Desde tiempos inmemoriales, la posesión del territorio ha sido y será uno de los instintos más claramente definidos, no solo en la conducta animal sino del propio ser humano. Desde la prehistoria, el hombre sistemáticamente ha definido y defendido el entorno natural donde vive, estableciendo reglas claras, que dictan quién o quiénes pueden adentrarse en su territorio y bajo cuales circunstancias.
El territorio constituye para los humanos un espacio vital, un lugar imprescindible para su desarrollo social, político y económico, que a su vez es un elemento fundamental constitutivo de la nación porque sobre él se desarrollan los atributos del Estado, dentro del cual los pueblos desenvuelven su vida.
Al revisar la composición del sistema geográfico mundial, encontraremos que en el ámbito constitutivo insular existen 48 Estados Isleños o Archipielágicos, de los cuales tan solo 8 de ellos tienen la particularidad de compartir su espacio territorial con dos o más Estados. Un Estado insular está limitado únicamente a una isla o grupos de islas, y no tiene ningún territorio sobre la masa continental.
Basándonos en esta realidad, tenemos: Irlanda (República de Irlanda del Norte e Inglaterra); Chipre (Grecia y Turquía); Borneo (Indonesia, Malasia y el Sultanato de Brunei); Nueva Guinea (Indonesia y Papúa Nueva Guinea); Timor (Indonesia y Timor Oriental; Isla Grande (Chile y Argentina); San Martín (Francia y Holanda) y la isla La Española o de Santo Domingo (República Dominicana y Haití).
El nuestro es un caso muy particular, pues a diferencia de los otros siete Estados Archipielágicos, poseemos una circunstancia única y excepcional, en razón a la convivencia de dos naciones que con grandes divergencias étnicas y culturales comparten un mismo territorio insular, situación que no sucede en esos Estados insulares citados, en donde sus habitantes sí poseen características raciales y culturales muy parecidas o afines.
Sin embargo, los dominicanos nunca hemos invadido ni agredido a Haití. En cambio, ellos sí nos invadieron y ocuparon por 22 largos y crueles años, pretendiendo borrar la esencia de una nación incipiente, que poseía características étnicas y culturales muy disimiles a las del invasor. En tal sentido, el insigne Eugenio María de Hostos se refirió magistralmente al hecho de nuestra separación definitiva de Haití:
“La lucha que sostuvo el pueblo dominicano contra Haití no fue una guerra vulgar. El pueblo dominicano defendía más que su independencia su idioma, la honra de su familia, la libertad de su comercio, mejor suerte para su trabajo, la escuela para sus hijos, el respeto a la religión de sus antepasados, la seguridad individualÖ Era la lucha solemne de costumbres y de principios que eran diametralmente opuestos a la barbarie contra la civilización”.
Con esta reflexión como base, quiero referirme a la triste realidad que vive hoy la República Dominicana con relación a Haití, dirigida de manera especial a aquellos que aún no quieren aceptar la verdad sobre la situación imperante y peligrosa que representa la problemática inmigratoria haitiana hacia nuestro país.
Recordemos que, de manera subrepticia en las últimas décadas el país ha sido bombardeado con todo tipo de injurias y acusaciones malsanas-perversas por parte de la comunidad internacional, ONG, malos dominicanos y del propio Estado haitiano, con una estratagema de venderse ellos como la nación “pobre, sufrida y abusada”, y presentarnos a nosotros como sus implacables “explotadores, verdugos y esclavistas”.
Obviamente, esta situación no se corresponde mínimamente con la verdad, aun a pesar de que nuestros detractores no lo quieran ver ni admitir. No obstante a todo esto, el gobierno dominicano ha realizado esfuerzos descomunales para “regularizar” el estatus migratorio de todos los ciudadanos que viviesen en nuestro territorio de manera ilegal.
Datos obtenidos en el portal de la Presidencia de la República, señalan que 2 de cada 10 extranjeros residentes en nuestro país tenían estatus regular, y el resto (8 de cada 10) son haitianos, quienes no poseían documentación que justificara su estadía o presencia en el país.
Por lo tanto, maquinaciones perversas pretenden introducir la problemática inmigratoria haitiana en un solo saco, como si todo fuese lo mismo, y no es así, ya que una cosa es la situación de “irregularidad migratoria” y otra es la “nacionalidad dominicana”. La histórica sentencia del Tribunal Constitucional No.168-13 o caso Juliana Deguis, sin temor a equivocarme es el punto de partida del redireccionamiento jurídico de nuestro sistema migratorio, sobre todo, porque esclareció los criterios para conceder la nacionalidad mediante el Jus Solis (nacimiento), eliminando las diferencias interpretativas sobre a quién le corresponde la nacionalidad dominicana, y dispuso que la anulación de “actas de nacimiento” es una facultad de los tribunales y no una disposición administrativa de la Junta Central Electoral.
Sentencia, que junto a la Ley No.169-14 dieron como resultado el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), que también abrió el espacio para validar los actos del estado civil a los hijos de inmigrantes ilegales inscritos de manera irregular en el Registro Civil, y facilitó a los no inscritos que puedan hacerlo en el libro de extranjería, para que luego de dos años pudieran optar por la nacionalidad dominicana.
El PNRE ha sido considerado como un modelo por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y la Confederación Regional de Migraciones (CRM), calificando al mismo de “humano, solidario, gratuito y con apego estricto a los derechos humanos”.
Para tener una idea más clara de las dimensiones y alcances de nuestro plan regulatorio, me permito a modo de ejemplo visualizar procesos similares ejecutados por algunos países del área:
Panamá. Plan llamado “Panamá Crisol de Razas”, cuya regularización del estatus migratorio tiene un costo que oscila entre los US$767 y $2,602, más el permiso laboral de US$500. Se han entregado unos 64,108 carnets.
Costa Rica. Se registraron unos 70,000 trabajadores (mayoría nicaragüenses), y el costo del proceso son US$50 (Apertura Expediente), US$86 (Depósito Garantía), US$25 (Fondo Social) y US$200 por permiso de trabajo o cambio de categoría migratoria.
Argentina. En el 2006 se inició el plan llamado “Patria Grande” (4 años), dirigido a extranjeros irregulares procedentes de los países de UNASUR y amigos. Se recibieron 423,697 solicitudes, de las cuales se otorgó 98,539 estatus permanentes, 126,385 estatus temporal y 187,759 no completaron los expedientes. En principio era gratis, pero luego se cobró 300 pesos argentinos para los ciudadanos de UNASUR y 600 pesos argentinos para los de otros países.
Al compararlo con nuestro proceso regulatorio, notaremos inmediatamente, que los resultados del PNRE fueron más abarcadores, sin limitaciones y gratis. Donde en menos tiempo se favoreció a unas 249,950 personas de diferentes nacionalidades que se inscribieron, y el mismo benefició directamente a unos 244,336 ciudadanos haitianos, lo que representa el 98 por cientos del total de los inscriptos, algo que ninguna otra nación ha hecho.
El pasado 17 de julio venció la prórroga otorgada para complementar la documentación exigida en el PNRE, y como antesala al mismo, somos testigos de un bombardeo sistemático por las redes sociales y diferentes medios de comunicación social del país -escrita, radial y televisiva- poniendo en relieve la desbordante presencia de nacionales haitianos en el país, más que una alerta, es un claro clamor de nuestra sociedad.
Desde hace tiempo hemos visto crecer vertiginosamente la población haitiana de manera silente e ilegal, sin ser molestados o repatriados. Población que hoy muestra una conducta desafiante, arrogante e imprudente, al extremo que han emigrado con la firme creencia de que estas tierras son suyas.
Aunque ciertas voces han querido hacer ver esta situación imperante como un simple asunto de distracción politiquera ante los casos que están en la justicia dominicana, el caso de la inmigración haitiana no es un asunto de percepción, es una realidad peligrosa acompañada de una altisonante presión exógena e interna que no conocemos los dominicanos comunes, pero que quizás, sí nuestros últimos gobernantes saben al dedillo.
No quiero dejar a la eventualidad, y quisiera compartir el puntual editorial del periódico Listín Diario del 10 julio, titulado el “El Trasplante Haitiano”, donde nos señala claramente qué está ocurriendo ante el éxodo masivo de los vecinos del Oeste hacia el Este:
“Poco a poco Haití nos ha ido trasplantando sus propias crisis y ahora la República Dominicana se encuentra en la encrucijada de asumirlas, forzada por las circunstancias. El imparable éxodo masivo de haitianos hacia nuestro país, fuera de todo control en estos momentos en la zona fronteriza, viene acompañado de costumbres que riñen con las nuestras, imposibles de asimilar”.
Al parecer, la tolerancia del pueblo dominicano llegó al límite, en una especie de efervescencia y repulsión colectiva, requiriendo una acción del gobierno, quien posee los mecanismos constitucionales y leyes adjetivas para enfrentar de manera decisiva y establecer los controles necesarios para regular y controlar la presencia ilegal de haitianos y de otras nacionalidades en el país, que desangra nuestro frágil sistema de salud y otras asistencias del Estado.
Ante la desbordante situación, nuestras autoridades dispusieron la ejecución de un “plan de deportación” de todo ciudadano residiendo ilegalmente en el país sin importar su nacionalidad, aunque lamentablemente es más notoria la presencia haitiana. Solo esperamos que la acción no se limite a un par de semanas o para bajar la supuesta percepción social, sino que sea constante y en el tiempo resista la presión, porque es la única manera de tener el control de esta situación.
Como otras veces, y ante el ejercicio soberano de repatriación de ciudadanos haitianos ilegales -ajustada a las normas internacionales y respetando sus derechos humanos- su embajador Idalbert Pierre-Jean, hizo suyas unas de las palabras predilectas del cuerpo diplomático haitiano: “odio, maltratos, xenofobia, racismo, alas de una misma ave, deportaciones masivas” entre otras. En este caso, usó el termino “campaña de odio” a fin de desnaturalizar las deportaciones ejecutadas por el gobierno dominicano.
Si bien todos los Estados tienen derecho a admitir y regular sus inmigraciones, al parecer los dominicanos somos la excepción, debido a las presiones internas-externas o la pasividad de las autoridades gubernamentales ante las constantes amenazas con llevarnos a tribunales internacionales. Simplemente olvidémonos del chantaje e intereses espurios, y hagamos lo que dicta el interés nacional, que es preservar y no perder la Patria, la nacionalidad, las costumbres y nuestro único espacio vital, donde vivimos los dominicanos.
