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El TC habló

Jueces Tribunal Constitucional
Escrito por Debate Plural

Vinicio A. Castillo Seman (Listin, 30-10-17)

El debate jurídico sobre la pertinencia o no de las primarias abiertas y simultáneas ha seguido candente en los últimos días, con opiniones diversas de diferentes colegas sobre el tema. En este artículo me propongo citar y analizar qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional acerca del derecho de la militancia de los partidos; la libertad de asociación para agruparse en partidos políticos y el eje para mí fundamental, de que los partidos y los miembros de éstos son, en defi nitiva, quienes proponen al electorado nacional los candidatos y no a la inversa, como se pretende a través de primarias abiertas y simultáneas.

La Sentencia TC-0531-15, de fecha 19 de noviembre de 2015, establece en sus páginas 23, 24 y 25, punto 11.5, literales c, d, e y f, lo siguiente: “c. Esta jurisdicción ha establecido que la libertad de asociación es confi – gurada genéricamente en el artículo 47 de la Constitución de la República como, “un derecho civil y político esencial […] que consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos de concreción lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación”. Siempre y cuando no se esté ante aquellos supuestos legales que hagan obligatoria la pertenencia a una asociación por razones de interés superior, como sería el caso de las corporaciones de derecho público, esto es, “aquellas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los poderes públicos, y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho[s] sector [es]” (Sentencia TC/0163/13 § 9.2.1 y 9.2.2). d. El artículo 216 de la Constitución reconoce, como especie de la libertad genérica de asociación, el derecho de asociación política.

Este último comprende la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos constituyan libremente, conforme a la ley, partidos, agrupaciones o movimientos políticos, o bien puedan optar por formar parte de los ya existentes, “con el fi n primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado” (Sentencia TC/0031/13 § 7.6). La asociación política implica, en sentido positivo, la titularidad de derechos y obligaciones para el militante, como son el derecho a participar en la vida interna del partido en condiciones de igualdad, y la obligación de coadyuvar al logro de los objetivos partidarios. En sentido negativo, comprende la posibilidad de que el militante pueda abandonar la agrupación en cualquier momento.

e. Es preciso hacer notar que el derecho de asociación política involucra un derecho más amplio, el de participación política, ya que “[l]as elecciones tienen lugar en atención a la oferta electoral que proponen los partidos políticos y es la Ley Electoral la que establece los procedimientos al efecto” (Sentencia TC/0031/13 § 7.6). Por ello, este tribunal ha establecido que los partidos políticos constituyen, “un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifi estan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad” (Sentencia TC/0006/14 § 10.2.n)”.

f. Además, de la lectura del artículo 216 de la Constitución “se aprecia que el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas” (Sentencia TC/0192/15 § 10.k), si bien de naturaleza no estatal con base asociativa, por lo que deben contar con estructuras democratizadoras que garanticen el derecho de sus militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación, a efecto de dar cumplimiento al derecho de participación política, lo que implica la legítima aspiración a ocupar un puesto de dirección o de representación dentro de las estructuras partidarias y a no ser removido arbitrariamente de esos puestos. Por tal razón, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en un presupuesto objetivo que permite a las y los ciudadanos afectados requerir la intervención contralora de la jurisdicción, a efectos de restaurar su goce o prevenir que sean conculcados.” La simple lectura de estas consideraciones del Tribunal Constitucional establecen clara y meridianamente: a) Que existe un derecho reconocido a los militantes de los partidos, que sería vulnerado y extinguido si se dispone que no serán ellos en lo adelante los que tendrían el derecho de elegir los candidatos de sus respectivas organizaciones; b) El eje central de que las asambleas electorales (léase las elecciones generales), tienen ocasión para que el electorado decida sobre las ofertas de los partidos. La selección de candidaturas a lo interno de los partidos es una selección única y exclusivamente de sus miembros para ofertarla al elector general, no al revés, como plantearía la primaria abierta con padrón de la JCE. c) Los partidos políticos no son órganos estatales.

Aunque reciben fondos del Estado, su naturaleza fundamental es su base asociativa y de libertad.

Sus miembros y directivos ejercen esa libertad solo condicionada por los principios de respeto a la democracia interna y a la transparencia que establece el Art. 216 de la Constitución.

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