Medio Ambiente Nacionales

Privatización de las playas: la “maldita pared” del ministro Castillo (XVI)

Pared del Hotel Barahona
Angel Moreta
Escrito por Angel Moreta

Por: Angel Moreta (Autor-Editor)

 

En julio de 2016, dos legisladores, Félix María Nova Paulino y José Rafael Pantaleón, conjuntamente con empresarios hoteleros y turísticos, presentaron un proyecto de ley para regularizar el acceso de los ciudadanos a los recursos públicos para su uso y disfrute.

Pretenden esos legisladores ofrecer garantías colectivas para el disfrute de las playas, ríos, lagos y lagunas, estableciendo servidumbres o espacios para acceder a estos.

Se trata de algo sumamente bondadoso, ya que ellos pretenden que los ciudadanos tienen derecho a las playas mediante un caminito de acceso que en el Código Civil se le llama “servidumbre”. Dicen que los derechos de la ciudadanía en cuanto al acceso a los recursos públicos es un tema muy “sensible”, ya que los intereses de la inversión turística constituyen la “columna vertebral” de la economía dominicana.

Es decir que el proyecto de ley de los brillantes legisladores y empresarios turísticos que asistieron al Senado de la República a debatir tan brillante idea, es con la finalidad de darle una “sobra”, como dice el pueblo, a los dominicanos que quieren visitar las playas.

Es un proyecto descarado, pues las playas son de libre acceso y pertenecen al dominio público; por lo cual los dos legisladores y los empresarios turísticos, entre ellos el senador Carlos Castillo, que debe ser familia del Ministro de Obras Públicas, y quien preside la comisión que estudia el proyecto; y el señor Andrés Marranzini, pretenden darle al pueblo una migaja de los derechos que le corresponden constitucionalmente.

Sin embargo, este grupo de empresarios y legisladores no están facultados para “ofrecer garantías” a los ciudadanos para el uso de los recursos públicos, pues esas garantías están taxativamente establecidas en el artículo 15 de la Constitución de República Dominicana.

Esos legisladores y empresarios pretenden establecer un sentido humanista para el pueblo, pero detrás se esconde el propósito de apropiarse de los derechos consagrados en la Constitución, arrebatándole a la ciudadanía derechos que precisamente ya se encuentran consagrados.

Entonces ¿Qué es lo que buscan? Repetimos: apropiarse de los derechos consagrados para ponerlos al servicio del capitalismo turístico, ya de por si beneficiario desde hace más de cuarenta años de un conjunto de incentivos fiscales  que constituyen una vía de enriquecimiento desproporcionado, sin contar el enriquecimiento privilegiado que proviene de la corrupción, el tráfico de influencias y la prevaricación.

El artículo 15 de la Constitución dice: “los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada”.

De modo, que estamos frente a un proyecto de ley que con las intenciones de regular los derechos de la ciudadanía a los recursos públicos, más bien procura regular el uso de los recursos públicos a favor de la acumulación capitalista en la actividad turística, y arrebatarle a las comunidades el derecho constitucional al libre acceso.

Hay que estar muy atento a ese proyecto de ley; al igual que hay que observar la “maldita pared” medalaganaria y abusiva, impopular, dañina e inconstitucional del señor Ministro de Obras Públicas, personaje prepotente y agrio que a base de un permiso complaciente del Ministerio de Medio Ambiente y de las facilidades de un préstamo del Banco de Reservas ascendente a 37 millones, constituye un abuso de su condición de funcionario para obtener beneficios utilizando sus funciones, a sabiendas de que el artículo 146 de la Constitución establece que se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado.

Domínguez Brito ha sido complaciente con su colega Ministro de Obras Públicas al autorizarle a levantar una pared de 2.5. metros de altura en la comunidad del Municipio La Ciénaga, en una zona que es parte de la vía panorámica del sur y que se encuentra protegida por la ley 67 del año 1974 sobre el sistema de áreas protegidas de República Dominicana.

Dicha ley incluye a las carreteras panorámicas como parte de las áreas recreativas  que deberán ser mantenidas inalteradas  para beneficio, provecho y disfrute de los dominicanos y las generaciones futuras.

Pero Domínguez Brito, actuando como siempre de manera irresponsable, no fue complaciente con los campesinos ocupantes de Valle Nuevo, en Constanza, ya que ejecutó el desalojo de los mismos, pero fue indudablemente gracioso con los altos oficiales de la Armada Dominicana que han construido de manera exclusivista lujosas villas en las laderas y estribaciones de montañas de los Municipios de Constanza y Jarabacoa.

Puede hablarse de que el Ministro Castillo ha disfrutado de la complacencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Banco de Reservas, de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Ministerio que él propio administra, tanto para comprar el inmueble, para pagarlo como para construir infraestructuras con equipos y materiales del Ministerio de Obras Públicas en el Municipio de La Ciénaga, Provincia Bahoruco, violando la ley 67-1974,  la ley de Medio Ambiente, la de aéreas protegidas, y los artículos 15 y 146 de la Constitución de la República, mediante mecanismos de tráfico de influencia, abuso de poder y prevaricación, adquiriendo fácilmente un inmueble multimillonario, construyendo una “maldita pared” que viola el artículo 15 de la Constitución y que es rechazada por la comunidad de La Ciénaga, ya que no permite a los ciudadanos beneficiarse del uso de las playas y de las vistas maravillosas que ofrece la naturaleza de ese Municipio privilegiado.

Sin embargo, los cultivos de café, yautía y ñame sufren el abandono estatal y para que la comunidad tenga la atención de las autoridades han tenido que realizar 15 huelgas en reclamo de que construyan un acueducto, que llevan años esperando; las calles de la ciudad, algunas asfaltadas, se consiguió como resultados de los reclamos de los comunitarios.

A continuación transcribimos dos informaciones sobre el particular con el fin de ilustrar a los lectores de Debateplural.com.

 

Adocco cree que Gonzalo Castillo se valió de su condición de funcionario para adquirir hotel

 

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, habría incurrido en los delitos de tráfico de influencia y prevaricación al adquirir el hotel Bahoruco Beach Resort, de Barahona, al estatal Banco de Reservas, consideró hoy el coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa.

En el vespertino El Nacional del pasado martes, el funcionario informaba a través de director de Comunicaciones de Obras Públicas, Juan Pérez Recio, que compró el hotel en 54 millones de pesos, y que tomó un préstamo de 37 millones en el Banreservas, financiamiento que meses más tarde pagó con otro tomado en un banco privado.

De la Rosa cree que Castillo pudo haberse aprovechado de su condición de funcionario “para obtener beneficios” al adquirir un bien público, práctica prohibida en el artículo 146 de la Constitución, que establece que se “condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado”.

Se preguntó por qué Castillo, siendo munícipe de Barahona, adquirió el inmueble después de que alcanzó la posición de ministro. “Entonces, si antes de él ser funcionario no adquirió este inmueble, por qué adquirirlo justamente luego que es funcionario y sobre todo, que recibe de parte del Banco de Reserva, que le otorga un préstamo”, agregó.

El coordinador de Adocco dijo a periodistas de 7dias.com.do que “esa facilidad es el resultado de su condición de funcionario”, ya que no pudo separar sus actividades empresariales de sus funciones públicas.

“Nadie va a aceptar que él (Gonzalo Castillo) fue pura y simple un adquiriente, porque se interesó por ese inmueble, no, él obtuvo esa facilidad por su condición de funcionario, pero lo más grave de esto es que al poco tiempo de adquirir este inmueble sus vías de acceso fueron construidas por el Ministerio de Obras Públicas que él dirige, entonces estamos en presencia de una acción más de usar los estamentos de poder para beneficiarse”, insistió.

Asimismo, De la Rosa criticó que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, se haya mostrado complaciente con su homólogo Gonzalo Castillo al expresar que una pared que construye el hotel no se sitúa dentro de los 30 metros del mar.

El coordinador de Adocco adelantó que solicitará a Obras Públicas la relación de las calles que han sido asfaltadas por esa institución en la comunidad La Ciénega, donde está ubicado el hotel propiedad de Gonzalo Castillo, el cual está siendo remodelado tras permanecer cerrado durante 19 años.

Sectores de la provincia Barahora y otras poblaciones han criticado la colocación de una pared, ya que, según dicen, obstaculiza la vista panorámica hacia la playa de la denominada perla del sur.

Autorizan construcción pared ilegal a ministro OP

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción de una verja en Barahona, a una empresa propiedad del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, en violación a la Ley 64-00.

La información fue confirmada anoche por fuentes oficiales, que aseguran permitieron construirla a 30 metros del mar, en vez de los 60 que establece la ley, bajo la promesa de que conseguirían un decreto de autorización del Poder Ejecutivo.

La fuente reveló que el ministro Castillo compró y remodela el hotel Baoruco Beach Resort, en el distrito municipal La Ciénaga, de Barahona, que según el alcalde Kevin Féliz la verja no fue autorizada por los regidores.

Empero, el artículo 145 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que “los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado dominicano y, por tanto, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

El artículo 146 indica que el “Estado dominicano asegurará la protección de los espacios que comprenden los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas y garantizará que los recursos acuáticos, geológicos y biológicos, incluyendo flora y fauna comprendidos en ellos, no sean objeto de destrucción, degradación, menoscabo, perturbación, contaminación…”.

El artículo 148 de la Ley 64-00 dice que “el otorgamiento a particulares de permisos y concesiones para el usufructo y explotación del espacio costero-marítimo y sus recursos, se hará siempre y cuando la valuación ambiental determine la adecuación con la conservación y protección de los mismos”.

Asimismo, la Ley 305, del 30 de abril de 1968, dispone respetar la franja de los 60 metros de ancho límites para construir a orillas de la costa, playas, ríos, lagos y lagunas.

Acusan a Gonzalo

El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de La Ciénaga, responsabilizó al ministro Obras Públicas de la construcción de esa pared en bloque y concreto armado de aproximadamente dos metros de altura y más de un kilómetro y medio en la zona costera de esta provincia.

A juicio del sacerdote Manuel Hidalgo Féliz “estas acciones son realizadas para beneficiar la protección de un complejo turístico denominado “Baoruco Beach Resort”, propiedad del ministro Castillo.

El religioso calificó “la ilegal construcción como un abuso de poder del ministro e indicó que la Constitución, en su artículo 14, establece que los recursos naturales no renovables que se encuentran en el territorio y en los espacios marítimos son patrimonio de la nación”.

Hidalgo Féliz señala que la elevación de esa pared de concreto impide la vista de la belleza y el paisaje a quienes transitan la zona costera y consideró que estas ejecutorias son sinónimo de abuso de poder, dinero y mando gubernamental de parte del titular de Obras Públicas.

El cura párroco manifestó que estas autoridades, que además son empresarios privados, quitan y obstruyen la panorámica vista al mar, violando y alterando las declaraciones y disposiciones presidenciales que refieren como área protegida de reserva y biodiversidad con una longitud de unos 60 kilómetros para la conservación de las riquezas naturales.

Indicó que las comunidades de Baoruco y La Ciénaga ven su patrimonio usurpado y que de no ponerse un alto a esta situación, toda la costa y la región suroeste que resultarán afectadas.
Agregó que es “estoy a favor del progreso de los pueblos y sus gentes. Sin embargo, por el desarrollo, el progreso y avance de nuestra región”.

Ministro Castillo dice denuncia es mentira y pared tenía 30 años

El pais.Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, en el Almuerzo del Grupo de Comunicación Corripio.Hoy/Pablo Matos 11-03-2015

El ministro de Obras Públicas y Comunicación (MOPC), Gonzalo Castillo, aseguró anoche que es una mentira la denuncia que le atribuye la construcción de una verja en La Ciénaga, Barahona.

“No estoy tapando ningún mirador marino. Esa pared tenía 30 años de construida”, aseguró anoche el empresario y funcionario en unas declaraciones vía telefónica.

Manifestó que “existía una pared del hotel, la que tumbó y se reconstruyó de nuevo en toda su extensión”.

El ministro Castillo sostuvo que se trata de una propiedad privada.
El constructor y funcionario habló a través del periodista Juan Pérez Recio, director de comunicaciones de Obras Públicas.

El funcionario no negó que el hotel Baoruco Beach Resort fuera de su propiedad, tal como se le atribuye en la denuncia del representante de la iglesia y autoridades municipales.

Se dijo que el complejo hotelero fue adquirido por 30 millones de pesos y está en un proceso de remozamiento y remodelación.
El Nacional desde la tarde buscaba la reacción del funcionario en torno a la denuncia del cura párroco de La Ciénega y el alcalde municipal.

Además de funcionario público, el ministro Castillo es un próspero empresario con una diversidad de empresas.

Aeroambulancia, que se encarga de trasladar a pacientes a distintos centros de salud, es una de las tantas empresas que maneja el hombre cercano al presidente Danilo Medina.

Asimismo, cuenta con empresas en el área inmobiliaria.

Acerca del autor

Angel Moreta

Angel Moreta

Angel Moreta, jurista, sociólogo, y filósofo; Profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana, Autor-Editor de Debateplural.

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