La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este miércoles de manera unánime la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la que establece, entre otras sanciones, penas de hasta veinte años de cárcel para quienes resulten culpables de promover delitos de odio e intolerancia.
¿Por qué?
Durante el primer mandato presidencial de Hugo Chávez, las operaciones mediáticas de algunos canales de televisión, incitaron a la violencia al punto de empujar al país a una situación de pánico colectivo que terminó por estallar en abril del año 2002 durante un intento de Golpe de Estado contra el gobierno democrático.
Si bien la situación fue superada, dejó un doloroso saldo de 19 fallecidos y decenas de heridos, además de una certeza colectiva que bien supo expresar el jefe del grupo de militares disidentes que se alzaron contra Chávez: «Nuestras armas fueron los medios de comunicación», afirmó el uniformado en un video que corrió más allá de las fronteras venezolanas.
Ese instrumento no ha dejado de ser utilizado por la derecha opositora a la Revolución Bolivariana, teniendo momentos de mayor radicalización y protagonismo, como para las protestas de principios de 2014 o los recientes cuatro meses que sumieron al país de abril a julio de 2017 en un estado de terror.
Y es cuando hablamos de «crímenes de odio» no sólo nos referimos a lo práctico, el hecho en sí, sino lo teórico, aquello que lo impulsa. Tanto quienes hacen lo que dicen los medios, como los medios que dictan a quienes lo hacen.
El terrorismo se instala y luego entonces, se practica. Por tanto, un crimen de odio no es sólo realizado por quien lo ejecuta. Estos métodos de manipulación social inoculan células cuyo objetivo es «destrozar la unidad política, territorial, económica y cultural que cohesiona a un país», como señala la periodista Larissa Costas.
La docente de la Universidad de Carabobo, Eve Corvo Rivas, afirma que, si entendemos al terrorismo como violencia política organizada, habría que observarlo desde tres perspectivas:
01. Lesión o peligro de derechos individuales.
02. Situación de alarma o emergencia en la seguridad pública.
03. Desafío al orden democrático y a la propia vida del Estado.
Hoy en Venezuela
Grupos pagados para realizar actos de violencia, impulsaban a su vez a otras personas que, enajenadas con los hechos, se sumaban a estos focos y cometían sus mismos horrores; creándose situaciones de violencia descontrolada que llegó, durante abril a julio de este año, a situaciones inhumanas.
Muchos son los casos de «crímenes de odio» con resultado de muerte que se registraron en esos cuatro meses. Uno de los primeros fue el caso de Almelina Carrillo, la mujer que se dirigía a su trabajo pasando junto a una movilización chavista recibiendo el impacto de una botella con agua congelada. Murió, tras días de inertidumbre vital.
La manipulación mediática era tal, que pese a que no había discusión sobre la brutalidad del crimen, otras personas comenzaron a arrojar objetos similares, con la conciencia y el objetivo de causar un daño parecido o peor.
Luego vinieron casos como el del joven dirigente chavista asesinado de un disparo, Bryan Principal; el de Carlos Ramírez, a quien apuñalaron y prendieron fuego por creerlo asiduo al Gobierno; el del muchacho que no sobrevivió tras haber sido apuñalado y quemado vivo, Orlando Figuera; el de Henry Escalona, Wladimir Peña, y Giovanny González, todos quemados sobrevivientes; el de Danny Subero, linchado con resultado de muerte; el crimen de Héctor Anuel, cuyo cuerpo abierto y quemado continuó siendo golpeado por sus homicidas; asesinatos por sicariato del sindicalista Esmin Ramírez y la dirigente comunal Jaqueline Ortega Delgado, y tantos otros hechos en que se asesinó, se golpeó, se amedrentó, se persiguió, se insultó a quienes tenían apareciencia de ser chavistas y apoyar a Nicolas Maduro.
Eso, sin contar las barricadas (guarimbas) y trampas viales fabricadas para causar accidentes, como los alambres tendidos de manera casi imperceptible y de un extremo a otro en una avenida, con el objetivo de producir el mayor daño posible a los motorizados (supuestamente chavistas organizados en «colectivos») que por allí pasaran.
El rol de los partidos
El dirigente de derecha, Leopoldo López, actualmente se encuentra cumpliendo una pena domiciliaria por su responsabilidad en la muerte de 43 personas durante las protestas del año 2014, tras hacer varias incitaciones públicas llamando a la violencia y a salir a las calles. «Mi llamado es a los jóvenes a que se organicen (…) a que articulen mecanismos no pacíficos para poder expresar su frustración», señaló -por ejemplo- durante una rueda de prensa.
Este año, la oposición obró de la misma manera y, de abril a julio fue frecuente ver a diputados y representantes de partidos derechistas alentando a encapuchados y dándoles su apoyo, aún asumiendo y reconociendo el riesgo al que exponían a los ciudadanos y a los mismos manifestantes durante las violentas protestas.
Por tanto, la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia abraza todas las aristas posibles en las que se gesta, reproduce y ramifica la violencia y el odio.
Protegiendo, entonces, a la ciudadanía y garantizando el derecho a no ser agredido emocional y psicológicamente, situación que bien conocen los residentes en Venezuela que ha debido soportar el acoso agresivo de la inoculación del terrorismo en los últimos años, a través de desabastecimiento inducido, asedios, amenazas, manipulación de la información y medios de comunicación que atacan a su propio país, destruyendo la imagen de la nación ante el mundo, asociándola con elementos negativos; generando angustia y miedo entre sus habitantes. Lo que la periodista canadiense, Naomi Klein, llama «La doctrina del shock».
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia es una herramienta que blinda al ciudadano y al Estado y, al mismo tiempo, los hace cómplices, uno, fuertes, previniéndolos de un posible ataque de intentos injerencistas por insidir en el entramado social, económico y político del país. Es, por tanto, un respuesta pacífica y de organización ante los continuos y dañinos ataques que brinda a Venezuela de dignidad y autonomía.
