Juan Bolivar Diaz (Hoy, 27-9-18)
A pesar de que he transcurrido gran parte de mi vida bordeando la política sin haberme procurado militancia partidista, todavía es muy frecuente que me pregunten cuándo me voy a lanzar a la búsqueda de la presidencia de la República, por la tendencia a creer que tener alguna relevancia pública es suficiente para enfrentar y vencer a los políticos profesionales en un país donde una considerable proporción de la población vive o espera de ellos.
A esa pregunta suelo responder que no caeré nunca en el gancho a que fueron empujados notables y meritorios ciudadanos que a lo largo de las últimas décadas de procesos electorales crearon un partido para postularse a la presidencia, para no alcanzar siquiera el uno por ciento de la votación, con la excepción del doctor Guillermo Moreno, un extraordinario jurista, excelente ciudadano, de probidad y ética a toda prueba, de magnífico discurso hablado y escrito, a quien le ha costado tres torneos electorales aproximare al 2 por ciento.
Sólo la quiebra del sistema político, que ha ocurrido ya en muchos países, permite la emergencia de candidatos triunfantes sin haber hecho carrera política ni estar cimentados en un partido de real alcance nacional, y aquí eso no ha ocurrido. Está en vías del descalabro, pero todavía esta sociedad es muy conservadora y se aferra a la falsa estabilidad que brinda.
En el caso dominicano aún la alternabilidad política es difícil por el entramado de dominación social que ha impuesto el partido gobernante, utilizando sin el menor escrúpulo el presupuesto nacional para comprar arriba, en el medio y abajo, a todo el que esté en disposición de venderse. Y no se ha salvado el mismo sistema partidista, porque los aliados ya han sobrepasado la docena, más incontables grupos informales. Tampoco se han salvado muchos de los sindicalistas, de los profesionales -incluyendo los periodistas-, de los intelectuales, de los empresarios, y de los religiosos.
En los estratos sociales bajos se han repartido dos millones de tarjetas en programas contra la pobreza que sólo sirven para estabilizarla, pero sus posesionarios son objeto de seguimiento y manipulación electoral, por barrios y colegios electorales. Entre unos y otros, por lo menos la cuarta parte de los electores reciben sueldos y subsidios del Estado. Y muchos lo agradecen como privilegio o como si saliera del bolsillo del político que se lo otorgó.
Todo el sistema electoral está concebido como embudo para mantener la dominación de los que controlan e integran en grado significativo los poderes del Estado, precisándose de una profunda reforma política para cambiarlo, no para ratificarlo como ha ocurrido recientemente con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Mientras eso no ocurra, la competencia será cuesta arriba para todos los que no dispongan de fortuna, ni del patrocinio de los poderes económicos, y que se rijan por preceptos éticos, hasta en los niveles municipales y congresuales, y ni hablar de la presidencia de la nación.
Pero si por algún lado debe comenzarse es en los gobiernos locales y las candidaturas legislativas, aun luchando contra baulitos y cofrecitos, contra los abusos de los recursos estatales, incluyendo los municipales, y contra el monopolio del financiamiento público. Pero esa tarea es casi imposible en la dispersión en que se encuentra la oposición, dividida en una docena de partidos y numerosos grupos y proyectos. Ni siquiera han podido concertar candidaturas aquellos que tienen posiciones políticas similares. Los presidencialismos y personalismos están por encima de toda racionalidad.
La próxima coyuntura electoral volverá a desafiar la inteligencia y capacidad de toda la oposición, llamada a una gran concertación política y social que todos reconocen como imprescindible para por lo menos empezar a romper el monopolio del poder. Eso sólo será posible bajo un programa fundamental de un gobierno de transición democrática que siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico y social.
Esa concertación tiene que comenzar por importantizar los gobiernos locales y los cargos congresuales desde los cuales se puedan garantizar los cambios políticos e institucionales que requiere la restauración democrática. Sólo entonces se justificarán los alegres lanzamientos de múltiples candidaturas presidenciales.-
