Hamlet Hermann (Hoy, 18-9-11)
En 1994, Joaquín Balaguer quedó evidenciado como promotor del más grotesco fraude electoral que hubiera conocido República Dominicana en toda su historia. Tan grave, que el período presidencial fue disminuido hasta sólo dos años. Bajo esas condiciones precarias, Balaguer aceptó, en 1995, un financiamiento del Banco Mundial para estudiar y analizar las necesidades del transporte y resolver los conflictos del tránsito en la capital dominicana.
El trabajo de investigación lo realizarían las empresas DELCAN, canadiense, y SERCITEC, dominicana. De allí saldría la propuesta creadora de un organismo que sirviera de aglutinante para unificar las instituciones que incidían sobre el transporte.
Finalmente, en 1997, el gobierno encabezado entonces por Leonel Fernández, decidió poner en práctica el estudio de SERCITEC-DELCAN. Mediante decreto presidencial del 20 de septiembre de 1997 surge la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET). Para que un proyecto de esa naturaleza tuviera éxito, cualquier cosa podía faltar menos la voluntad del Presidente. Los obstáculos que, de seguro, surgirían al tratar de disciplinar un sector tan corrompido como el del transporte eran colosales. Sería esa la primera y única vez que se iniciaría un intento de organizar el transporte sobre la base de estudios y mediciones científicas. La corrupción y el desorden tuvieron que tomar una pausa forzada ante la creación de AMET.
Lo más importante de aquel plan fue que estaría encaminado a resolver los problemas de desplazamiento, rápido y seguro, de los ciudadanos que no poseían un vehículo de motor. Por tal razón, estaría orientado hacia el uso de autobuses de alta capacidad que se trasladarían, privilegiadamente, por carriles exclusivos. AMET diseñaría las rutas a recorrer por los vehículos a cargo de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA). Para facilitar la fiscalización de este nuevo sistema, se creó la Policía Metropolitana de Tránsito (PMT), un cuerpo que realizaría sus funciones con honestidad y espíritu de servicio. Por fin, la disciplina y el orden pudieron llegar, sin atropellos, hasta el transporte público.
El primer logro que tuvo AMET fue ganarse la confianza del pueblo capitaleño. Con honestidad y comportamiento respetuoso, aunque inflexible en el cumplimiento de las normas, el pueblo se sintió protegido y apoyó que la disciplina se impusiera. Lo mismo sucedería luego en Santiago. Las multas por infracciones en el tránsito serían el último recurso. Predicaban con el ejemplo y el respeto a todos, manteniendo la lucha contra los privilegios. Desde el primer día, AMET demostró que no habría excepciones ni ventajas para los funcionarios gubernamentales, civiles o militares. Varias fueron las oportunidades en que vehículos oficiales del Poder Ejecutivo fueron incautados momentáneamente por estacionarse en lugares indebidos. Esas actitudes de AMET fueron bien recibidas por el público aunque no por los funcionarios que se consideraban por encima de las leyes. Por esta exigencia en el cumplimiento de las normas de tránsito, fue que los primeros y principales opositores que tuvo el proyecto de modernización del transporte surgieron desde lo interno del propio gobierno, fundamentalmente desde la jefatura de la Policía Nacional de entonces.
Otro aspecto que lesionó el proyecto de modernizar el transporte fue el cambio de orientación que estableció el presidente Fernández luego del nombramiento de Diandino Peña en la Secretaría de Obras Públicas en 1998. Se iniciarían entonces enormes inversiones en obras viales que tendían a beneficiar al automóvil privado y a los contratistas vinculados al gobierno. Mientras, se les negaba a AMET y a OMSA los fondos que, con menor inversión, obtenían mejores resultados para la mayoría de la población.
Catorce años después de creada AMET, se ha completado un círculo vicioso convirtiéndola en aquello que se eliminó entonces, repleto de corrupción y generador del caos en las calles. Hoy, el tránsito por la capital dominicana no puede estar más desordenado. Se ha convertido en una lucha de todos contra todos sin que alguna autoridad tenga calidad ni respeto para poner freno al desorden. Asimismo, los gobernantes no han querido castigar la corrupción evidente en las faraónicas obras viales, mamotretos esos que contradicen todo lo que la ciencia del transporte considera como favorable para beneficio de un sistema.
Para vencer el caos, primero hay que erradicar la corrupción y los privilegios de los funcionarios.
