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Aranjuez, el tratado que no zanjó los pleitos territoriales en la isla de Santo Domingo

Escrito por Debate Plural

Emilia Pereyra (D. Libre, 6-6-18)

 

Hace 241 años fue firmado en España el Tratado de Aranjuez, con cual se establecieron las fronteras entre los territorios español y francés en la isla de Santo Domingo, con el propósito de que cesaran de forma definitiva los conflictos fronterizos entre las dos colonias.

El 3 de junio de 1777 por el rey de Francia suscribió el convenio, Pierre Paul, marqués d’ Ossún y por soberano español, lo hizo José Moñino, conde de Florida Blanca.

Según publicó el historiador Antonio Del Monte y Tejada en su “Historia de Santo Domingo”, en los los artículos primero y segundo del Tratado de Aranjuez, se establecían los siguientes límites:

“Procediendo al cumplimiento del referido Tratado, empieza la línea de Demarcación de Límites en la Costa del Norte de esta isla y boca del río Pedernales o Riviere des Anses a Pitre, en cuyas orillas se han colocado las Pirámides que figura en el plano con las inscripciones de France-España, gravadas en piedra, y puestos los números extremos 1; 221: Todos los más se manifiestan claramente en el Plano según su colocación. Se presupone, y entiende por derecha o izquierda de la Línea de la de los comisarios en su marcha, y en los ríos, y arroyos, la de su corriente saliendo de su origen…”

José Gabriel García, padre de la historia dominicana, escribió según consta en sus “Obras completas”, publicadas por Banreservas, que el tratado “dejó terminadas las divergencias, suscitadas entre las dos naciones desde el reinado de Felipe V, y que vino a servir de título de propiedad de cada una de ellas en la isla de Santo Domingo, poniendo fin a las frecuentes discusiones que de continuo se promovían entre los habitantes de las comarcas fronterizas, ora sobre la extensión de terreno, otra sobre otros derechos particulares, no obstante las convenciones hechas provisionalmente por los gobiernos de las posesiones respectivas, deseosos de que reinara un acuerdo común y de allanar toda clase de obstáculos a la cordialidad y la armonía que deben reinar entre los pueblos vecinos”.

Señaló que a partir de entonces y a consecuencia de la medida tomada por Carlos III, de acuerdo con el parecer del brigadier José Solano, gobernador de la parte española, de declarar libre el comercio entre las dos secciones de la isla, el convenio fue más ventajoso para la parte española que para la francesa, porque la primera no tenía otra cosa que negociar sino bestias y ganado, mientras que la segunda (la francesa) poseía abundancia en todo, “y se encontraba en constante trabajo sobre trescientos cincuenta mil esclavos, los cuales hacían ascender el producto anual de la agricultura a $12, 783, 887”.

Pese a la firma del Tratado de Aranjuez, la parte este de la isla, siguió perdiendo territorios, como consecuencia de la puesta en vigencia del Tratado de Basilea y de las invasiones haitiana del siglo XIX.

Mucho tiempo después el gobierno del presidente Ignacio María González, en 1874, suscribió el Tratado de Paz con Haití, confuso en términos limítrofes, mediante el cual los dominicanos cedieron territorios ocupados.

Con el tratado fronterizo de 1929, y luego de la firma de su protocolo de revisión en 1936, se establecieron definitivamente los actuales límites geográficos del territorio dominicano, circunscritos a los 48,300 km² que quedaban en 1856.

Viejas disputas

Los franceses comenzaron a ocupar territorio de la isla de Santo Domingo a raíz de las muy estudiadas devastaciones del gobernador Antonio de Osorio, en el 1605, que despobló la banda noroeste.

En su ensayo “Cuestión de límites de La Española, 1690-1777”, el investigador español Antonio Gutiérrez Escudero explica que desde la ocupación por los franceses de las tierras occidentales las divergencias con los españoles fueron constantes, y que sin un tratado de límites, que no fue firmado hasta 1777, los galos aprovecharon el “impasse” para intentar extenderse sobre territorio hispano, única forma de aumentar sus cultivos y plantaciones y obtener mayores beneficios con los productos tropicales que de ellos extraían cuya aceptación en Europa había alcanzado cotas muy altas.

“Así pues, en La Española frontera e historia han marchado unidas durante años, décadas y siglos. Bien entrada la actual centuria aún seguían las discrepancias sobre la demarcación entre las ya repúblicas soberanas, pese a los innumerables acuerdos adoptados en tiempos anteriores”, agrega.

De acuerdo a Gutiérrez, los franceses casi nunca desalojaron los terrenos que paulatinamente ocupaban, pues siempre encontraban algún argumento que justificaba su presencia en aquellas tierras. “Fallo de la Corte española fue no establecer bien temprano límites oficiales, pese a las peticiones galas en tal sentido… sin embargo, en aquel tiempo, en que con toda seguridad se pensaría en recuperar la parte perdida… Cuando surgen los primeros problemas fronterizos se desiste de protestar ante Luis XIV temiendo que ello pudiera ser interpretado como un reconocimiento de los derechos galos al territorio”, dice.

El historiador señala que la seguridad que se tenía de que la parte occidental volvería tarde o temprano a manos de España fue tan perjudicial para los hispanos como beneficiosa para los franceses.

“La creencia pervivió hasta bien entrado el siglo XVIII. En 1730 el Consejo de Indias se niega a iniciar conversaciones respecto a la fijación de fronteras aduciendo la ilegalidad de la ocupación gala. Establecer límites oficiales, piensa, sería reconocer explícitamente la soberanía de Francia sobre la porción oeste de la isla. Con el transcurrir de los años, sin embargo, las ideas acerca de esta cuestión comenzaron a variar, en especial cuando se vio que la división de Santo Domingo era un hecho irreversible”, indica Gutiérrez.

Continuos reclamos

La historia registra las continuas disputas que se producían antaño por los temas territoriales. En 1764 y 1770 el gobernador español Manuel de Azlor solicitaba del rey un acuerdo de límites que pusiese fin a los continuos altercados entre los habitantes de ambas zonas, pues “no quedan esperanzas de contener a los franceses ni con razones, ni con protestas, ni con requerimientos”.

El gobernador Solano, sucesor de Azlor, pidió lo mismo por idénticos motivos. Entonces la corte de Francia se negó a la firma de un tratado fronterizo pedido con insistencia por los españoles.

A juicio del historiador Gutiérrez en la mentalidad francesa cualquier compromiso en tal sentido implicaría poner coto a sus avances.

“El interés de los españoles por delimitar territorios radicaba en el deseo de finalizar con una situación conflictiva constante. Bien es verdad que los enfrentamientos nunca pasaron de simples escaramuzas, quema de cosechas y choques aislados (salvo los sucesos de 1691, 1695 y los que se producirán a final de siglo como consecuencia del influjo de la Revolución Francesa), pero la continua tensión a causa de ellos hacía anhelar una necesaria solución”, agrega el ensayista.

En 1773 el capitán general de la parte española de la isla, José Solano, y el gobernador de la parte francesa, marqués de Valière, suscribieron un acuerdo provisional en el que se precisaban los límites entre los territorios de ambos países en la isla.

En 1776 José Solano y el conde de Ennery ratificaron este convenio con la ayuda de una comisión de topógrafos que señalarían físicamente los límites establecidos, auxiliados por la creación de un conjunto de pirámides que servían como indicadores, usando el río Dajabón en el Norte como inicio y la región de la actual Pedernales en el Sur como fin de la delineación de la frontera.

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