Guillermo Moreno (D. Libre, 5-3-18)
Si algo quedó claro, en la intervención del Presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero, es la admisión tácita de que en sus casi 6 años de gobierno, en materia migratoria no hizo su tarea. El conjunto de medidas que dice adoptará revela lo que todos sabemos: que las fronteras dominicanas son “tierra de nadie” y que por eso son tan vulnerables al tráfico de personas, de drogas y al contrabando de armas y mercancías. No es la primera vez que Danilo Medina reitera lo que había prometido hacer en la frontera y no hizo. Por eso es correcto preguntarse, ¿por qué creerle esta vez?
Si un Estado aspira que le respeten los Estados vecinos y en el plano internacional, lo primero que tiene que hacer es respetarse a si mismo, empezando por someterse y adecuar sus actuaciones a lo que dispone su propia Ley.
El Estado Dominicano, en el tema migratorio, hace mucho tiempo que está al margen de la Ley y ha permitido que la política migratoria sea una cartera de negocios y de corrupción para beneficio de ministros, empresarios, funcionarios, militares y políticos del país y de los países desde donde hay flujos migratorios constantes, principalmente de Haití. Para las mafias que controlan y se benefician de la migración ilegal el actual desorden migratorio es el mejor caldo de cultivo para obtener altas ganancias ilícitas.
No está en discusión que a este caos migratorio hay que ponerle freno ya. Sus consecuencias negativas son muy graves. La oferta de una mano de obra, que por su condición de indocumentado hace al inmigrante trabajar por “cualquier precio”, sin dudas desplaza mano de obra dominicana y contribuye a mantener deprimidos los salarios. Como es natural, estas son causas a su vez de migración constante de dominicanos a las principales ciudades del país –y el aumento de los cordones de miseria y marginalidad– y hacía el exterior. Este flujo migratorio interno viene produciendo en el país, sobre todo en el noroeste y el suroeste un acelerado proceso de despoblación que parecería que vamos camino a una “segunda devastaciones”. La primera fue la de Osorio, ésta, la de los gobiernos del PLD. En este punto es conveniente observar que las migraciones, cuando son procesos lentos y regulados, permiten al inmigrante integrarse al país receptor. Pero cuando se trata de procesos masivos, sin control y combinado con vacíos de poblaciones en el territorio, sucede lo contrario: El grupo inmigrante tiende a convertirse en dominante e imponer la cultura y valores propios de su nación y entonces se hace muy difícil la asimilación de esos inmigrantes.
El control estricto de las fronteras dominicanas (por tierra, mar y aire), sin dudas imprescindible como parte del respeto a nuestra soberanía, adquiere verdadero sentido si se acompaña con una voluntad de Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, militar) y una voluntad del sector privado de someterse y someter la migración al respeto de la ley. Es de conocimiento público que los consulados, sobre todo el de Haití es parte de los “premios” que se dan a políticos cercanos al Presidente, en combinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores; también las mafias militares en los puestos de control fronterizo cobrando “peajes” que deben repartir a los mas altos niveles. Sin voluntad para erradicar de cuajo estas prácticas, todo lo otro es palabrería.
Hay que decir que lo primero que necesita el país es definir una precisa política migratoria en que se establezca, entre muchas otras, a cuántos extranjeros estamos en capacidad de recibir y en qué condición (residentes, de paseo, trabajadores temporeros o fijos, estudiantes…).
Lo segundo es someter a todo migrante en nuestro territorio a la Ley, empezando porque se hace imprescindible que todo extranjero solo pueda ingresar y permanecer en el territorio dominicano en la forma y mediante los procedimientos dispuestos por la ley, lo que significa que todo extranjero debe estar debidamente identificado y tener un status migratorio definido, otorgado por autoridad competente.
Asimismo, lo anterior hay que complementarlo con lo siguiente: todo empresario o productor solo puede emplear a extranjeros 1) que tengan el status jurídico migratorio que le permita trabajar en el país; 2) debe respetar el porcentaje establecido en la ley para la mano de obra extranjera y dominicana; 3) todo extranjero que labore legalmente en la República Dominicana, lo hace con el beneficio pleno del respeto de sus derechos fundamentales y particularmente de los derechos que le otorga la ley laboral dominicana. La violación de cualquiera de las anteriores disposiciones debe conllevar sanciones estrictas para empresarios y productores o autoridad que lo permita. El primero que debe dar el ejemplo de respetar estas normas es el propio Estado dominicano en las obras públicas que realiza.
La permanencia aún de Andrés Bocio fortuna, cómo cónsul en Haití, acusado en el 2007 de falsificación de documentos para el tráfico ilegal de personas, y ahora nombrado por Danilo Medina, apenas 8 días antes de su discurso, son el presagio de que lo dicho el 27 de febrero son palabras dichas al viento y allí se quedarán.
