacción a la firmeza demostrada por los líderes de ese partido, quienes se han negado a ceder ante sus intimidaciones. La consecuencia ha sido el bloqueo de la aprobación de una serie de leyes presupuestarias, lo que ha provocado el “cierre” de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos.
Aunque cierres como este han ocurrido antes, el actual es el más largo de la historia: el martes cumplirá un mes. Según Wall Street, podría reducir en varias décimas el crecimiento del PIB el presente trimestre y mucho más durante el resto del ejercicio fiscal, obstaculizar la inauguración en la bolsa de valores de empresas entre las que se cuenta Airbnb y Uber e impedir que se efectúen muchas fusiones y adquisiciones empresariales. La consistencia de la oposición ha llevado a varios altos dirigentes republicanos como el presidente del Senado,Mitch McConnell, el vicepresidente Mike Pence, y el más influyente de todos, el yerno de Trump, Jared Kushner, a tratar de convencer al presidente de que tiene que ceder algo en su intransigencia. Les deseo buena suerte.
El problema es que la propuesta, en sí misma, no es suficiente y llegó tarde. Para que los demócratas empiecen a pensar en negociar, el jefe de Estado debería ofrecer un proceso mediante el que los 1.8 millones de dreamerspuedan obtener la ciudadanía, algo lógico ya que muchos han estado en EE.UU. por más tiempo que el requerido para ser ciudadanos. Mas, ello es un estigma para el pensamiento del Partido Republicano, no solo por el fuerte rechazo que tienen algunos de sus líderes contra las minorías –el racismo existe dondequiera, pero ahí está acentuado– sino porque casi la totalidad de ese grupo respalda al Partido Demócrata, el único que los ha apoyado.
Lo “ideal” para muchos republicanos sería mantener a los ‘dreamers’ en una especie de limbo legal, con algún tipo de permiso de trabajo y de residencia que se eternice, pero sin tener la posibilidad de lograr la ciudadanía estadounidense, consistente con la propuesta. No va a pasar sin claras garantías en ese sentido, porque nadie, ni demócratas ni bastantes republicanos, confían demasiado en la palabra del gobernante.
Los entiendo y comparto su escepticismo.
Durante la campaña electoral de las elecciones intermedias del pasado 6 de noviembre, Donald Trump insistió, en numerosas ocasiones, en que el Congreso ya había aprobado los 5 mil 700 millones del muro. También afirmó que México iba a pagar por la construcción, algo tan probable como que el cometa Halley llegue por sorpresa la semana que viene.
La necesidad y practicidad de levantar la estructura divisoria esta fuertemente cuestionada por los especialistas dado que, según datos de la propia Administración Pública Federal estadounidense, alrededor del 75% de los inmigrantes indocumentados que absorbe la nación norteamericana entran por los aeropuertos con visas temporales y cuando estas expiran se quedan en el país.
Igualmente, el número de personas que entran ilegalmente por las fronteras terrestres ha descendido entre un 80 y un 90 porciento con relación a 2006 y el total de inmigrantes indocumentados disminuyó en 2016 a menos de 10.8 millones de personas, el nivel más bajo desde 2003, con un decrecimiento de más del 12 porciento, de acuerdo a las estadísticas del Centro de Estudios de Migración.
La situación se ha convertido en una encrucijada para el presidente, a quien no solo acosan en la oposición demócrata sino que, últimamente, aunque parezca contradictorio, también atacan desde la más extrema derecha republicana. Un ejemplo se encuentra en la comentarista política Ann Coulter, muy antiinmigrante y conocida por ser una voz que Trump dice escuchar, quien criticó durísimo la propuesta de beneficiar a los dreamers –extender por tres años la protección a los inmigrantes amparados por los programas DACA y TPS– a cambio del dinero para su muro y así terminar con el “cierre” del Gobierno sin sufrir la humillación de sacrificar la barrera fronteriza.
El controversial senador republicano Steve King, frecuentemente criticado por sus comentarios racistas de supremacía blanca, también se pronunció en contra de la supuesta amnistía, diciendo que Trump está poniendo en juego inútilmente los principios antiinmigración a cambio de tener una fracción de su muro construida.
Del otro lado, el senador demócrata Dick Durbin rechazó el proyecto del inquilino de la Casa Blanca y pronosticó que no pasaría en el Congreso:
“Primero, el presidente Trump y el líder de la mayoría en el Senado McConnell deben abrir el gobierno hoy mismo. Segundo, no puedo apoyar la propuesta y no creo que pueda ser aprobada por el Senado. En tercer lugar, estoy listo para sentarme en cualquier momento después de que el gobierno esté abierto y trabajar con el ejecutivo para resolver todos los problemas pendientes”, dijo en un comunicado publicado por varias agencias.
La presidenta de la Cámara de Representantes y una de los principales líderes del partido demócrata, Nancy Pelosi, ya señaló categóricamente que tampoco aprobaría la idea de Trump.
Esta es una fortísima crisis política y el presidente de los EE.UU. está buscando cualquier forma de capear el temporal y conseguir apoyo sobre todo en el Congreso, lo que se observa en muchas acciones que al parecer no se relacionan con ello.
Así, vemos el insólito y torpe intento de amenazar a Cuba con el Título III de Helms-Burton postergándolo por solo 45 días en vez de los 6 meses habituales; anunciar en la segunda Cumbre con la RPCH; las sanciones contra Irán para ganarse el apoyo de la numerosa e influyente comunidad judía de los EE.UU.; las amenazas contra Venezuela y Nicaragua y otras acciones semejantes dirigidas a demostrar que el gobierno está concentrado en enfrentar los retos del país y “luchar por la democracia” en el mundo. Nada de eso, el objetivo es mantener el apoyo de la derecha anticubana, de los exiliados anti Daniel Ortega y anti Nicolás Maduro, de los congresistas judíos (o prosionistas). Para ello, Trump está dispuesto a cualquier desvarío.
El lunes 21 de enero es el día de Martin Luther King y se esperan significativas protestas de empleados federales en paro forzoso u obligados a trabajar sin salario. En los primeros días de febrero se efectuará el Super Bowl de fútbol americano, donde el enorme aeropuerto de Atlanta tendrá que operar un 40 porciento por encima de lo normal –110 mil pasajeros extra en tres días– sin contar con suficientes obreros siquiera para el flujo ordinario, sobre todo en el campo de la seguridad aeroportuaria. Todo lo que ocurra en ese evento será visible en los EE.UU. y buena parte del mundo.
Estamos comenzando la temporada de pago de los impuestos, que termina el 15 de abril, pero 50 mil personas del Servicio de Recaudaciones Internas, encargado de esa tarea, no están trabajando. El 29 de enero debe ser la “rendición de cuentas”, que aquí se llama discurso del Estado de la Unión por parte de Trump, y no es seguro que vaya a producirse. De realizarse será mal recibida.
Las últimas encuestas –hasta el 15 de enero– muestran que el 57 porciento de los entrevistados considera a Trump el responsable de esta crisis, mientras que el 30 piensa que son los demócratas de la Cámara de Representantes y un 13 porciento opina que todos: Trump, los republicanos, los demócratas, en fin, el sistema político, es culpable.
Esta situación no es ninguna broma, Trump y sus asesores lo saben y tratan de buscar cómo mejorar su imagen, pero cada vez las posibilidades de reelección en el 2020 se le ponen más lejanas, dudosas e inseguras.
