Ana Cristina Bracho (Mision Verdad, 21-10-18)
Los actos de bloqueo y sabotaje a la economía venezolana
Las anteriormente reseñadas forman parte de las principales sanciones que han dictado sobre Venezuela los gobiernos estadounidenses. Hemos de recordar que la puerta para sancionarnos la abrió Barack Obama y la Administración Trump desde el punto de vista jurídico, tan sólo ha seguido la senda marcada. No son todas, existen otras que reiteran el contenido de lo aquí señalado. Ahora, es importante ver que no todo lo que ha pasado tiene jurídicamente la forma de sanción, es decir, de un acto administrativo formalmente dictado.
Muchas cosas han venido ocurriendo por vías de hecho o siendo del conocimiento público cuando un sujeto privado las ha ejecutado. En esta sección miraremos de frente que tenemos varios casos de negativas del sector bancario a realizar transacciones venezolanas destinadas a la adquisición de bienes y servicios fundamentales para el bienestar de la población.
Allí, recordaremos que en julio de 2017, Citibank se negó a recibir fondos venezolanos destinados a comprar insulina cuando a nivel mundial se denunciaba las precarias condiciones de vida de los enfermos crónicos en Venezuela, pero esta no era su primera acción puesto que ya desde julio 2016 se reportaban alteraciones en las relaciones que mantenía el banco norteamericano con el Banco Central de Venezuela.
Acciones de esta naturaleza también ocurrieron con el Commerzbank de Alemania, el Credit Suisse, el Bank Of China y el Novo Banco de Portugal, al tiempo que las calificadoras de riesgo disparaban las estimaciones sobre Venezuela, lo que fue estimado por los analistas venezolanos como una represalia.
Afectaciones a la vida particular
Mucho hemos hablado en Venezuela, por ejemplo, de la carestía del dinero en efectivo pero poco se ha dicho sobre el saboteo que sufrió la impresión del papel moneda que había sido contratada por Venezuela a la empresa americana Crane Currency, acto que se reportó en diciembre de 2016.
Siendo que en la poca presencia de mercancías importadas o de insumos para la producción de Venezuela, debe verse lo que ha significado que la empresa Euroclear que tenía a su cargo el resguardo de una parte de los bonos venezolanos los haya congelado, negándose a liquidarlos alegando presiones del Departamento de Estado.
Siendo que el tema de la salud y los insumos necesarios para garantizarla es uno de los problemas más graves que enfrentamos en el presente, tampoco solemos recordar al analizar la situación del sistema que, en noviembre de 2017 fue bloqueada la adquisición del tratamiento antimalárico a la vez que las farmacéuticas Baster, Abbot y Pfizer se negaron a completar las compras de medicamentos oncológicos que intentaba realizar Venezuela. Esto ocurrió sólo dos meses después de que fueran saboteadas por Citibank la compra de insulina y la importación de las cajas CLAP con las cuales el gobierno venezolano enfrenta el desabastecimiento inducido en el país.
En 2018, serían los enfermos que requieren diálisis los que verían la adquisición de los insumos necesitados, puesto que en mayo serían impedidas las compras de estos materiales por parte del Estado.
Otro aspecto importante es que las sanciones persiguen incluso a los venezolanos que, sin tener relación alguna con el gobierno, deseen emigrar a los Estados Unidos, puesto que hemos sido catalogados como Estado peligroso, tal como referíamos en nuestro análisis sobre la inmigración venezolana.
Voceros que admiten su intencionalidad
La intencionalidad de estos actos, individual o considerados en su conjunto, así como de aquellos que por razón de la extensión no han sido incluidos en esta nota, no es un asunto que se haya ocultado. Quizás, en algunos discursos se ha disimulado en la falacia de afirmar que puede separarse el gobierno del Estado, pero se ha manifestado certeramente el obligar a Venezuela a aceptar la ayuda humanitaria.
Es imperativo darnos cuenta de que en la concepción que los guía, la ayuda humanitaria no viene a ser un complemento de lo que tenemos o recibimos sino el reemplazo de todas las vías soberanas para abastecernos para satisfacer las necesidades nacionales.
Fuera de ello, que es el punto de partida para entender lo que ocurre, veremos que ha habido voceros que lo han dicho con desvergonzada claridad puesto que, considerando la declaratoria de Donald Trump de agosto de 2017 que señaló que sobre Venezuela valoraba «todas las opciones», se ha subido el tono de lo que se declara.
Procediendo en febrero de este año el entonces Secretario de Estado, Rex Tillerson, a considerar en la gira que sostuvo en América Latina, un escenario donde se sancione cada vez más duramente el petróleo venezolano. Esta alternativa que conocía como una situación que afectaría gravemente a la población debía considerarse porque «no hacer nada es también pedirle al pueblo venezolano que sufra por mucho más tiempo».
El 24 de marzo de 2018, Marco Rubio publicó para CNN un artículo exhortando a que sean contundentes las acciones para sacar a Nicolás Maduro. Como es usual en la creación de los enemigos, embiste afirmando que el gobierno de Venezuela es malo y, además, se dedica al narcotráfico, indicando que debía procurarse “maximizar el dolor que sienten los funcionarios gubernamentales” y para ello, los demás países, en especial los del Grupo de Lima deben cerrarle al gobierno el “acceso a la banca internacional y el financiamiento”.
Así, en abril de este año Julio Borges, declaró al periódico El País de España que la estrategia de la derecha es que «tengamos un régimen más aislado, más sancionado, con más fracturas internas y con un apoyo decidido de la comunidad internacional, para que Venezuela tenga un proceso democrático este mismo año».
Estos son los antecedentes, de derecho, de hecho y de palabra a las chocantes declaraciones de William Brownfield, lo que nos hace entenderlas como un paso más en un proceso cruel y descarado destinado a castigar al pueblo venezolano por sus opciones políticas y su trayectoria histórica. Un castigo que, como vimos, distingue poco entre la ideología de a quienes se le impone, mientras que, en toda evidencia, golpea más duro en razón de la vulnerabilidad particular de cada quien.
A la hora del cierre del presente texto, la Cancillería venezolana publicaba la noticia de que la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH rechazaba la aplicación de medidas coercitivas e intervenciones militares, una declaración sin carácter vinculante que debe abonar a seguir denunciando la acción antijurídica, intencionada y admitida con la cual los derechos de todo un pueblo vienen siendo lesionados.
