Juan Bolivar Diaz (Hoy, 4-10-18)
Razones le sobraron al obispo de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, cuando encaramado en el santuario de las Mercedes el pasado 24 de septiembre proclamó que “la corrupción, la impunidad y la complicidad están carcomiendo a la sociedad dominicana”. El grito se expandió por todo el valle del Cibao y en todas las direcciones del país, aunque para muchos careció de trascendencia porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro.
Al mismo tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaba un informe dando cuenta de que la malversación cuesta a América Latina y el Caribe 220 mil millones de dólares por año, una cifra suficiente para eliminar de un tiro la pobreza extrema y hacer mella en la pobreza nominal o para mejorar significativamente la inversión en los servicios de los que carecen las mayorías empobrecidas de la región.
La generalidad de los medios informativos ignoró el informe, o por lo menos lo referente a la República Dominicana, donde según el BID el dinero malgastado por el Estado implica anualmente el 3.8 por ciento del producto interno bruto. Como cada punto del PIB dominicano equivale a 43 mil millones de pesos, estamos hablando de la friolera de 163 mil millones de pesos cada año.
Si esa cifra no le dice nada, calcule que representa el 24 por ciento de los ingresos fiscales proyectados en el proyecto de presupuesto para el próximo 2019. Más gráfico aún, con esos 163 mil millones de pesos, se podrían realizar cada año 40 proyectos como el de La Nueva Barquita, del que con tanta razón se ufana el gobierno del presidente Danilo Medina, que no cesa de promoverlo, más de dos años después de su conclusión y a más de cinco de su inicio.
Vale recordar que La Nueva Barquita incluyó mil 800 apartamentos que dignificaron la vida de más de ocho mil personas, con adecuados servicios de educación, salud, agua potable, tres plantas de saneamiento de aguas residuales, áreas de recreación y comercio. Todo un éxito urbanístico, que lamentablemente queda como un proyecto piloto, ave de un solo vuelo, muestra de lo que podría haber sido si la malversación no distrajera la cuarta parte de nuestros ingresos.
A la corrupción y su correlativa impunidad, el obispo vegano agrega la complicidad, y eso es lo que explica que para muchos ya no represente nada que un organismo tan insospechado de arbitrariedad, parcialidad o exageración como el BID, supere tan ampliamente los estimados de la malversación que habían hecho una institución privada como Oxfam, que la cifró en 96 mil millones de pesos para este año, y un partido de oposición como el Revolucionario Moderno.
Nadie ha pedido una investigación, y mucho menos consecuencias, a la presentación por parte de la periodista Alicia Ortega de una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el epígrafe de “Personal Contratado”, con 227 salarios por un monto de 18 millones 160 mil pesos mensuales, o 217 millones 920 mil pesos anuales. Esa es sólo una muestra del costo que cobra el Partido Revolucionario Dominicano que preside el canciller Miguel Vargas Maldonado, por su apoyo electoral al gobierno de Medina.
Descubrimos que la cancillería ya tiene encargados provinciales, seccionales y regionales, hasta en el exterior, que no son otra cosa que activistas y dirigentes políticos pagados con extrema generosidad, a un promedio de 80 mil pesos mensuales, cuando todavía el salario mínimo público es de 5 mil 117 pesos, suma que también recibe el 90 por ciento de los pensionados del Estado.
Pagamos muy cara la política, con absoluta ignorancia de los principios más elementales de la administración, contando con la impunidad que garantiza el pleno control de los organismos de fiscalización, comenzando por el Congreso, pasando por la Cámara de Cuentas y aterrizando en la justicia.
Todo ello contando con la complicidad o la indiferencia de gran parte de la población que se resigna ante la depredación de lo que corresponde a toda la sociedad, especialmente a los más necesitados de una inversión pública que hace tiempo está por debajo del 20 por ciento del presupuesto de gastos públicos.
