El pasado 23 de agosto del 2017, durante la habitual entrevista del desayuno del periódico Listín Diario, el presidente de la Junta Central Electoral junto a otros miembros del pleno de la misma, fijó su posición sobre el recurrente tema de la fragilidad de la frontera y el problema que representa para el presente y futuro de la nación, el crecimiento constante de la migración ilegal hacia el país, y lo hizo de manera clara y tajante: “La República Dominicana tiene que decidirse a no seguir siendo un paritorio de Haití, porque son miles las mujeres que están cruzando la frontera para venir a dar a luz al país, y luego buscar que esos niños sean nacionalizados”.
Para los dominicanos que como yo, viven atentos a la situación de constante amenaza que vive el país con la desbordada inmigración de ciudadanos haitianos y de otras nacionalidades, no nos resultan extrañas estas aseveraciones, pero sí muy preocupantes por venir de una autoridad competente en el ámbito de control legal y sobre todo creíble.
En la misma entrevista, el doctor Castaños Guzmán, taxativamente, quiso dejar clara la posición de la dependencia que preside, y entre otras afirmaciones expresó: “Definitivamente esa frontera tiene que tomar en cuenta que al país hay que preservarlo de la avalancha de niños de madres extranjeras, porque esa situación le crea una gran presión al país, además de que en determinado momento pudiera ser vista como una política invasiva”.
Más adelante, usando un lenguaje llano afirmó: “Vamos a llamarlo por su nombre, entonces nosotros tenemos que tener la suficiente responsabilidad, el Estado dominicano, de detener eso. Y eso hay que detenerlo allá en la frontera”, refiriéndose a todas las haitianas que cruzan la línea divisoria para dar a luz en el territorio nacional. Revelando que hay muchas madres que vienen, dan a luz y dejan abandonados a sus niños; mientras que otras se marchan con sus vástagos una vez concluyen el proceso, reconociendo que “Hay un problema y ese problema la Junta Central Electoral lo está viendo con mucha atención y está tomando las medidas de lugar”.
Asimismo, manifestó que el pleno del organismo no es ingenuo, saben lo que eso implica, además de que están claros hacia dónde deben ir respecto al tema, señalando que después que la madre no residente viene al país y da a luz, hay que inscribir al niño en el Libro de Extranjería, porque es un derecho universal.
El presidente de la JCE aprovechó ese escenario para dejar clara la posición del organismo que dirige sobre el espinoso tema del registro de niños abandonados, calificando de infundadas las dudas expresadas por algunos sectores respecto al acuerdo firmado entre el gobierno, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la JCE, mediante el cual serán registrados en las oficialías civiles de los hospitales los infantes que nazcan allí.
Explicó que existe un protocolo que cumple con los inscritos en los libros de extranjería, en el cual se le comunica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo ponga en conocimiento de las embajadas y consulados del país, de origen de la madre. Es un derecho fundamental que al nacer cada persona sea inscrita en un libro de registro civil, y en el caso de los nacidos aquí les corresponde asentarlos en el Libro de Extranjería.
En el contexto de esta realidad, la tendencia internacional es distanciarse del otorgamiento de la ciudadanía por nacimiento, y cada vez son más los estados que han eliminado esas políticas en las últimas décadas, aprobando nuevas leyes o modificando su ordenamiento jurídico para regularizar el estatus de los inmigrantes ilegales.
Un estudio del “Centro para Estudios de la Inmigración” con sede en Washington DC-EE.UU, señala que de 194 naciones del conglomerado mundial, unas 160 naciones “no conceden ciudadanía automática” a los hijos de inmigrantes ilegales, incluyendo a la República Dominicana.
Hoy, solo 30 naciones del mundo -economías desarrolladas- que conceden en sus constituciones la ciudadanía automática para hijos de ilegales o en tránsito que han nacido en sus territorios. En las últimas décadas muchos países pusieron fin a la práctica de otorgar la ciudadanía por nacimientos, como: Inglaterra (1983), Australia (1986), India (1987), Malta (1989), Irlanda (2004) y Nueva Zelanda (2006), mientras otros estados están considerando realizar esos cambios.
