Nacionales Politica

El juez que merece la República (II)

Edgar Hernandez
Escrito por Debate Plural
Edgar Hernández Mejía (Listin, 18-9-17)

Para hablar con propiedad sobre la calidad del servicio judicial dominicano y sobre el juez ideal, el juez que merece la República, se requiere que nos remontemos a por lo menos los últimos treinta o cuarenta años.

Tradicionalmente en el país hemos tenido jueces de mala calidad, salvo honrosas excepciones; lo cual pone de manifiesto que personas sin verdadera vocación y sin condiciones para ser miembros de la Judicatura,  han diligenciado y logrado ser nombrados en el Poder Judicial.

Es de nuestro conocimiento que durante las décadas de los años setenta, ochenta y parte de los noventa, las canteras de donde se extraían los magistrados del orden judicial eran las siguientes:

1ro.) Abogados incapaces de integrarse a una actividad en el sector privado o al ejercicio profesional independiente; probablemente por ineptitud.

2do.) Abogados políticos y abogados al servicio de sectores comerciales o

industriales, quienes buscaban y lograban las funciones judiciales con el encargo de favorecer intereses partidistas e intereses empresariales.

3ro.) Abogados corruptos; quienes procuraban incorporarse a la Judicatura

con el objetivo de derivar ventajas y beneficios personales o grupales, mediante la comisión de actos irregulares y de retorcimientos de pruebas y de reglas procesales para favorecer a la parte sobornadora.

Ante la situación precedentemente expuesta, resulta extremadamente fácil inferir la ausencia de verdadera vocación para ser miembro de la Judicatura, de aquellos individuos titulados de doctores o licenciados en Derecho que en el pasado diligenciaban y llegaban al cargo de juez desde cualquiera de los tres grupos antes mencionados. Desde luego, en el sistema tradicional al que nos referimos también tuvieron participación juristas honorables, que sería injusto incluir dentro de los malos jueces que hemos descrito.

Con la reforma constitucional del año 1994, el país logró sentar las bases para despolitizar, en gran medida, nuestro Poder Judicial, ya que desde entonces no es por decisión de un Senador (quien siempre es un político con muchos compromisos sectarios) que se designan a los jueces de los diferentes Distritos Judiciales del país. Fue a partir del año 1997 que la Suprema Corte de Justicia comenzó a nombrar a los jueces; lo cual se ha realizado tomando en consideración criterios ajenos a las actividades de orden político.

Por otra parte, hay que reconocer que en cuanto a la capacitación de los miembros del Poder Judicial, la situación se ha transformado radicalmente con la creación y puesta en funcionamiento, en el año 1998, de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución que ha implementado una programación de estudios de muy alta calidad y adecuados controles. Sin embargo, aún persiste la falta o ausencia de vocación en algunos jueces del orden judicial. La historia reciente demuestra que no todo aquel abogado que ha sido aceptado y formado en la Escuela Nacional de la Judicatura, tiene verdadera vocación y reales condiciones para ser juez de la República.

Muchos doctores y licenciados en Derecho interpretan el ingreso a “la escuela de jueces” simplemente como un modo de conseguir un empleo, o como una escalera para lograr movilidad social. Lo cual es muy deplorable, ya que personas talentosas y estudiosas podrían ser aceptadas y formadas en la Escuela Nacional de la Judicatura, y hasta llegar a finalizar satisfactoriamente sus estudios, aún sin tener verdadera vocación para ser juez.

El juez ideal, el que merece la República, no sólo debe estar bien formado académicamente, sino que además necesita contar:  a) con un maduro estilo de vida, b) con una actitud de entrega a la sociedad, c) con un elevado criterio sobre el rol del juzgador-evaluador de los comportamientos y actos de sus conciudadanos y d) con una pura y limpia concepción de la justicia, en la cual debe basar el tratamiento de los sagrados intereses relacionados con la libertad de las personas, así como con el honor y con las propiedades de éstas.

Nos atrevemos a afirmar que en la actualidad los jueces de la República, en su mayoría, realizan una satisfactoria y adecuada, o por lo menos una aceptable función jurisdiccional. Asimismo, podemos sostener que alto número de ellos cuenta con una genuina y bien definida vocación de juez del orden judicial. Sin embargo, lo ideal y lo que merece esta buena, sufrida y modesta nación es que, sin excepción, la totalidad de sus jueces cuente con los valores, las condiciones humanas y la real vocación para juzgar con esmero las conductas de los ciudadanos y los diferendos o litigios entre ellos, así como los actos administrativos y tributarios de los órganos del Estado.

La esperanza viva de las grandes mayorías de la nación es que se logre, a corto plazo, nombrar en todo el territorio nacional jueces con verdadera vocación y condiciones para desempeñar esa función de servicio social; lo cual constituye la más alta aspiración de la República.

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