España es un reino que se construye a partir del matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castillla, la salida de los moros, el descubrimiento de América y el papado de Alejandro VI, entre otros muchos acontecimientos: los reinos de entonces, hoy comunidades autonómicas conservaron muchos de sus fueros, sus costumbres y lenguas, aunque el castellano pasó a ser el español que hoy se habla en gran parte del mundo y que nos enorgullece.
Eventos del siglo XVIII y sobre todo la Guerra Civil que dejó a Franco en el poder, forman parte del camino que coloca a la monarquía y al Gobierno de España en la encrucijada -catalana- de hoy, que debe ser enfrentada con los instrumentos y las garantías de la Constitución de 1978, firmada por todos, incluidos los líderes catalanes.
La amenaza de secesión ha estado presente siempre; a veces se ha expresado a través del terror, en otras, chantajeando al Gobierno nacional, cuando ha sido políticamente débil, incluso, revelándose a disposiciones fiscales, como le sucedió a Felipe González con Canarias, en la primera oportunidad en que se consideró aplicar el artículo 155.
Sin embargo, nunca el desafío llegó tan lejos, ni siquiera con el lehendakari Ibarretxe en el País Vasco, en esta ocasión el Presidente de la Generalit ha proclamado la independencia, algo que el mundo no ha visto bien, menos la abrumadora mayoría de los españoles y buena parte, quizás mayoría, de los catalanes: sobre todo porque en el camino, que se han saltado las reglas más elementales del derecho.
El primer resultado, previo a cualquier decisión que adopte Madrid, antes del cierre del jueves, fijado como plazo, es que, el ambiente creado produjo la salida masiva de las principales empresas radicadas en Cataluña, caída en las bolsas y afectación de la ya elevada deuda del Gobierno regional, que este mes no podrá honrar sus obligaciones y, sobre todo, caída de un 30% en las reservas de hoteles, una de sus principales fuentes de ingreso y de generación de empleos: una inseguridad jurídica y crispación social que genera incertidumbre, es hoy lo que define a la región más próspera de la península.
Puigdemont, basándose en un referéndum ilegal, según la Corte Constitucional, declaró en un Parlamento que no llegó a votar, la independencia y, de inmediato, la suspendió: algo insólito.
Mariano Rajoy que ha manejado la crisis catalana -erróneamente- como un problema técnico, siendo un tema que afecta la unidad de España, ha recibido primero, la ayuda del Rey, quien se ha dirigido a la nación y, luego, de la mayor parte de la oposición, encabezadas por el PSOE y Ciudadanos. A Podemos, esta crisis le cortará la cola y las alas.
El Gabinete ha votado aplicar por primera vez el artículo 155 que autoriza al Gobierno nacional a intervenir el Gobierno autonómico, restaurar el orden constitucional y posteriormente, entendemos, llamar a elecciones, dando un plazo de horas que vencieron a las 10:00 del lunes a Puigdemont para comunicar, sin indefiniciones si declaró la independencia o no: la respuesta ha sido, reiterativa de la ambigüedad.
El Presidente autonómico está acorralado en su propia trampa, si echa hacia atrás, le cercenan la cabeza los extremistas que le apoyaron y los de su partido y, si ratifica la independencia, se la corta el Gobierno: es más honorable históricamente lo segundo que lo primero para no ser tenido por traidor. Perdió la apuesta cuando los actores internacionales se rehusaron a dividir a España.
Ahora, ya no hay marcha atrás para ninguno, Madrid está obligada a intervenir en aplicación del mandato de la Constitución y, eso, podría alimentar sentimientos indeseados de inestabilidad local, como costo inevitable.
Firmeza, prudencia y respeto al derecho ajeno, debían ser la característica de cualquier actuación: Rajoy no es Franco, ni estamos a principios del siglo XX, la Carta Política es garantía para todos, incluso para quien la viola.
Empero, restaurado el espíritu y orden constitucional, que quizás culmine como ha pedido el PSOE en una modificación a ésta, oportunamente Cataluña tiene derecho a una consulta general que permita a todos sus ciudadanos, separatistas y nacionalistas, medir los deseos de seguir bajo la misma bandera o no, desde luego, con una mayoría muy clara o cualificada.
Todos queremos a España unida, incluso la mayoría de los catalanes, que desde luego no sufren ninguna opresión y, la vía democrática, es el voto, pero en condiciones de legalidad y de igualdad entre separatistas y nacionalistas porque las minorías suelen tener más contundencia, no porque sean mejores, sino por la dureza de su núcleo, la indiferencia de los demás y su capacidad de ataque, no porque tengan la razón.
