Alvaro A. Caamaño y Ramón E Paniagua H. (Crisis de la dominación oligárquico-burguesa, Archivo General de la Nación 2017)
La nueva clase dominante
La facción burguesa trujillista nace con Trujillo, y los mecanismos de extorsión y explotación que este impuso como práctica durante los treinta y un años de dictadura dieron los resultados esperados.
Los diferentes sectores burgueses existentes en la formación social dominicana, que no pertenecían al sector burgués imperialista, fueron sometidos al control del Estado personalizado en la figura de Trujillo.
Este proceso de sometimiento de la burguesía tradicional y de la pequeña burguesía y los sectores populares, se logró en base a un plan muy bien concebido que implicó un conjunto de reformas del tipo estructural que, a la vez que modernizaban al Estado, daban el grado de legitimidad para la explotación de los diferentes sectores burgueses y del pueblo en general, e impulsaban la democracia despótica «recurriendo a la historia dominicana para mostrar que requería un estatismo despótico como el establecido por Trujillo, y no unas seudo libertades generales, que eran de desarrollo histórico de otros países, justifica tal modalidad de democracia y por contraste negativo justificaba la modalidad de la democracia trujillista».9 Un conjunto de intelectuales orgánicos al servicio de la dictadura construyeron la nueva historia de la revolución estatal trujillista: Manuel A. Peña Batlle, Joaquín Balaguer y otros de no menor importancia, como Mario Fermín Cabral y Arturo Logroño.
Este planteamiento parece contradictorio pero no lo es, en la medida en que entendemos que la burguesía, como clase de punta de la sociedad capitalista dominicana, estaba llamada a desempeñar el rol de clase dominante y explotadora de las áreas de alta relevancia económica del país, y no cumplió con ese cometido por haber sido desplazada por un sector burgués nuevo formado en una coyuntura especial, sin tradición en el control del aparato económico y estatal. Esto se tradujo en la castración de su desarrollo y en el fortalecimiento de la facción burguesa dominante que lo era la trujillista, dándole el sentido atípico al Estado burgués dominicano.
La pérdida de la vinculación al poder y a la explotación a gran escala de las diferentes áreas económicas por parte de la burguesía tradicional, se traduce en frustraciones de clases, cuyas consecuencias serían conspiraciones, golpes de Estado, fraudes electorales, magnicidios y otras formas poco ortodoxas, como las guerras civiles que se han generalizado en la República Dominicana durante gran parte de su historia contemporánea. (XIX).
Trujillo, conocedor de estas consecuencias, pone en marcha el conjunto de reformas estructurales que amortigüen el proceso de degeneración a que sometió a la burguesía tradicional, a la vez que fortalece su nueva clase dominante y explota el imaginario colectivo con una propaganda masiva a nivel social, educativo, cultural e ideológico, llevada a cabo por el aparato de mayor encuadramiento político durante la dictadura el Partido Dominicano PD.
Este proceso de desplazamiento social no era nuevo, pues los norteamericanos lo habían puesto en práctica en la República Dominicana durante el período 1916-1924, y Trujillo era un pupilo aventajado de la dominación imperialista del siglo xx.
Cambios estructurales introducidos por Trujillo
Los cambios estructurales que Trujillo introdujo en el Estado dominicano iban en un doble sentido:
- Dar legalidad a sus acciones frente a la burguesía tradicional, consumando su desplazamiento y su neutralización de manera cuasi legal. Poner al Estado dominicano en situación de dependencia de sus propios intereses personales.
- Desplazar la facción imperialista del sector azucarero a su debido tiempo. Ganarse el imaginario popular como forma de perpetuación ideológica en la mentalidad de los sectores medios y rurales de la sociedad dominicana como nacionalista.
Dentro de estos cambios del tipo estructural, Trujillo, con el asesoramiento norteamericano, expresado en los trabajos realizados por el asesor financiero William F. Duna, presenta un plan estratégico para enfrentar la crisis de 1929 y el desastre causado por el huracán San Zenón. Este plan era un paquete económico y fiscal.
Dentro de los componentes del plan están las leyes de emergencia (23-10-1931). Estas leyes planteaban una reducción drástica del gasto público10 y una reorientación de la inversión pública.
La Ley de patente No. 140 (mayo 1931) elevaba los impuestos de patentes y creaba el impuesto al manifiesto aduanero, lo que se traducía en un gravamen lesivo para el comercio exportador e importador, y a su vez un mecanismo de recaudación. Privatizó el acueducto de Santo Domingo al arrendárselo a la compañía norteamericana Ilinois slg. and Bellast, lo que demuestra el seudo nacionalista de Trujillo.
Venta y arrendamiento del ferrocarril central, arrendamiento de la Lotería Nacional, concesión de terrenos agrícolas a compañías norteamericanas para la siembra y producción de rubros agrícolas, como la yuca y otros productos de consumo masivo. Dentro de las concesiones que Trujillo otorga extranjeros y dominicanos para debilitar a la burguesía tradicional se citan:
- Thomas Klog en Montecristi para la explotación de oro.
- Frank Edward King en la región de noroeste de Montecristi.
- Aníbal Trujillo en San Cristóbal, explotación de oro y hierro
Al mismo tiempo que va repartiendo y aislando a los sectores económicos adversos, va construyendo el corpus jurídico y fiscal, que le permitió el control cuasi legal del aparato estatal y de las áreas de importancia económica en la formación social dominicana.
La comprensión de este proceso es, según nuestra opinión, lo que permite entender el comportamiento de la crisis posttrujillista, como se está reiterando.
Con la promulgación de la ley No. 281, Trujillo controla la extracción de sal en las localidades banileja y montecristense. Con esta medida fortalece un nuevo sector burgués externo a la burguesía tradicional y crea todo un proceso orientado a la monopolización centralización económica, que él disimuladamente controla con el andamiaje legal que había venido estableciendo.
Es importante observar el doble sentido que tenían las medidas que iba tomando la dictadura: por un lado daba la sensación de estar centralizando todo el Estado como salvaguarda del patrimonio nacional; en otro sentido, creaba la percepción de democratización de la explotación de las diversas áreas económicas por los diferentes grupos económicos y personalidades del país.
Como ejemplo de esta situación podemos citar las concesiones agrícolas y mineras, la privatización del acueducto de Santo Domingo y de otras empresas.
Pero en realidad de lo que se trataba era de una maniobra ingeniosa del dictador para concentrar en sus manos y las de sus adeptos los medios de producción de más importancia, sin confrontar de manera abierta e ilegal a los sectores burgueses y oligárquicos que él redujo, con mecanismos seudo-jurídicos, a la explotación de áreas de poca importancia relativa en términos de acumulación y reinversión de capitales.
La creación del Partido Dominicano como instrumento de encuadramiento político e ideológico actuó como diagnóstico permanente de la situación política a nivel nacional y jugó un rol estelar en la política de ideologización de la dictadura y legitimización de las políticas del Estado, pues era parte del sistema de control no solo de los sectores marginados sino de la propia burguesía y clase media.
Otro factor en el cual el sector dominante de la burguesía trujillista se proponía intervenir para modificarlo era el de la tierra y el desplazamiento del grupo oligárquico, que no se plegó voluntariamente al proyecto trujillista y que podía resultar peligroso a la dictadura en función del peso social que tenía. En ese sentido la ley de colonización agrícola de 1933 produjo una de las primeras acciones tempranas de la dictadura para la modificación de la tenencia de la tierra en la República Dominicana, después de las implementadas por los Estados Unidos en la coyuntura de 1916-1924.
En este contexto, Trujillo puso en aprietos a grandes propietarios de tierra, que mantenían un perfil bajo frente a su gobierno, y creó un sector aliado al beneficiarlos con parte de esas tierras. Se debe aclarar que muchas de esas tierras eran del Estado, pero ocupadas por generales y particulares que habían amasado fortunas con la explotación de las mismas y que entendían ser propietarios por antigüedad en la ocupación y posesión.
Las leyes 686 y 758 profundizaban la creación de colonias agrícolas y beneficiaban a extranjeros de raza blanca, como forma de Trujillo blanquear la tez del dominicano, pero también de fortalecer el nuevo sector burgués y frenar la depauperación del campesinado y su tránsito a la proletarización, a la vez que el decantamiento clasista y la permanencia del sentido conservador en un sector minifundista campesino, que le granjeó a la dictadura un amplio respaldo en la zona rural.
La monopolización del tabaco en el Cibao, el cual era un producto tradicional de los sectores medios de esa región, pasó a ser un renglón estratégico del Estado, al ser controlado y monopolizado por la dictadura, como lo habían hecho los Estados Unidos de América en la coyuntura de 1916-1924.
Todos los cambios que la dictadura introduce desde sus inicios reflejan en el Estado dominicano un signo de modernidad y desarrollo nunca vistos en el país hasta ese momento, claro está, en detrimento de amplios sectores sociales tradicionales del pueblo dominicano.
