El FMI ha tenido responsabilidad
Tratando de responder la afirmación del presidente Medina de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene responsabilidad en la crisis del sector eléctrico dominicano, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Miguel Savastano, declaró en Japón que el resultado de las políticas implementadas por el Gobierno durante los años 2011 y 2012 para resolver la crisis del sector eléctrico “son de la absoluta responsabilidad de las autoridades dominicanas”. Las declaraciones de Savastano son sencillamente falsas.
La postura del presidente Medina está plenamente respaldada por los hechos. Veamos: Así como un médico no puede escapar de la responsabilidad de la muerte de un paciente al que le ha dado a tomar la medicina equivocada, el Fondo no puede pretender escapar de la responsabilidad de las consecuencias de políticas equivocadas que ha recomendado de manera continua por años y que no ha variado a pesar de su evidente ineficacia, como ha sucedido con el sector eléctrico dominicano.
La postura de Savastano es una reedición a pequeña escala de lo que el Fondo hizo en la Argentina. Dicho país se hundió económicamente por políticas defendidas y reclamadas a ultranza por el Fondo, pero luego de la debacle dicha institución pretendió lavarse las manos y depositar toda la responsabilidad en las autoridades del país sudamericano.
La raíz de la afirmación del presidente Medina sobre la responsabilidad del FMI en el estado del sector eléctrico debe buscarse en el Programa Stand-By que se inició el 2005 y finalizó el 2008. En medio de la implementación de dicho acuerdo, y sin ser expertos en este tema, el FMI decidió inmiscuirse totalmente en la problemática del sector eléctrico.
La misión que inició este proceso fue la dirigida por Guy Meredith y luego fue continuada por la misión siguiente. En cada revisión del programa la misión del Fondo realizaba reuniones kilométricas con los ejecutivos de la CDEEE en su sede central, en las cuales se les proveía toda y cada una de las informaciones que demandaban. El flujo de información continuaba religiosamente después que la misión se había retirado a Washington, llegando a realizarse teleconferencias.
Al staff del Fondo se le explicó de manera detallada todas y cada unas de las dificultades que enfrentaba la CDEEE para hacer financieramente eficiente el servicio eléctrico. Sin embargo, el Fondo escogió como únicas causas de la crisis eléctrica el robo de energía, la tarifa, los cobros y las pérdidas técnicas, decidiendo ignorar todo lo que tenía que ver con el modo de hacer negocios que el sector privado había impuesto en el sector eléctrico, a pesar de tener conocimiento detallado de ello.
Por ejemplo, en la página 19 del Reporte del Staff (documento oficial del Fondo) de fecha 25 de abril del 2006 correspondiente a la revisiones 3.a y 4.a del Acuerdo Stand-By iniciado el 2005, el Fondo admite que “..los ahorros potenciales de una renegociación de los contratos pueden ser considerables…”.
Luego, a pie de página, el documento dice porqué los ahorros pueden ser considerables: “En el 2005, el precio promedio de electricidad pagado por las distribuidoras fue de 11 centavos (de dólar) por kilovatio hora (KWh), mientras que el precio promedio en el mercado spot fue tan solo de 8 centavos por KWh.” Es decir, aunque el Fondo ha sabido siempre el tremendo daño que representa para las finanzas del Estado “el modelo de negocio eléctrico” que criticó el presidente Medina, la institución ha preferido solo insistir en eliminar robo, aumentar tarifas y reducir pérdidas técnicas, con lo cual ha sancionado y validado todas las costosas deformaciones que los intereses que refiere el presidente Medina han introducido en el negocio eléctrico. Esta postura del Fondo no varió de modo importante en 2010 y 2011 durante la implementación del nuevo acuerdo firmado en octubre de 2009.
Es por ello que en lugar de buscar que los generadores se avengan a una renegociación de los contratos y se redefinan las reglas del mercado de energía, el Fondo demanda y hace que se apruebe la ley que criminaliza el robo de energía (acción que ha resultado inútil) y pretende que se implementen continuas alzas de la tarifa, a pesar de indicársele que aumentar la tarifa sin una significativa mejora del servicio solo hace incentivar el robo.
El Fondo ha dado legitimidad a un diagnóstico incompleto y parcializado de la crisis eléctrica dominicana, y a soluciones que solo han hecho perder tiempo y miles de millones de pesos, generándole de paso al Estado una de las causas principales del déficit fiscal, déficit que el mismo Fondo recomienda que sea solucionado de manera urgente ahora.
Esta visión errada del Fondo sobre el sector eléctrico se convirtió en un dogma que han utilizado los intereses del sector eléctrico, señalados por el presidente Medina y funcionarios del Estado para matar cualquier intento de hacer algo distinto a lo que se ha venido haciendo infructuosamente una y otra vez.
Luego de conocer las cosas que apuntamos arriba, es tan patente la responsabilidad del Fondo en la situación que hoy vive el sector eléctrico dominicano que, por respeto al sentido común de Savastano, uno debe creer que él confundió la República Dominicana con otro país cuando fue entrevistado por la periodista en Japón
