Jose Dantes Diaz (Listin, 27-12-17)
En ocasión de participar en la audiencia para la imposición de medidas de coerción al asesino de mi madre, pude darme cuenta, para mi sorpresa, que el servicio legal de defensa pública en República Dominicana es populista, mediocre y, a diferencia de lo que con vehemencia quieren resaltar sus propias autoridades, es todo lo contrario del concepto “altamente capacitado”.
Y ello así porque como abogado que soy, habiendo trabajado 4 años en la Escuela Nacional de la Judicatura (donde se formaban o aún se forman los aspirantes a Defensores Públicos) y luego 4 años más como Procurador Fiscal Adjunto, creía tener muy claro que el rol de la Defensa Pública era, en síntesis, encargarse de la defensa en materia penal de los imputados de escasos recursos y velar por el respeto de sus derechos. Si bien es cierto que parte de su misión es “garantizar el derecho de la libertad de los más pobres” y buscar soluciones alternativas “en beneficio de su defendido”, no es menos cierto que no en todos los casos esto es aplicable. Uno de esos casos era, claramente, el del asesino de mi madre.
Durante la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra del imputado, la Fiscalía del Distrito Nacional presentó la relación de los hechos y los medios de prueba que vinculan de manera clara e inequívoca a un ciudadano haitiano por la comisión de tan horrendo hecho. Un asesinato perpetrado con alevosía y asechanza en contra de una señora de la tercera edad, que lo único que hizo, y hasta sin conocimiento de algunos de nosotros sus hijos, fue brindarle albergue, vestido y comida a una persona necesitada.
En la mañana del 30 de abril de 2016, minutos después de mi madre servirle el desayuno, el imputado decidió quitarle la vida para robar en la casa lo que pudiera encontrar, tal y como lo confesó libremente y a través de un intérprete durante la audiencia, en presencia de todos, incluyendo mi anciano padre, quien lloraba sin cesar; narración que demuestra la condición vil, inhumana y abyecta del imputado.
1 año, 7 meses y 20 días estuvo dicho imputado escondido en Haití, huyendo de la persecución policial. Sin embargo, ninguna de esas condiciones y realidades que acabo de describir, y que fueron claramente determinadas por la fiscalía y confesadas abiertamente por el imputado, fueron óbice para que la Defensa Pública que representaba al asesino, de una manera populista, totalmente desacertada y mediocre, tratara de obtener su libertad a través de la imposición de medidas de coerción que no implicaran la prisión preventiva.
Al escuchar los argumentos de la Defensora Pública (tales como: “el imputado no representa peligro de fuga porque tiene un pasaporte vigente; la autopsia no indica que el imputado cometió los hechos” entre otros, igual de absurdos), quedé estupefacto, no solo por lo evidentemente improcedente de los mismos, sino por su falta de objetividad como “Defensora” y por su desprecio a la sociedad dominicana y al bien más sagrado que existe: la vida humana; al tratar de dejar en libertad a un asesino confeso, sí, confeso, a quien además todas las pruebas periciales presentadas lo vinculan directa e inequívocamente al hecho cometido, y quien de por sí, al ser un extranjero en condición de ilegalidad que estuvo prófugo por casi dos años, es el peligro de fuga hecho persona, como acertadamente lo describió la fiscalía, el cual, de haber logrado la libertad, de seguro volvería a robar, asesinar o cometer algún otro crimen y huir hacia Haití.
Debo confesar que para mí y toda mi familia que estuvo presente en la audiencia, el rol de la defensora pública no sólo fue indigno, sino asqueante, y me atrevo a decir que, ridículo para todas las demás personas presentes, que con ojos de asombro e incredulidad, escucharon la asistencia legal “altamente capacitada”, que se le estaba brindando al asesino y que buscaba su libertad; en lugar de limitarse, en este caso, a garantizar que se les respetaran sus derechos, que era lo que correspondía.
Estoy consciente que un acto particular de un miembro de un conjunto no necesariamente representa a la totalidad del conjunto, por lo que quizás algún otro defensor público no hubiese actuado de una manera tan irresponsable e indigna, sino con un sentido de objetividad y de justicia. Sin embargo, también estoy consciente que casi siempre, y no creo que esta sea la excepción, el miembro de un conjunto representa y pone en práctica la filosofía e ideología del conjunto al que pertenece.
Esa filosofía populista de “libertad de los más pobres”, (sin importar de qué se trate) de la defensa pública fue lo que se puso de manifiesto deshonrosamente ese día, sin medir el riesgo del peligro que representa ese asesino para la sociedad; ya que, en este caso, la víctima fue mi madre hace casi dos años, pero de haber prosperado los absurdos pedimentos de la Defensa Pública y de haber conseguido la libertad del confeso asesino, la próxima víctima muy bien pudo ser la madre de la misma defensora o de cualquier otra persona, por lo que al parecer la sociedad dominicana está en constante peligro de indefensa, gracias al populismo y la mediocridad de la Defensa Pública.
