Juan M. Castillo R. (Listin, 21-3-18)
En las últimas semanas hemos visto cómo algunos medios asumen el planteamiento de que “por cada extranjero en República Dominicana hay 3 dominicanos en el exterior”. Idea recogida en el primer “Perfil Migratorio de República Dominicana” (2017) del Instituto Nacional de Migración y la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de la Oficina de Población, Refugio y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
¿Lo hacen para minimizar la percepción de la presencia extranjera en nuestro territorio o para rechazar la demanda popular de mayores controles fronterizos y ejecución de la Ley General de Migración como si por alguna razón el fenómeno de la fuerte emigración de la población dominicana al exterior implicara una deslegitimación moral de la vigencia y el carácter coactivo de la normativa migratoria nacional? Las cifras arriba señaladas pudieran estar infladas o, en el mejor de los casos, mal interpretadas.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en 2015 se estimó que la población dominicana en el exterior asciende a aproximadamente 1.3 millones de personas. Sobre inmigrantes, el primer Perfil Migratorio hace uso de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI, que no fue un censo), publicada en 2012 por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), financiada por la Unión Europea y apoyada por Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Sin embargo, dos distorsiones afectan esa percepción: primero, se compararon estimaciones de inmigración de 2012 con datos de emigración de 2015 y, segundo, el cálculo de ambas proporciones fue selectivo, pues sólo se refiere a 524,632 “inmigrantes” y excluye la cifra total de población extranjera en República Dominicana, con sus descendientes. Esta última cifra, en 2012, era de 768,783 extranjeros en República Dominicana. Si comparamos esa cifra con los 1.3 millones de dominicanos en el extranjero al año 2015, la proporción ni siquiera llega a 1.7 dominicanos en el extranjero por cada extranjero en suelo dominicano.
De igual modo, aunque no existen estadísticas confiables publicadas sobre las fluctuaciones de la inmigración al país en el tiempo (especialmente por la dificultad de conducir censos de grandes poblaciones en situación irregular), su innegable aumento permite afirmar que la cantidad de extranjeros en República Dominicana en 2015 era, con toda seguridad, mayor que en 2012, quedando corta la proporción de aproximadamente 1.7 dominicanos en el extranjero por cada extranjero.
Aún así, si la propuesta de 1 a 3 fuera creíble, sería el equivalente a decir que en el exterior viven más o menos 2.4 millones de dominicanos (casi una cuarta parte de la población dominicana, lo cual es un dato extravagante, no respaldado por entidad alguna).
Cabría preguntarnos también si la República Dominicana, a través de su sociedad o en la postura fijada por sus organismos públicos, exige flexibilidades migratorias para esa población dominicana emigrante que no retransmite a sus propios inmigrantes y, en consecuencia, peca de hipócrita.
La administración de la política migratoria de todo Estado constituye una desmembración natural del ejercicio soberano de su jurisdicción interna, cuyos principales límites son constituidos por el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales. Dicha política migratoria, si está bien diseñada, maneja la inmigración dentro de las rigurosidades tendentes a un objetivo clave: inmigración legal y ventajosa. La exigencia de más o menos requisitos para el ingreso y permanencia de una población extranjera inicia desde la toma de decisión de conceder o negar visado o, en su defecto, dispensarlo en favor de nacionales de países determinados. Tales decisiones se toman identificando los perfiles con características beneficiosas para la sociedad receptora, como por ejemplo: documentación, nivel educativo, calificación laboral, solvencia económica y aspectos propios del país de origen y su posible riesgo para el país de destino (tales como salud, tasa de criminalidad y cuestiones de seguridad nacional). Estos elementos se conjugan sin dejar de lado las llamadas variables fijas, como son la cercanía geográfica y las facilidades físicas de acceso y transporte.
Desde que las sociedades se han organizado bajo un esquema de coexistencia internacional de Estados soberanos existen migraciones internacionales en términos contemporáneos. Desde “Las leyes de las migraciones” (1885) de Ernst Georg Ravenstein, hasta las actuales teorías sobre la globalización y los motores económicos de los desplazamientos transnacionales de personas, queda claro que estos movimientos se producen por múltiples causas que se entrelazan entre sí, razón por la que en prácticamente todos los países del mundo existe, en mayor o menor medida, inmigración y emigración.
Es tan importante evaluar los factores causales como las consecuencias que derivan de la inmigración de perfiles identificables tanto a nivel individual como colectivo. Desde la “fuga de cerebros” en los países de origen hasta la demanda de recursos y servicios públicos, o la afectación de niveles salariales y la sustitución en los puestos de trabajos en base a sobreoferta de mano de obra barata en los países de destino, todas las variables, por sí solas y en su conjunto, deben ser evaluadas para estructurar una ingeniería efectiva de la política migratoria, articulada conforme a Derecho y en el mejor provecho del desarrollo y los intereses nacionales.
En este sentido, el ejercicio del control fronterizo y de la permanencia de extranjeros regulares, así como la adopción de medidas contra extranjeros que infringen la ley y por cuya causa su condición migratoria deviene en ilegal, sencillamente se corresponde con una planificación inteligente que reivindique la vigencia de la normativa nacional de derecho migratorio, tanto en sus fuentes domésticas como internacionales. Resulta indiferente la numerosa presencia de dominicanos en el extranjero, cuando República Dominicana enfrenta el desafío histórico de compartir la isla con la nación más pobre del continente garantizando la ejecución de las reglas de migración y la legislación complementaria (como, por ejemplo, la laboral),
Más que preocuparse por improvisar la proporción de emigración/inmigración y sacar conclusiones para sustentar un discurso parcializado, deberían preocuparse por lo siguiente: Si el país no genera suficientes oportunidades y condiciones de desarrollo de vida a sus propios nacionales, quienes tienen que emigrar y radicarse fuera, ¿es sostenible la presión adicional de una población extranjera proveniente de un Estado fallido?
