Economia Nacionales

La Cámara de Cuentas y la ley 311-14 en RD

Hugo Alvarez
Angel Moreta
Escrito por Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

Desde hace algunos años, tanto la presidencia de la República como la Procuraduría General de la República, a contar de 2012, han sido tolerantes con los funcionarios que violan descaradamente las disposiciones de la ley 311-14.

Con esta nueva ley se ha comprobado que los funcionarios del PLD en el Estado dominicano, violan y desconocen dicha ley. Asimismo ocurría con la antigua ley sobre declaraciones juradas de bienes de personas que ocupan posiciones oficiales en el gobierno. La presidencia de la Cámara de Cuentas de República Dominicana anterior al 2016, reclamaba insistentemente a los departamentos de persecución de la corrupción de la Procuraduría General de la República, que le diera curso a los resultados de los informes de auditorías que la Cámara de Cuentas les remitía, y que en muchos de los cuales constan irregularidades serias en el manejo de los recursos públicos.

En esos informes de auditorías constan irregularidades e indelicadezas dañinas en el manejo de los recursos públicos, pero cuando la Procuraduría recibía dichos informes los engavetaba supinamente y no los enviaba a los tribunales de justicia. Siempre ha sido así, los organismos encargados de la persecución del crimen protegen a los funcionarios delincuentes.

No podemos echar toda la culpa a la Cámara de Cuentas, pues la anterior presidenta insistió mucho en el punto que venimos mencionando. Varias veces solicitó a la Procuraduría General de la República que remitiera los expedientes auditados a la justicia. En el año 2012 solicitó a la Procuraduría General de la República darle curso a treinta auditorias que fueron realizadas en varias entidades estatales en las cuales se detectaron graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos. El paso siguiente seria, según dispone la ley  311-14, enviar a la justicia a los autores de esas anomalías.

Pero la ley no autoriza a la Cámara de Cuentas a apoderar directamente a los tribunales de expedientes en los cuales se comprueban anomalías. La Procuraduría no ha hecho nunca absolutamente nada para persecución de la corrupción, dejando entrever que una cosa es el discurso oficial contra la corrupción y otra es la falta de voluntad política para actuar en casos específicos, como por ejemplo los resultados de las auditorias que señalan irregularidades graves que justificarían sanciones judiciales por parte de los tribunales de la República contra determinados funcionarios.

En los años 2013 y 2014, también reclamó  la presidenta de la Cámara de Cuentas, de acuerdo con la ley No.10-04, de dicho organismo, que las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios señalados por la ley 311-14, y por el decreto 486-12, del año 2012, fueran enviados a la justicia para que se aplicarán las sanciones correspondientes.

Un grupo grande de funcionarios de manera tácita se ha negado a entregar las declaraciones juradas y los informes financieros anuales que establecen tanto dicha ley como el señalado decreto.

El Procurador General de la República ha hecho amagos y promesas incumplidas de estudiar los expedientes de los funcionarios reticentes, y hasta la fecha de hoy no ha tomado ninguna iniciativa sobre el particular. Lo que indica que dicho funcionario participa también de la indisciplina que reina en el Estado dominicano, donde no hay respeto a las leyes ni a los principios y valores establecidos en ellas.

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige un funcionario oficialista, también participa del desorden, pues estableció como fecha límite para la entrega de un informe financiero por parte de los funcionarios obligados por la ley  y el decreto 486-12, y dicho plazo transcurrió   y hasta el día de hoy, no ha dicho esta boca es mía…

Por ese motivo afirmamos que el presidente Medina es tolerante con la violación de la ley 311-14, el decreto 486-12 y los reglamentos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El presidente prefiere hacer silencio y echarle agua a las flores de su jardín calladamente para que crezcan en ambiente de impunidad. En otras palabras, no ofrece buenos ejemplos a los ciudadanos dominicanos, a no ser omisión y silencio.

Ya la Cámara de cuentas dejó de enviar expedientes contentivos de experticias actuariales.

No entendemos cómo es posible que si existe una ley que obliga a los funcionarios a presentar su declaración jurada de bienes muebles e inmuebles, al día de hoy un gran porcentaje de los funcionarios nombrados no han presentado su declaración jurada de bienes.

En consecuencia, podemos decir que no existe transparencia en el manejo de los recursos del Estado dominicano, en otras palabras, lo que existe es complacencia, complicidad y omisión con la violación de las leyes y regulaciones que rigen a los funcionarios.

En el artículo 49 de la ley No.10-04, de la Cámara de Cuentas, se establece que se dará noticia al Ministerio Público si de los resultados de las auditorias e investigaciones practicadas por los auditores, se establecieren indicios de responsabilidad penal; pero el presidente Medina y el procurador son totalmente indiferentes a la aplicación sana de la ley, y con esa actitud contribuyen muy seriamente al clima de impunidad total que existe en la sociedad dominicana.

En su discurso del 16 de agosto del año 2012, Danilo Medina prometió que no se haría acompañar de corruptos y violadores de la ley, pero sus promesas volaron por el aire. Verbat volant decían los latinos; primero, porque ningún funcionario ha sido sometido por causa de las irregularidades detectadas en las auditorías realizadas por los inspectores de la Cámara de Cuentas;

Y segundo, porque nunca se ha obligado a los funcionarios a cumplir con la ley 311-14, ni con el decreto 486-12, que hacen exigibles la entrega de informes financieros anuales, bajo pena de castigo; tampoco se cumplen los reglamentos, principios y valores predicados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que se hace de la vista gorda con los funcionarios corruptos.

No cabe la menor duda de que el PLD ha convertido al Estado dominicano en una instancia totalmente canalla. Se han comido al Estado dominicano, le han asignado la misión que ellos consideran saludable, que es permitir los actos de corrupción. De ahí podemos decir que tenemos un trapo de gobierno, una seguridad basura y un desorden que expele olor a carroña.

Hoy la Cámara de Cuentas se encuentra en una seria crisis debido al sectarismo y al dogmatismo peledeista, predominante en ese organismo del Estado. Se ha producido un escandaloso aumento de sueldo al margen de las leyes y regulaciones salariales y un aumento de más de 39 millones de pesos en conjunto y a favor de los funcionarios de dicho organismo.

Los salarios en la administración pública ni se indexan ni se aumenta; y ello ocurre desde hace muchos años. Los únicos empleados públicos que han visto aumentar sus salarios son los que tienen mayor capacidad para protestar y aunque no se han aumentado en la misma proporción los salarios de otros sectores, a la actual directiva de la Cámara de Cuentas no le importa ni la regulación ni la desregulación salarial. Pero en todo caso es un pecado mortal que los integrantes de la Cámara de Cuentas hayan decidido indexar sus salarios y aumentarlos de acuerdo con una resolución dictada por ella misma, la Cámara de Cuentas.

Se habla de interpelación a los miembros de la Cámara de Cuentas en la Cámara baja del Congreso Nacional, que siempre ha protegido a los funcionarios corruptos. ¿Cuándo la Cámara baja ha interpelado a ningún funcionario gubernamentales por hechos de corrupción o por el más mínimo hecho violatorio? Pues nunca, sigue siendo un sueño imposible la interpelación de funcionarios. Se trata de un sistema de tolerancia a la corrupción tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo y el Judicial.

El propio presidente llegó a hablar cosas inciertas, cuando llegó a afirmar que a él le parecía que ya casi todos habían hecho su declaración jurada de bienes, lo cual era incierto en ese momento.

Acerca del autor

Angel Moreta

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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