Guillermo Moreno (D. Libre, 8-1-18)
Este año que recién inicia trae una pesada alforja de problemas. Temas todos originados en el que acaba de concluir y más atrás. Así es la vida, una continuidad, aunque a veces se producen momentos de ruptura y saltos.
Todo apunta que el 2018 no será un año cualquiera. Son muchos los temas cruciales que ocuparán la atención de la ciudadanía y algunos de ellos son de tal trascendencia que su desenlace podría tener profunda repercusión en los años subsiguientes. Enumeremos algunos.
Sin duda el caso de corrupción más trascendente y la prueba más importante a que está sometido el Poder Judicial en muchas décadas. El expediente se encuentra en la fase procesal de la investigación preparatoria. El plazo para que el Procurador General de la República (PGR) presente acusación y convoque la audiencia preliminar vence el próximo 7 de febrero, aunque puede solicitar prórroga. En el acta de acusación se va a definir, en mucho, el curso que el ministerio público le dará a este caso. Está por verse si el PGR mantiene el caso limitado a los “más de 92 millones” o si lo amplía a las sobrevaluaciones y la financiación ilícita de campañas electorales y candidatos. Si lo mantendrá limitado a los actuales imputados o lo ampliará a otros que la ciudadanía está exigiendo sean incluidos en la investigación, especialmente a Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Reynaldo Pared, Abel Martínez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, entre otros.
¿Logrará el Comité Político del partido gobernante ponerse de acuerdo sobre el tema de la primarias o simplemente la facción de Danilo Medina en este organismo aplicará su mayoría mecánica para imponer las primarias abiertas? De esta decisión dependerá la aprobación o no de la Ley de Partidos Políticos en el Congreso.
La actual ley electoral, la 275-97 data del 1997, es decir, 13 años antes de la reforma constitucional que creó una nueva arquitectura electoral. Esta ley además, contiene vacíos que posibilitaron se produjera el “tollo” electoral del 15 de mayo de 2016. La reforma profunda en el sentido de garantizar la independencia e institucionalidad del órgano electoral, la equidad, la transparencia en el origen de la financiación, mecanismos de control para erradicar el uso de los recursos del Estado a favor de candidatos y un definido régimen de consecuencias en materia electoral, es lo que podría crear un mínimo de garantía para que en el 2020 el proceso electoral pueda arrojar resultados confiables y autoridades legítimas o nos embarquemos en una profunda crisis política. Pero, igual que la Ley de Partidos, la reforma a la Ley Electoral depende de los intereses y de la voluntad de la facción de Danilo Medina dentro del Comité Político, dado que este órgano es realmente un suprapoder por encima del Congreso y de la Constitución de la República.
Son muchas las señales que indican que está en pie un plan para buscar una nueva reelección de Danilo Medina a la presidencia de la República. Estos propósitos se mantendrán presentes durante todo el 2018 y condicionarán todas las ejecutorias y las inacciones del gobierno. Sin dudas, el curso de la coyuntura variará significativamente si nos enfrentamos al PLD auspiciando nueva vez el proyecto reeleccionista de Danilo Medina o simplemente el continuismo del PLD con un candidato distinto al actual presidente de la República.
Además de Odebrecht, están pendientes de decisiones del Ministerio Público y del Poder Judicial, otros importantes casos: aviones Tucanos; equipos Scanner comprados por la JCE; asesinato del abogado Yuniol Ramírez por mafia en la OMSA mientras era director Manuel Rivas; las 29 empresas no declaradas por Diandino Peña mientras era director de la OPRET; los casos de corrupción de la OISOE; la venta ilegal del sector Los Tres Brazos; la mafia del CEA en la venta de los terrenos del CEA, entre otros.
Las cifras de asaltos y de muertes violentas que deja el 2017 son tan alarmantes como la incapacidad de las autoridades para definir y ejecutar una política efectiva de prevención y persecución frente a una criminalidad en auge.
Del último lustro el 2017 fue el año con la cifra más alta de muerte y de violencia contra las mujeres. Las estadísticas oficiales registran unas 100 muertes. La ausencia de políticas públicas que nos involucren a todos, hace pensar que esta grave tendencia, lamentablemente, continuará.
En el 2017 la prensa reseñó cifras récords de droga capturada. Se evidenció además que en el país operan carteles de droga conectados a importantes estructuras de narcotráfico en el extranjero. Este dato indica que la RD pasó o está en vía de pasar a otra categoría en el mundo del narcotráfico. Sin dudas, este auge solo es posible con la complicidad de sectores oficiales y privados, los que nunca son descubiertos o revelados. Hay países del área que debieran servirnos de espejo de hacia donde podríamos estar caminando.
