Nacionales Politica

¿Danilo en taparrabos?

Escrito por Debate Plural

Jose Luis Taveras (D. Libre, 14-9-17)

La alianza Chávez-Lula incluyó convertir eufemísticamente a Brasil en los Estados Unidos de Sudamérica y casi lo logra. La internacionalización de la economía brasileña en el subcontinente fue la principal herramienta ideológica de ese emprendimiento geopolítico. Los gobiernos de la izquierda brasileña expandieron agresivamente los negocios de la mano de las grandes corporaciones nacionales y de la banca de cooperación internacional, a la usanza de los países del primer mundo pero sin sus sólidos contrapesos institucionales. Eso convirtió al Estado Federativo de Brasil en una mafia internacional con una estructura operativa jamás conocida.

Muy a pesar de caber 176 veces en el territorio brasileño, la República Dominicana, inmensamente grande en las prácticas corruptas, no quiso perder su liderazgo en ese ranking, al ser el segundo país, aparte de Brasil, en encabezar los montos de los sobornos pagados por Odebrecht para ganar licitaciones tóxicas. En ese renglón los gobiernos que hemos tenido no nos han defraudado.

La colonización comercial de Brasil deviene así en un proyecto malogrado y las razones hablan: era insosteniblemente ambicioso, dependía de las exportaciones a China y de las cotizaciones de los commodities, sus bases eran políticamente arenosas y los intereses comprometidos afectaban de forma “impune” los nichos norteamericanos en la región. A pesar del derrumbe del plan, los capitales corsarios brasileños “descubrieron” una isla sumisa, xenófila y ancestralmente débil frente al “conquistador” como en los mejores tiempos de la rendición taína. De esta manera, el pasado de la colonización europea se reedita a pequeña escala en el mismo escenario donde comenzó y con tanta fidelidad al relato histórico que, así como España hizo de la isla un enclave para la colonización del Nuevo Mundo, Odebrecht trasladó las estructuras operativas de su mafia al país; de esa manera sigue sin ruptura la línea de una larga y aburrida historia de afrenta cuya única excepción luminosa la encarna Danilo Medina, según la delirante visión de los opinantes en nómina pública.

Lo primero es que Danilo Medina, pretendiendo vender la ilusión de que no se embarró con Odebrecht, se convierte en su forzoso tutor aunque en su febril fantasía descalabre al país. Así, a pesar de la confesión de la empresa de haber pagado sobornos hasta el año 2014 y de ser Medina el ejecutor de la obra más costosa de la historia (y una de las más grandes del portafolio de Odebrecht en el mundo) decide defender con garras a Punta Catalina, un proyecto brumoso, festinado y sobrevaluado. De manera que, como poseído por el zemí de Guacanagarix, el paranoico presidente se convierte en buhuitihu (sacerdote taíno) de la corporación extranjera al descargarla de cualquier pecado en la sobrevaluación de la conflictiva obra.

Instalar en una sola neurona la idea de que Odebrecht hizo sus trastadas solo en los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel Fernández es un delirio mágico religioso de una mentalidad enajenada; sería como negar que el cerebro estratégico de la mafia era el asesor de las campañas del presidente. Ahora Medina, representante del interés nacional, se pone del lado de la empresa y no solo la exculpa sino que le dispensa de toda defensa. Es el Gobierno, y no Odebrecht, quien nombra comisiones para bendecir el fraude, quien paga costosísimas campañas de medios para purgar su culpa y quien contrata a consultores para desconocer su sobreprecio. Parodiando un poco, sería como pagar los abogados de los ladrones que me robaron.

Ante un trato tan magnánimo de la colonia, la reciente respuesta del conquistador Odebrecht fue remitirle al Estado una “facturita” por sobrecostos (o más técnicamente hablando: un reclamo de ajuste por variación de costo) por unos 708 millones de dólares. Resulta que, a pesar de que la obra fue convenida a un precio fijo y cerrado por la suma única y total de US$ 2,040,747,405.23, el Estado consintió contractualmente en pagar ajustes por variación de costos (artículo 9.1 y siguientes del Contrato EPC). El concepto y desglose de este reclamo es para espanto, por eso se ha manejado con tanta reserva, y es obvio que sea así, si se considera que de ese importe 165 millones de dólares corresponden al pago de unos presuntos sobrecostos por el manejo de las condiciones geológicas del suelo. En circunstancias estándares este reclamo no sería tan indecoroso si en su análisis no se atravesara este pequeño detalle: que esas mejoras se hicieron en ¡terrenos ajenos!, y en tal condición tienen, al igual que el puerto y su futura concesión, la vocación de ser propiedad de su dueño. Este tema pone en perspectiva otros orillos no discutidos por el secretismo y la autocensura que imponen los altos intereses en juego y por eso prefiero dejarlos donde los encontré: en el suspenso, pero el morbo no me obliga a soltar algunas preguntas: ¿por qué esos terrenos y no otros? ¿Se evaluaron los costos y riesgos de esos trabajos en otros terrenos? Por otra parte, el desglose de esa partida revela unos gastos evidentemente inflados y ni hablar de los que componen el monto restante de los 708 millones de dólares. La cobranza de Odebrecht le dará al presidente la oportunidad política para tirar un teatral coñazo con igual tono que el que le dio a la Barrick en la Asamblea Nacional, pero creo que esta vez en vez de aplausos recibirá (…) sin contar con el riesgo de una demanda en ejecución por parte de Odebrecht.

El tema Punta Catalina ha sido tan urticante para el Gobierno que cualquier asomo de contestación técnica, financiera o jurídica del proyecto es descabezado de un golpe. El riguroso Informe Santaella que contiene elementos plausibles de ponderación y que fue elaborado con la intención de proveerle al propio Estado alternativas de manejo frente a Odebrecht, el Gobierno lo recibió como una ofensa. La reacción de sus asesores fue abrir un duelo cargado de ironías bizantinas para diluir su impacto. Si la central termoeléctrica de Punta Catalina está subvaluada, como concluye dogmáticamente el consultor Andy Dauhajre, y el negocio de la generación es tan rentable, debemos felizmente convenir en que al Estado le espera una tarea titánica para elegir entre miles de participantes en caso de que decida llamar a licitación, y ni hablar de las abrumadoras ofertas de la banca internacional. ¿Qué extraño que desde que el presidente Medina invitó al sector privado a adquirir una participación en un proyecto tan barato nadie se haya animado?

Le aconsejo a Odebrecht dejar su ingratitud y no cobrar esos presuntos sobrecostos a un Gobierno que ha gastado lo que no tiene en su defensa. La constructora está liberada del proceso penal bajo un acuerdo que no le exige garantías económicas; continúa operando, cobrando y cubicando; sus directores, liberados de toda persecución, y el Procurador, conforme y descargado con los papelitos de Brasil. Esas razones nos recuerdan por qué Odebrecht operó su red de sobornos desde este paraíso caribeño. No digo yo…

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