Nacionales Sociedad

Trujillo: la utilización del Estado en provecho personal (I)

Escrito por Debate Plural

Alejandro Paulino Ramos (BAGN 141, 2015)

Existe una importante documentación producida por el Estado dominicano durante la dictadura de Trujillo, pruebas irrefutables de lo que significó el delito y la corrupción durante aquel terrible período. Por esa razón quiero tratar brevemente la forma en que el dictador utilizó los mecanismos del poder para su provecho personal.

Hace ya unos cinco años, en el Archivo General de la Nación recibimos una copia incompleta de un documento fundamental para conocer las propiedades, empresas y recursos económicos acumulados por Rafael L. Trujillo M. en sus treinta años de dictadura. El documento, en que se detalla el inventario de todo lo que poseía el dictador al momento de su muerte, fechado 5 de julio de 1961, tiene más de 50 páginas en tamaño papel ministro. Haciendo un cálculo de las 21 páginas en manos del AGN, el dictador tenía un haber de 113 millones de dólares. Por lo tanto, creo que la suma se podría duplicar si tomamos en cuenta las 51 páginas del documento.

De acuerdo al índice del inventario3 los bienes de Trujillo estaban repartidos en: Haciendas y propiedades rurales, inversiones en empresas, posesión de acciones diversas, deudores, el Yate Angelita, solares, propiedades rurales, bienes e inversiones de María de los Ángeles Martínez Alba de Trujillo.

Para que se tenga una idea, basta destacar que Trujillo tenía fincas en La Victoria, La Estrella, Hato Nuevo, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Cotui, Distrito Nacional, San Juan de la Maguana, San José de las Matas, Monte Cristy y Guayubin. También residencias, casas de alquiler y solares en casi todos las provincias del país, y solo el yate Angelita estaba valorado en 2,130,695 pesos.

En la Victoria Trujillo tenía 55 mil tareas; la finca de La Estrella
97,500 tareas; Hato Nuevo 12,300 tareas; en San Cristóbal 544, La
Vega 55,363, Santiago 1,107, Monseñor Nouel 1,855, Cotui 10,681;
Maimón 1,311; Chacuey y Zambrano 33,362; Ciénaga Azul 11,352; en
San Blas, pendiente de venta a la Secretaria de Agricultura, 25,000
tareas; en Los Ranchos 15,875; Rincón y Monte Bonito 24,000; y en
Sabana Larga 3,119 tareas.

Entre las empresas más importantes controladas por el dictador
se encontraban la Dominican Republic Sttlament, el Santo
Domingo Country Club, Azucarera Haina, Industria Licorera La
Altagracia, Laboratorio Químico Dominicano, Cervecería Nacional
Dominicana, Editora La Nacion, Banco de Crédito Agrícola e industrial, Explotación Minera Hatillo, Industrial dominico-Suiza y la Industria Dominica de Alcoholes.

Pero, ¿cómo Trujillo pudo acumular tanta riqueza y utilizó
el Estado para enriquecerse de manera desmedida? Leyendo los
documentos publicados por el historiador Eliades Acosta Matos
en La dictadura de Trujillo: documentos, que están preservados en
los depósitos del AGN, además de otros no publicados pero también
en posesión de esa institución, he seleccionado una muestra
que puede ayudar a entender la voracidad del dictador, y que
conste, que no estamos hablando de toda la riqueza acumulada en manos de sus hermanos, hijos y demás familiares, la que debe
ser exorbitante.

Sin realizar un gran esfuerzo, pude contar con el expediente
del consejo de guerra realizado contra Rafael L. Trujillo, segundo
Teniente de la Guardia Nacional Dominicana, el 23 de enero de 1920,
preservado por el Departamento de la Marina, Oficina del Fiscal
General de Guerra, en Washington. El expediente fue localizado por
el historiador norteamericano Richard Mollet y Melvin Soloman en
los Archivos Nacionales de Washington, traducido por Wenceslao
Vega y publicado íntegro por Bernardo Vega en 1995 con el título
Trujillo ante una corte marcial por violación y extorsión en 1920. Los cargos fueron por «violación e intento de estupro» y por «conducta escandalosa tendiente a la destrucción de las buenas costumbres». Se recordará que para ese año el país estaba ocupado militarmente por los Estados Unidos de Norteamérica.

El intento de violación de Trujillo fue contra la joven Isabel
Guzmán, de 17 años, lo que aconteció en el poblado de Los Llanos,
en julio de 1919, «causando escándalo y deshonra a la Guardia
Nacional Dominicana y al Gobierno Militar de Estados Unidos en la
República Dominicana». y porque, relacionado con el mismo caso,
obligó al llamado Pantaleón Mieses a que «ilegalmente le cobrara la
suma de ciento cincuenta dólares ($150.00), moneda de los Estados
Unidos al mencionado José Núñez, como soborno o rescate, siendo
dicha suma el precio para que dicho José Núñez y su hija fuesen sacados de su encarcelamiento y puestos en libertad (…), bien sabiendo que tal extorsión o requerimiento para rescate era fraudulenta, ilegal y corrupta y más allá de lo que su autoridad legal le imponía (…), y además que el dicho Rafael L. Trujillo, (…), voluntariamente, de manera ilegal, mal intencionada y corrupta, se apropió para su uso y beneficio, de la citada suma (…), obtenido incorrectamente, para vergüenza y deshonra del servicio de la Guardia Nacional Dominicana y del Gobierno Militar de Estados Unidos en República Dominicana». Creo que por los días en que se le instrumentó este expediente, Trujillo estaba comenzando su acumulación amparado en los mecanismos del Estado, en los que el Ejército fue una de sus principales herramientas.

En 1926, siendo Trujillo el Jefe de la Policía Nacional, en la
Cámara de Diputados se dispuso, cuando se estaba discutiendo la
Ley de caminos, que quedaba «prohibido bajo pena de destitución
a la Policía Nacional Dominicana y a los Policías Municipales tomar
participación alguna, a menos que sean requeridos por autoridad
judicial competente, en el cobro de este impuesto». Esto se debió a
que todo el que no portaba un recibo de libre tránsito, era detenido y para dejarlo en libertad se le cobraba 5 pesos, dinero que iba a parar a manos de Trujillo.

En aquella ocasión, el diputado Licairac relató un incidente:

Yo si estoy con que se apruebe esa ley porque la Policía
Nacional Dominicana está cometiendo grandes abusos en
los campos con ese motivo. El domingo pasado estaba el Sr.
Cástulo Adón, celebrando la inauguración de un Comité y a
los pocos ratos se presentó la Policía Nacional Dominicana
a pedirle a todo el mundo que presentara su recibo de la ley
de camino con amenaza de llevarse al que no la presentara,
y si no es porque el Sr. Castulo Adón paga por todos los que
tenían detenidos no los sueltan. Lo mismo supe que sucedió
en San Isidro y como quiera que sea eso es un abuso y no puede continuar así.5

Otro diputado, de apellido Ferrer, planteó que «era necesario
aprobar esa ley, porque se estaba haciendo negocios con los fondos
de caminos, y que hay caminos que deberían producir $ 5,000.00
(y) no han producido la mitad». En el mismo año, «la cámara de
Cuentas mantenía en suspenso 18 mil pesos de la Policía Nacional
Dominicana, debido a que esta no había podido rendir cuentas y
observando: «de manera que eso acusa muy mala administración».6

Pero hay más, cuando en la Cámara de Diputados se estaba discutiendo el presupuesto de la Policía Nacional para 1926, el diputado Brache critico que la PND contrajera deudas por 37 mil pesos sin contar con la autorización del Congreso y aclaraba que eso era: «darle una autorización tácita para que mañana nuevamente, comience a enredarse, segura de que nuevamente se le van a pagar sus enredos. No es una suma insignificante. No es la deuda de un mulo de $50.00 ni la de tres cornetas. Es la deuda de $37,000.00, capaz de enriquecer a cualquiera».7 Recuérdese que desde 1924 la República estaba gobernada por el general Horacio Vásquez, gobierno que fue muy criticado por los aptos de corrupción que se estaban cometiendo bajo su mandato, lo que provocó que este solicitara la intervención de una delegación de especialistas norteamericanos para realizar una especie de auditoría de los gastos del gobierno, en 1929. Esta fue conocida como la Comisión Dawes, que al tratar las finanzas del Ejército Nacional planteó entre otras cosas:

A la Comisión le llama la atención las apropiaciones que se hacen en los capítulos 231 y 245; estos comprenden gastos varios, tales como equipos y suministros, donaciones a la iglesia, uniformes a empleados, gastos de viajes, entre otros, los cuales no están debidamente detallados. La Comisión considera que estos desembolsos deben ser pormenorizados cuando se prepare el presupuesto del año próximo. Existe una suma agregada de $86,285.00 que requiere de mayor supervisión.8 La Comisión destaca el sistema que se utiliza para la compra de equipos y suministros, es decir, los controles y el inventario. Esta centra su atención particularmente en la suma global apropiada la cual está clasificada en el presupuesto nacional como “Gastos Extras” (…). Gastos tales como: compra de ropa, raciones, compra de gasolina, de aceite, reparaciones y gastos de contingencias, son arbitrariamente calculados. En los capítulos 291-298 y 320-332, la Comisión presenta varias partidas que agregan la suma de $529,875.00 que son infundadamente calculados. La Comisión opina que se podría lograr un gran ahorro siempre y cuando se haga una supervisión más científica y más estrecha.9

Lo que estaba destacando la Comisión, de manera discreta, era la corrupción que existía en el Ejercito Nacional bajo la jefatura de Trujillo.

Horacio Vásquez fue derrocado por el jefe del Ejército el 23 de febrero de 1930 y a partir de ese momento, ya Trujillo no tendría límites en la acumulación de riquezas. Los mecanismos fueron diversos y casi siempre amparados en alguna legislación. Los documentos producidos por la propia dictadura son suficientes para demostrar cómo era que Trujillo utilizaba el Estado dominicano para enriquecerse o disfrutar de los bienes del pueblo dominicano.

Trujillo respetó las áreas empresariales de la burguesía tradicional, aunque a través de una política parcialmente monopólica afectó a sectores de la misma, lo que incidió en la acumulación de capitales en beneficio propio y el de su grupo.10 Esos monopolios, que sirvieron para incrementar las riquezas de Trujillo, abarcaron diversos sectores de la economía como fueron el de la carne, la sal, la leche, las compañías de seguro y cigarrillos, impidiendo la aparición de empresas similares o haciendo que las existentes salieran del mercado en base a la extorsión y hasta la persecución política, como aconteció con Amadeo Barletta y Santiago Michelena.11

Un caso sintomático de la forma en que se producía el monopolio se puede apreciar en la fabricación de cigarrillos: se dio el caso de que William G. Walsh, empresario de la ciudad de Nueva York, visitó el país con el fin de instalar una «factorías modernas de cigarrillos capaz de elaborar un producto de superior calidad que se pueda vender en competencia con las otras marcas existentes en el país», utilizando maquinarias modernas. Este empresario norteamericano se relacionó en este negocio con el italiano Amadeo Barletta quien tendría a su cargo la administración y las ventas de los productos elaborados en la empresa.12

Trujillo quiso comprarla para tumbar con ella la Tabacalera, que hasta entonces no había querido venderle. Pero como se negara también y su especialidad consistiera en la elaboración de cigarrillos tipo americano, olorosos, para lo cual importaba tabaco, lo gravó considerablemente, cosa que no le dio resultado esperado, pues la firma era fuerte y se propuso no dejarse tumbar. Además, el público le correspondía porque sabia que era perseguida por Trujillo. (…). En efecto, complicó el presidente de esa compañía en un complot político que para esos días se fraguaba y abortara, y, reducido a prisión, fue azotado, sin consideración a su calidad de Cónsul honorario de Italia en la República.13

En los casos más descarados, Trujillo se valió de leyes que permitían la expropiación de las empresas y otros bienes de las personas acusadas de conspirar contra la estabilidad del Estado. Esa ley plantea que : «En todos los procesos que sean instruidos por causa de atentados contra la vida o la persona del Presidente de la República; de rebelión a mano armada; de crímenes o delitos contra la paz pública o contra la seguridad interior o exterior del Estado (…). Los bienes de los inculpados de los hechos sancionados (…), quedarán, desde la fecha de la comisión de los mismos, afectados por privilegio sobre cualquier otro gravamen y sin necesidad de inscripción, al pago de los costos, multas e indemnizaciones» sin importar que la propiedad esté hipotecada, arrendada o protegida por derechos anteriores.14 Apoyado en esta ley, Trujillo terminó quedándose con las propiedades de sus enemigos políticos, como sucedió con la Santo Domingo Motors, con las propiedades de Juancito Rodríguez en La Vega y Bonao y con las propiedades de la familia Mirabal en Salcedo, que por cierto entregó parte de ella al Capitán del Servicio de Inteligencia Militar, Alicinio Peña Rivera, parece que en agradecimiento por el asesinato de las hermanas Mirabal.

 

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