El día 3 de agosto del presente 2017, cumplí veinte años en el desempeño de las funciones de juez de la Suprema Corte de Justicia. Con tal motivo, algunos de los abogados pertenecientes a mi promoción universitaria organizaron un encuentro, en el cual me entregaron una placa donde se consigna que me he convertido en el decano de los jueces de la referida alta corte; es decir, he pasado a ser el juez de mayor antigüedad en el cargo. Y ciertamente, después de haber desempeñado diversos puestos en Juzgado de Paz, Procuraduría Fiscal, Juzgado de Instrucción, Dirección de Prisiones y Corte de Apelación, y después de ejercer de manera independiente la profesión de abogado, en dos etapas, por espacio de diez años, fui nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura como juez de la Suprema Corte de Justicia en el año 1997, cargo en el cual fui confirmado por el mencionado Consejo en el año 2011, junto a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella y Dulce María Rodríguez Blanco de Goris. Sucediendo que estos dos jueces fueron pensionados el pasado mes de julio del 2017; por consiguiente, tal como lo expresa la placa que me entregaron mis antiguos condiscípulos de la Facultad de Derecho, me he convertido en el juez de la Suprema Corte de Justicia de más antigüedad en el cargo; condición que ostentaré sólo hasta que tome posesión el magistrado que me sustituya, a partir del 22 de diciembre del 2018, fecha en la que vencerá el período para el cual fui ratificado en el año 2011.
Desde ahora declaro que he decidido NO ASPIRAR a permanecer en mis actuales funciones, a pesar de que al agotarse mi período en la Suprema Corte de Justicia, todavía no contaré con la edad límite para poder ser nombrado nuevamente en el más alto tribunal del Poder Judicial.
En cambio, SI ASPIRO a que al fin se logre que la totalidad de los jueces de la República Dominicana sean de valía, y por tanto, su trabajo resulte siempre confiable y con altos niveles de credibilidad y respeto colectivo. Para la consecución de esta meta me propongo, con humildad, exponer públicamente opiniones y sugerencias en base a mi dilatada carrera en diversas funciones públicas del sector Justicia y en el ejercicio de la abogacía en los tribunales de la República.
El fundamento de mis planteamientos sobre “El Juez que Merece la República”, tiene su base de sustentación en lo siguiente:
1ro.) Todo cuanto he visto y oído desde hace muchos años, más todo lo que ha llegado a mi conocimiento en tiempos recientes, en relación a los jueces y a los empleados del Poder Judicial, a su manera de actuar y a sus razones para ser como son.
2do.) La totalidad de la información de que dispongo sobre los abogados liti-gantes, sus intereses y actitudes, así como sus diversos tipos de comportamientos en el ejercicio de la profesión.
3ro.) El conjunto de reconocimientos, de críticas, así como de quejas y reclamos que he conocido del público usuario del servicio judicial, en los últimos 46 años (1971-2017).
4to.) Las diversas experiencias de procesos de reformas y transformaciones
judiciales que han vivido países amigos de la República Dominicana, de los que he sido observador o testigo en los últimos veinte años desde mis funciones de juez de la Suprema Corte de Justicia.
En otras palabras, voy a expresarme públicamente en relación al juez que merece tener la República, pero no lo haré de manera improvisada, irreflexiva o caprichosa, sino de un modo conceptuoso y bien pensado, en base a las numerosas vivencias, conocimientos e inquietudes que he acumulado en cuarenta y seis años; diez de ellos en el ejercicio de la abogacía y treinta y seis en diversas funciones dentro de la Judicatura y del Ministerio Público.
