Guillermo Moreno (10-9-18)
Una buena ley normalmente es aquella que articula sus disposiciones para garantizar avances progresivos en el objeto que busca regular. Así, en los países donde se han promulgado leyes de partidos políticos, la tendencia ha sido, por vía de ellas, garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos, la libre organización de los ciudadanos en partidos, la democracia interna, la transparencia sobre el origen del financiamiento y el uso de los recursos y el fortalecimiento del debate de ideas y de propuestas políticas, entre otras.
La recién promulgada Ley 33-18 de Partidos Políticos, lejos de garantizar, niega o limita en parte estos derechos.
Lo primero que debe entenderse es el contexto político coyuntural en que se aprueba la ley, luego de más de 16 años “rodando” en el Congreso. Esta vez es la facción de Danilo Medina la que motoriza su aprobación, y pone especial interés en introducir en el texto las primarias abiertas como método de elección de las candidaturas a una representación popular.
¿Este inusitado interés por las primarias abiertas de Danilo Medina respondía a una genuina búsqueda de mayor participación ciudadana? La respuesta es no. Lo que siempre estuvo detrás de este propósito es crear condiciones legales para asegurar por vía de las primarias abiertas que los empleados y los beneficiarios de programas sociales del Estado puedan ejercer el voto en favor de los candidatos del partido oficial, máxime si quien gobierna tiene planes reeleccionistas, como es el caso de Danilo Medina.
En un país como la RD donde no hay institucionalidad, ni respeto de la legalidad, ni real libertad de ejercicio del voto, por vía de las primarias abiertas el partido oficial siempre dispondrá de una masa considerable de votantes cautivos, la que movilizará a ejercer el voto, con los medios de presión y fiscalización del ejercicio del sufragio. Frente a esta movilización de cientos de miles de votantes coaccionados a votar en favor del oficialismo, las votaciones de los demás partidos siempre lucirán ridículas frente a las del partido gobernante.
Las primarias abiertas, manipuladas por un partido como el peledé, sin ningún escrúpulo en su afán de mantenerse en el poder, operarán como una elección anticipada y se utilizarán para aplastar por adelantado a cualquier opción de la oposición, para consolidar así la dictadura de partido que ya han impuesto.
Adicionalmente, la facción de Danilo Medina tenía interés en las primarias abiertas porque éstas le evitan mayores daños colaterales en la inevitable confrontación interna con la facción de Leonel Fernández en la elección de la candidatura presidencial.
La facción de Danilo Medina buscaba, como finalmente logró, que la adopción de las primarias abiertas por la cúpula dirigencial esté avalada en la ley y que éstas sean organizadas por la JCE y así darle la mayor legalidad y legitimidad a la candidatura que esa facción promueva para las elecciones de 2020. La introducción de las primarias abiertas le garantiza a Danilo Medina, si logra modificar la Constitución, que una eventual candidatura suya se imponga y aplaste fácilmente dentro y fuera del partido.
Lo segundo es que la Ley 33-18 crea las condiciones para eliminar los partidos emergentes reconocidos y evitar, o por lo menos dificultar a extremos, el surgimiento de cualquier opción política alternativa o la conformación de una coalición de partidos de oposición.
Varias disposiciones de la ley apuntan en este sentido. Entre ellas las de: a) obligar como requisito para el reconocimiento electoral tener organismos de dirección operando y funcionando en los 158 municipios del país; b) la forma inequitativa de distribución de la contribución económica del Estado; c) la prohibición a todo partido de nuevo reconocimiento a hacer alianza en las primeras elecciones en que participe; c) la reducción a un 20% las reservas de candidaturas a ser presentadas en conjunto por dos o más partidos aliados; d) la exigencia a los precandidatos y candidatos de un tiempo de militancia o permanencia previa en el partido que lo postule.
Al hacer estos señalamientos a la ley, lo que defendemos es el derecho a la pluralidad, el derecho a la libre organización en partidos y, sobre todo, del desarrollo de propuestas alternativas que permitan la renovación continua de la política, las ideas y la representación ciudadana. Por tanto, no se trata de justificar el mantenimiento de los partidos bisagras cuyo único objetivo es mantenerse como sanguijuelas de los partidos tradicionales para succionar elección tras elección cargos públicos y recursos en beneficio de negociantes de la política.
Ratifico: bajo las premisas de la Ley 33-18, en el futuro inmediato, el sistema de partidos del país se compondrá de tres o cuatro de los partidos existentes bajo la hegemonía del partido oficial. Es decir, se trata de la consolidación de una dictadura de partido, en un esquema en el cual formalmente habrá partidos de oposición, que servirán para legitimar la sucesiva imposición electoral fraudulenta del peledé en los venideros procesos electorales y en la composición de los poderes públicos.
