Francisco Herranz (Sputnik, 19-6-18)
Prácticamente toda la opinión pública de EEUU —desde la iglesia evangélica hasta la mismísima primera dama— ha puesto el grito en el cielo por la aplicación de una orden despiadada y vergonzosa del presidente Donald Trump que separa a los menores de edad de sus padres, inmigrantes hispanos, cuando éstos cruzan ilegalmente la frontera desde México.
La propia Melania Trump, una inmigrante en sí misma pues nació en Eslovenia, ha contradicho claramente la política que su marido aplica a los indocumentados.
«La señora Trump odia ver a los hijos separados de sus familias. Cree que debemos ser un país que cumpla todas las leyes, pero también un país que se gobierne con corazón», afirmó su portavoz, Stephanie Grisham.
Al alud de críticas se sumó incluso la discreta esposa del expresidente George Bush hijo. «Aprecio la necesidad de reforzar y proteger nuestras fronteras internacionales, pero esta política de tolerancia cero es cruel. Es inmoral. Y me rompe el corazón. Nuestro Gobierno no debería ocuparse de almacenar niños en cajas reconvertidas ni de hacer planes para ponerles en ciudades-tiendas de campaña en el desierto a las afueras de El Paso. Esas imágenes son inquietantemente reminiscentes de los campos de internamiento de japoneses estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, que ahora se consideran uno de los episodios más vergonzosos en la historia de EEUU». Eso escribió Laura Bush en una tribuna abierta publicada en el diario The Washington Post.
Melania Trump y Laura Bush están conmovidas por las impactantes imágenes de cientos de menores que esperan su incierto destino en unas instalaciones levantadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la localidad texana de McAllen. Los críos están encerrados en una serie de cajas creadas con vallas metálicas y carpas que recuerdan a la tristemente famosa prisión de Guantánamo. En algunos de esos recintos viven hacinados hasta 20 niños, la mayoría de ellos muy asustados. «Los niños separados de sus padres ya están traumatizados», aseguraba el senador demócrata por Oregón, Jeff Merkley, tras visitar el horrendo lugar. «No importa si el suelo está barrido o las sábanas bien ajustadas».
Ya están apareciendo historias desgarradoras. Como la que contó Michelle Brane, de la ONG Comisión de Mujeres Refugiadas. Brane entrevistó a una joven de 16 años que estuvo cuidando de una niña durante tres días. La adolescente y otros menores que compartían su celda pensaban que tenía solo 2 años. «Tuvo que enseñar a otros chicos a cambiarla el pañal», dijo Brane. Después de que un abogado empezara a hacer preguntas, los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a una tía de la niña, que se la llevó con ella. Al final resultó que la niña tenía 4 años, pero no hablaba español sino sólo quiché, una lengua indígena de Guatemala. «Estaba tan traumatizada que no hablaba. Estaba encogida como un ovillo», añadió Brane.
En apenas seis semanas, entre el 19 de abril y el 31 de mayo de este año, 1.995 menores de edad han sido separados de sus familias sin papeles en la frontera con México, según datos aportados por el Departamento de Seguridad Interior estadounidense. Son tantos que las autoridades se están quedando sin sitio donde darles alojamiento.
La prensa nacional tampoco ha permanecido impasible. Hace unos días, el popular rotativo neoyorquino Daily News publicaba en su portada a toda página la foto de una niña hondureña de dos años que lloraba desconsoladamente mientras su madre era detenida en Texas. Y acompañaba la imagen con cuatro palabras: «Cruel. Desalmado. Cobarde. Trump».
Ha pasado más de un mes desde que el fiscal general —equivalente a ministro de Justicia—, Jeff Sessions, anunciara con alharaca la nueva política de «tolerancia cero» de la Casa Blanca para combatir la inmigración ilegal. Ha sido una opción nuclear, agresiva, inhumana, que Trump está utilizando para forzar a la oposición demócrata a suscribir con los republicanos una nueva legislación en materia migratoria que incluya la financiación del vergonzoso muro con México.
Desde entonces, el Departamento de Justicia considera que los adultos que intentan penetrar en territorio estadounidense de forma ilegal han cometido un delito por el que deben ser juzgados, lo que implica que pierden automáticamente la custodia de sus hijos. La nueva directiva implica un cambio de timón absoluto pues antes cruzar la frontera se consideraba una simple infracción administrativa.
La decisión conlleva que los niños y adolescentes que llegan con sus padres son considerados no acompañados y pasan a ser custodiados por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, que los envía a la casa de un familiar (si lo tuviera), a hogares de acogida o a refugios. Pero mientras tanto, durante tres días, son concentrados en lugares tan deplorables como el levantado en McAllen.
Esta «tolerancia cero» ha sido muy criticada no sólo por el Partido Demócrata y los defensores de los derechos humanos, sino también por el papa Francisco, las iglesias evangélicas locales o la Academia Americana de Pediatría, que teme que produzca «daños irreparables» a los menores. Naciones Unidas la calificó como una «grave violación de los derechos del niño».
La idea surgió en marzo de 2017 de la mente del general John Kelly, entonces secretario de Seguridad Interior y actualmente jefe de Gabinete de Trump. Pero quedó guardada en un cajón, por políticamente incorrecta, hasta que Jeff Sessions se encargó de desempolvarla en abril. El fiscal general la defiende a ultranza, como si no tuviera sentimientos. «Si no quieren que los separen de sus hijos, no deberían traerlos con ellos», apuntó. Y luego citó un versículo de la Biblia para defenderse de las críticas de los líderes evangélicos que consideran que la medida es abominable. «Les citaría al apóstol Pablo y su mandato claro y sabio en Romanos 13 de obedecer las leyes del gobierno», dijo Sessions. Ese pasaje bíblico fue un argumento utilizado por los sudistas para justificar la esclavitud durante la Guerra de Secesión estadounidense en el siglo XIX.
Como siempre hace, Trump se mueve entre dos aguas, diciendo una cosa y más tarde la contraria. Primero declaró que no iba «a ignorar la ley», pero luego manifestó que «detesta» ver niños separados de sus padres. Al final responsabilizó, falsamente, de la situación a los legisladores «débiles e ineficaces» del Partido Demócrata. Todo ello mirando la crisis migratoria en Europa y las elecciones parlamentarias de noviembre.
