¿Por qué ha abandonado Trump el Consejo de Derechos Humanos?

Probablemente, el informe no es la causa principal de la enésima decisión de EE.UU. de minar la ya delicada situación del sistema de Naciones Unidas, pero tanto su contenido como el hecho de que exista un organismo internacional que decida examinar la política interna de Estados Unidos han abonado la senda que la Administración Trump ya tomó al abandonar organismos como la UNESCO o compromisos como el Acuerdo de París sobre cambio climático. Hay que recordar que tampoco es la primera vez que Estados Unidos toma la decisión de boicotear el Consejo. En 2009, bajo la administración de George Bush, el entonces embajador y hoy asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, criticado permanentemente por el Senado estadounidense, convenció a su presidente para no formar parte del Consejo, por razones muy similares a las que la embajadora Haley expresó el 19 de junio de 2018.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creado en 2006, reemplazando a la antigua Comisión de Derechos Humanos. Su propia creación, orientada a superar las críticas y el deficiente funcionamiento de la Comisión, provocó el rechazo de Estados Unidos, Israel, Palaos y las Islas Marshall, y las abstenciones de Bielorrusia, Irán y Venezuela. El Consejo está compuesto por 47 Estados, elegidos por mayoría absoluta entre todos los Estados miembros de la ONU y repartidos de manera proporcional geográficamente, que se van renovando por tercios, y celebra tres sesiones ordinarias al año. En su seno se desarrollan procesos fundamentales para la promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo. Existen tanto mecanismos de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones estatales, a través del sistema de informes o del Examen Periódico Universal; como iniciativas para el desarrollo de estos derechos y sus mecanismos de protección, entre las que destaca la negociación del Instrumento Jurídicamente Vinculante sobre Empresas transnacionales y otras empresas respecto de los Derechos Humanos (el llamado Binding Treaty).

El Consejo tiene, además, otras características que refuerzan su importancia. Por un lado, su carácter universal, es decir, el organismo monitorea el cumplimiento de los Derechos Humanos de todos los países, no solo de sus miembros. Esto implica, evidentemente, que la decisión de Estados Unidos no va a evitar que el Consejo lo siga supervisando. Por otro lado, es importante recordar el papel fundamental que la sociedad civil y sus organizaciones está jugando en el Consejo, participando de manera tanto formal como informal en sus sesiones y en los distintos grupos de trabajo creados en su seno.

Aun cuando la salida de Estados Unidos no implica la ruptura con sus obligaciones respecto de los Derechos Humanos (formalmente), la decisión supone la clara voluntad de realizar un ataque directo a la labor de este organismo y muy en particular a algunas de las líneas de actuación, tanto respecto de Israel como de las empresas trasnacionales, los acuerdos de inversión o, entre otras cuestiones, las políticas de austeridad y su conexión con la pobreza.

El gobierno de Estados Unidos ha justificado su decisión deslegitimando gravemente al Consejo. Pompeo lo calificó entre otras cosas como “un pobre defensor de los Derechos Humanos”, y señaló que su comportamiento es un continuo “ejercicio de vergonzosa hipocresía, donde los peores abusos son ignorados y donde se sientan los peores violadores”. El Secretario de Seguridad hizo gala de su habitual patriotismo, afirmando que Estados Unidos “no aceptará lecciones de órganos e instituciones hipócritas”.

En una línea similar, Haley, que en 2016 había exigido una reforma del Consejo para asegurar la permanencia de su país, culpabilizó al resto de Estados de permitir que el organismo siguiera acogiendo en su seno a los países que “más vulneran los derechos humanos”. El fracaso del intento de reforma impulsado por EEUU, que no fue apoyado ni por sus propios aliados, permite, en palabras de la embajadora, que el Consejo continúe actuando de manera politizada y parcial, dejando escapar a los “regímenes más inhumanos del mundo” y “convirtiendo en chivos expiatorios a los países con estándares de derechos humanos positivos”.

Evidentemente, con esta última frase, Haley se refería a Israel y al conjunto de resoluciones de denuncia de las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel que han sido adoptadas por el Consejo, en cuyas reuniones ordinarias se mantiene de manera fija el conocido como “ítem 7”, es decir, la discusión acerca de la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados. En torno a este ítem, y a distintos grupo de trabajo, el Consejo ha encargado numerosos informes sobre las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, entre los que destacan el informe de la misión internacional independiente de investigación sobre las repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino, o el más reciente informe sobre la creación de una base de datos de todas las empresas que participan en determinas actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Este último informe, presentado en la sesión 37 del Consejo de Derechos Humanos (marzo de 2018), señala cómo determinadas empresas, fundamentalmente de origen israelí y estadounidense, habían permitido, facilitado y aprovechado, directa e indirectamente, la construcción y el crecimiento de los asentamientos. Además, indica que el Gobierno de Israel fomenta activamente el desarrollo económico de los asentamientos, por ejemplo, designándolos como “zonas de prioridad nacional”, lo que permite a las empresas que operan en ellos beneficiarse de reducciones del precio de la tierra, subvenciones al desarrollo de infraestructuras, trato tributario preferencial o inmunidad frente a las leyes laborales relativas al trato de los trabajadores palestinos. Debe destacarse que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado esta misma semana que Israel mantiene su política de negar el acceso del relator a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y que no contesta a sus peticiones en este sentido.

Junto con la preocupación por proteger a sus empresas, la crítica de Estados Unidos respecto de la actuación del Consejo llegó a su punto máximo en la sesión especial del 28 de mayo, centrada en el deterioro de la situación de los derechos humanos en Palestina, y que adoptó desplegar de manera inmediata una comisión de investigación internacional, independiente y transparente, para cuantificar las violaciones cometidos por Israel en los ataques militares contra las protestas civiles de los últimos meses. Sólo votaron en contra Estados Unidos y Australia.

Impugnación del sueño americano

Más allá de esta cuestión, existen otros motivos que han provocado el enfado de Estados Unidos y entre ellos destaca el informe del profesor Alston, que es, en sí, una impugnación directa del “sueño americano”. En sus 22 páginas, el Relator aporta datos para evaluar la medida en que las políticas y los programas del Gobierno de los Estados Unidos relacionados con la extrema pobreza son compatibles con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entre otras cuestiones, el informe afirma que cerca de 40 millones de personas viven en situación de pobreza, 18,5 millones de pobreza extrema y 5,3 millones en condiciones de pobreza absoluta. Además, EEEUU registra la tasa de pobreza juvenil y de mortalidad de lactantes más alta de la OCDE, así como una menor longevidad y una mayor morbilidad. Los estadounidenses son también los ciudadanos con la tasa más alta del mundo de encarcelamiento y los índices más altos de desigualdad de los ingresos de los países occidentales, empeorada por la reducción tributaria de diciembre de 2017, que ascendió a 1,5 billones de dólares. A todo lo anterior, se suma que, en 2018, se concentra en los Estados Unidos más del 25% de los 2.208 multimillonarios de todo el mundo, entre los que se encuentra su presidente, Donald Trump. Otras críticas a la política interna estadounidense, como la realizada por el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respecto de la política migratoria en general y de la práctica de separación forzada de niños de las familias inmigrantes que entran ilegalmente a través de su frontera con México, han aumentado el rechazo de Estados Unidos respecto de lo que califican una “injerencia en su soberanía”

Pero las razones tampoco acaban aquí. Una pequeña revisión del comportamiento de permanente confrontación y especial beligerancia respecto de otros temas en el seno del Consejo demuestra otra de las aristas del problema: Estados Unidos no quiere que se cuestione la impunidad de las empresas transnacionales. A modo de ejemplo de esta política proteccionista, puede recordarse cómo este país intentó boicotear el funcionamiento del Grupo de trabajo sobre empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos (el Grupo del Binding Treaty) en octubre de 2017. En la última reunión de aquella sesión, donde se estaban pactando las conclusiones, apareció una representación de Estados Unidos, que había estado totalmente ausente en los trabajos del Grupo, y pidió la terminación de los mismos y la disolución del grupo, con una torticera argumentación jurídica que no fue finalmente apoyada por los estados participantes. Una vez más, la protección de la impunidad de las empresas transnacionales marcaba la agenda de la superpotencia.

Así, la salida de Estados Unidos puede también relacionarse con la voluntad de boicotear una línea que va fortaleciéndose en el seno del Consejo de Derechos Humanos respecto de la necesidad de denunciar las violaciones y actuar para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Así, lentamente (y con avances y retrocesos) se ha ido creando un acervo de resoluciones e informes que tratan, aun de manera indirecta, el problema de la impunidad de las empresas y la captura corporativa de los Estados como son, por ejemplo, los de la relatora sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Urmila Bhoola; los de Olivier De Schutter, relator especial sobre el derecho a la alimentación que ha elaborado distintos informes sobre, entre otras cuestiones, el impacto de los tratados de inversión en los derechos humanos o los del experto independiente Pablo Bohoslavsky sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. La salida de Estados Unidos también responde, sin duda, a un rechazo del contenido de estos informes que se orientan a la protección de los derechos humanos y en particular de los sociales, derechos que, por cierto, Estados Unidos ha manifestado no reconocer como derechos de igual categoría que los políticos o civiles.

Frente a los intentos del Consejo y del conjunto del sistema de Naciones Unidas por proteger (con sus luces y sombras, sin duda) los derechos humanos se alzan voces bárbaras como la de John Bolton, que ha expresado que Estados Unidos “no necesita consejos de la ONU u otros organismos internacionales acerca de cómo gobernarnos”; o como la de Benjamin Netanyahu, que elogió la “valiente” decisión de Estados Unidos, como “declaración inequívoca de que ya basta”. Evidentemente, ambos actores internacionales, dentro o fuera del Consejo, deben cumplir con sus obligaciones respecto del derecho internacional de los derechos humanos, pero una vez mas nos encontramos con el problema más antiguo del derecho internacional que se recrudece en los últimos tiempos: ¿cómo podemos imponer el respeto de estas obligaciones a una superpotencia gobernada por Trump?