Guillermo Moreno (D. Libre, 4-6-18)
En el caso de hipercorrupción de la empresa Odebrecht, en unos días se vence el plazo en que el Procurador General de la República (PGR) debe presentar el acta de acusación al Juez de la Instrucción (JI). Este último convocará entonces a una audiencia preliminar para decidir y delimitar las partes del proceso, el objeto de la acusación, los medios de prueba, entre otros.
El PGR, el 29 de mayo de 2017, a propósito de solicitar medidas de coerción contra 14 imputados en este caso, presentó ante el JI una primera investigación que dejó insatisfecha a la sociedad.
Precisamente, por los vacíos que evidenciaba esa investigación, el 23 de agosto de 2017, apoyado en las facultades que reconocen la Constitución y el Código Procesal Penal a los ciudadanos, presentamos una denuncia penal y solicitud de ampliación de la investigación ante la Procuraduría General de la República.
Las debilidades y ausencias identificadas en la investigación penal realizada por el PGR son de dos órdenes.
En primer lugar, en su expediente del 29 de mayo, el PGR no incluye violaciones graves a la ley penal cometidos por Odebrecht y los demás coautores y cómplices. Entre ellas figuran:
1.- Aceptó como verdad que los sobornos practicados por Odebrecht fueron por US$ 92 millones cuando hay suficientes elementos para establecer, como hicieron los ministerios públicos de Perú, Colombia y Panamá, que el monto fue mucho mayor. ¿Por qué no se amplió la investigación de los sobornos si la propia empresa admite en su delación que fueron “más de US$92 millones”?
2.- El PGR no incluye en la investigación las obras de 2012 al 2014, en el primer gobierno de Danilo Medina. Es necesario saber que desde el 16 de agosto de 2012 hasta enero de 2015, en las cuentas de Ángel Rondón para sus operaciones corruptas se registran depósitos por valor de US$55,809,818.41, lo que significa que en esos 29 meses de la gestión de Danilo Medina, los sobornos pagados por Ángel Rondón representan el 60.7% de los US$92 millones. ¿Cómo explicar que las obras de este periodo no estén incluidas en la investigación?
3.- El PGR ignoró en la investigación, la sobrevaluación de las obras. Investigaciones independientes realizadas demuestran que de las obras más sobrevaluadas en toda la región, cuatro de ellas se encuentran en nuestro país. En 10 de las obras (sin incluir a Punta Catalina), el aumento del presupuesto original fue de US1,229 millones. Es decir, más de 13 veces los US$92 millones pagados en sobornos.
4.- El PGR no incluye en la investigación el financiamiento ilícito de candidatos, hecho este admitido por Temístocles Montás en carta pública del 1º de junio de 2017. Precisamente, uno de los esquemas de corrupción reproducido por Odebrecht en la casi generalidad de países fue la de financiar a candidatos quienes, luego de ganar, retribuían el favor adjudicándole a la empresa la construcción de obras. En el país, de 2001 a 2014 hubo 6 procesos electorales.
En segundo lugar, el PGR, en la referida investigación del 29 de mayo, no incluye a importantes funcionarios que jugaron roles protagónicos en la concertación y aprobación de los contratos de obra y de financiamiento con Odebrecht. Entre los que deben ser incluidos en la investigación figuran los siguientes:
5.- Los presidentes de la República de 2001 a 2014, es decir, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. En un régimen marcadamente presidencialista es impensable que Odebrecht tuvo el monopolio, durante 14 años, de la construcción de las grandes obras públicas, repartió sobornos, financió campañas, ganó todas las adjudicaciones, concertó adendas que hasta triplicaban los presupuestos originales y resulta que los presidentes del país ni participaron ni tuvieron conocimiento de ello. En todo caso, esa es la duda que solo puede ser despejada haciendo una rigurosa investigación que los incluya.
6.- Los titulares del Ministerio de Obras Públicas y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de 2012 al 2014, los señores Gonzalo Castillo y Rubén Bichara, responsables de las cinco obras construidas por Odebrecht en este periodo y que no fueron incluidas en la investigación.
7.- Los titulares del Ministerio de Hacienda, señores Vicente Bengoa, Daniel Toribio y Simón Lizardo, quienes participaron en la concertación y elaboración de los contratos de préstamos para el financiamiento de las obras, incluyendo las adendas a los contratos originales. Bengoa es responsable de 14 de los contratos de Odebrecht, Toribio de 5 y Lizardo de 3.
8.- Los presidentes del Senado Reynaldo Pared y Cristina Lizardo, también Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, quienes fueron responsables de la aprobación, el primero, de 26 de los contratos y adendas de las obras de Odebrecht, la segunda de cuatro y el tercero de 18.
Si el PGR persiste, en su acta de acusación, en dejar fuera de la investigación la parte sustantiva de los actos de corrupción y en proteger a sus corruptos favoritos, entonces la ciudadanía tiene que reaccionar, manifestarse y movilizarse. No hay punto medio: O luchamos contra la corrupción y la impunidad o nos hacemos cómplices con nuestro silencio y pasividad
