Por: Angel Moreta (Autor-Editor)
Algunos abogados constitucionalistas dominicanos alaban mucho, no inocentemente, la constitución corporativa y engañosa de 2010. Debido a que tienen algunos una mentalidad pre-sociológica, alaban más las fortalezas que las debilidades. Estas últimas no llegan a verlas con sus ojos ni a sentirlas con su corazón.
Efectivamente, la constitución es autoritaria porque el poder para reformarla no recae en una constituyente crítica y amplia, sino que la constituyente reformadora está dentro de la pestilente Cámara de Diputados y la sumisa Cámara de Senadores. Es una constituyente disfrazada.
Al introducir la constituyente en el mismo Congreso Nacional, se da pábulo al engaño del pueblo trabajador y de las clases medias en República Dominicana.
La constitución del 2010 ha sido alabada hasta la saciedad y elevada al grado máximo de sabiduría constitucional. Pero la verdad es que la constitución dominicana del año aludido es una herramienta que excluye los mecanismos de participación popular, tales como las consultas populares, los referénduns populares y los mecanismos constituyentes, y otras modalidades constitucionales de participación popular.
Es una constitución autoritaria y engañosa, no solamente porque excluye los mecanismos de participación popular arriba señalados, sino porque limita gravemente los derechos políticos del ciudadano dominicano, entre ellos el de votar cada cuatro años en las elecciones nacionales en una urna. Este es el único y más significativo mecanismo que dicho texto constitucional reconoce a más de nueve millones de dominicanos.
Al visitar las urnas, el ciudadano dominicano únicamente dispone del derecho a sacar su cédula y votar por el gobernante y los candidatos de su preferencia, pero esa preferencia ha sido comprada a través de mecanismos económicos y financieros, producto de un proceso de acumulación bastardo de capitales, que convierten a las elecciones nacionales en un gigantesco fraude y en un proceso ilegitimo donde confluyen falsificación y hegemonía estatal.
Los senadores y diputados son pagados también para modificar el artículo tal o cual de la constitución, y facilitar la reelección presidencial del candidato corrupto, reforma que permitirá negociaciones corruptas en las cuales invierten recursos los candidatos con poder político y económico, que disponen de un escenario mercadológico podrido donde se practica la compra y venta del alma humana.
Todo el mundo sabe que los senadores y diputados dominicanos no pueden ser constituyentes del pueblo y de la sociedad, ya que no representan los verdaderos y legítimos interese populares.
En el año 2016, el presidente aspirante a la reelección Danilo Medina, según se publicó reiteradamente en los medios de comunicación a través de intermediarios lobbistas, hizo llegar a los bolsillos de cada diputado y senador, de manera individual, millones de pesos a cada legislador.
Es de esperarse ahora que esos malos constituyentes, reconocidos como buenos por algunos abogados constitucionalistas de mentalidad pre-sociológica, esperen para el 2019, más de treinta millones de pesos cada uno como pago justo por el tráfico de influencia con los portadores de las “reformas constitucionales” que harán posible la reelección del partido autoritario y corrupto que hoy disfruta del poder desde hace varios lustros.
En República Dominicana los diputados y senadores ejercen un oficio meramente formal al servicio de una democracia formal donde se favorece el clientelismo propio de los partidos tradicionales depredadores de la riqueza pública y del patrimonio social del pueblo dominicano.
Los diputados y senadores son cómplices de las “troikas” y élites corporativas autoritarias y fraudulentas. El estado-canalla dominicano transfiere parte del tesoro público a los partidos tradicionales, produciendo acumulación ilegitima de capitales en su tesoro individual, generando grupos monopólicos cómplices del robo y la corrupción.
De este sistema, la constitución formal que disfrutamos no dice nada porque es un texto formalista que encubre, bajo el predicamento de derechos ciudadanos, la verdadera conculcación de los derechos de los dominicanos a la vivienda, salud, educación, transporte, alimentación, seguridad y posibilidades de ascenso social a las capas más bajas y más pobres de la sociedad dominicana.
Las élites corporativas autoritarias (troikas) que manejan el poder en forma hegemónica transfieren mediante mecanismos espúreos y antijurídicos, la riqueza pública hacia sus propios negocios y su propio y egoísta bienestar, incluyendo bancos extranjeros.
Dichas élites corporativas tienen sociedades espúreas y engañosas con las troikas mulatas haitianas, y confluyen en mecanismos de acumulación de capitales por medios espúreos, y se aprovechan de negociaciones corruptas conjuntas con el apoyo de élites militares y financieras que ayudan a los mecanismos cerrados de corrupción.
Los mecanismos reformadores constitucionales están desde 2010 cerrados para el pueblo dominicano, pero abiertos a las acciones y gestiones depredatorias en las distintas áreas de la economía dominicana, tales como el crimen, el robo, asociación de malhechores de cuello blanco de ambos países.
Tales alianzas hacen posible la concentración de poderes discriminatorios y el uso del Estado por parte de las troikas haitianas y dominicanas para su enriquecimiento mafioso, vandalizando y desorganizando permanentemente la vida económica y social de República Dominicana.
El Congreso Nacional sirve fielmente a todos estos mecanismos de corrupción y favorece el autoritarismo, el carácter corporativo y el clientelismo de los partidos tradicionales depredadores del presupuesto nacional.
Todo esto lo facilita una Constitución del 2010 engañosa, formalista, autoritaria, corporativa, que tolera las troikas y las élites corporativas mafiosas.
Algunos abogados constitucionalistas dominicanos visibilizan el panorama nacional como si fuera resultado de la normativa constitucional, que engendra una sociedad sin contradicciones, sin saqueos grupales dentro del Estado, una “sociedad natural” como la veían los positivistas del siglo XIX. Lo que puede ser falsa ingenuidad y malicia conceptual, mediante las cuales se justifica acríticamente la maldad y la negatividad de todo lo existente.
Las élites políticas gobernantes del partido de la liberación dominicana, conjuntamente con las élites empresariales, en asociación intima, glorifican la intensificación de la explotación económica y social del pueblo dominicano y ejecutan ordinariamente actos de prevaricación, abuso de poder, abuso de autoridad, complicidad y asociación de malhechores de cuello blanco, que conducen al dolo y al abuso de los patrimonios y la riqueza pública, convirtiendo la sociedad dominicana en un verdadero infierno (continuaremos).
